Más de mil descendientes de
revolucionarios mexicanos lograron a través de un juicio de amparo que el
Gobierno del estado de Morelos esté obligado a pagarles la pensión vitalicia
que deberían haber percibido desde 2012 y que hoy han vuelto a reclamar en las
calles.
Cerca de un
centenar de afectados provenientes del oriente y el sur del estado se
manifestaron en Cuernavaca, capital de Morelos, reclamando que el Gobernador, Graco Ramírez, cumpla con la resolución
del amparo y desbloquee el pago de las pensiones.
En diciembre de 2011, a fines del
mandato de Marco Antonio Adame, del conservador Partido Acción Nacional (PAN),
el Congreso estatal aprobó la ley para recompensar a los veteranos de la
Revolución mexicana (1910-1920) como reconocimiento a los descendientes de quienes
lucharon junto al caudillo revolucionario Emiliano Zapata.
El cambio de
administración, que en 2012 pasó a manos del izquierdista Partido de la
Revolución Democrática (PRD), impidió el
pago de dichas pensiones, cuantificadas en 2 mil 200 pesos (118.3 dólares)
mensuales, que deberían haber sido entregadas desde enero de ese año.
Desde entonces y hasta el día de hoy,
los descendientes de la Revolución en Morelos no han recibido pago alguno, dijo a Efe Arturo Castañeda,
representante del Frente Zapatista de la República.
El pago de las pensiones se otorga a
los hijos y nietos de los revolucionarios que acrediten su filiación sanguínea,
lo cual se revisa a través de la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes
Revolucionarios.
Este organismo está formado por un
magistrado del Tribunal Superior de Justicia, un representante del Ejecutivo
estatal nombrado por el Gobernador y el representante del Frente Zapatista, los
cuales deben ser rotados cada tres años.
Castañeda denunció que el actual
representante del Gobierno en dicho organismo, Roberto Soto Castor, tiene la
consigna de entorpecer la labor de la Comisión.
Aseguró que Soto mintió al argumentar
que faltaba una de las tres firmas necesarias para efectuar el pago de las
pensiones y requirió realizar un nuevo dictamen.
Ante estas anomalías, 30 afectados promovieron
un amparo para obligar al Gobierno estatal a realizar el pago retroactivo de
los últimos seis años cuantificados en 140 mil pesos (7.530 dólares), 30 mil
pesos (1.613 dólares) por concepto de un seguro médico y el pago vitalicio de
2.200 pesos (118,3 dólares) mensuales.
El fallo fue en su favor, por lo que
están a la espera de que el Tribunal Colegiado emita su resolución y obligue al
Gobierno de Morelos a pagar las pensiones o, de lo contrario, el Gobernador
podría ser destituido.
El
representante de los zapatistas adelantó que más de un centenar de afectados
promovieron otro amparo, con igual resolutivo.
Además, realizó la solicitud ante la Comisión de
otros 700 expedientes para su acreditación como descendientes revolucionaros.
“Pagar 2 mil 200 pesos (118.3
dólares) mensuales a unos mil 200 descendientes es nada para el Gobierno
estatal, pero simplemente no quiere cumplir la ley”, acusó Castañeda Paredes.
En total, el Gobierno de Morelos
deberá abonar los 187 millones de pesos (10 millones de dólares) que no ha
pagado durante los últimos seis años.
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