Gabriel Sosa Plata.
No son “irritantes”, sino útiles,
fundamentales para la toma de decisiones y corregir el rumbo. Pero no, el
presidente Enrique Peña Nieto, al igual que muchos funcionarios públicos y
políticos, ven las críticas, los señalamientos de errores, las denuncias, los
“memes” que se generan en redes sociales como un hecho negativo y no como un
instrumento democrático.
Las redes
sociales “a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos
muy duros y muy lapidarios”, dijo Peña Nieto, al entregar la ampliación del
libramiento Arco Norte en el tramo Jilotepec-Atlacomulco, en el Estado de
México. Y “poco recogen” los logros “y
los avances que hemos tenido como nación”, agregó.
Acostumbrado durante décadas al
aplauso fácil, convenenciero y a medios de comunicación cooptados a través de
la publicidad gubernamental, Peña Nieto y muchos de nuestros políticos no
entienden la lógica de las redes sociales, sus incentivos, sus motores, pero
ante todo lo benéfico que son para detectar qué asunto molesta socialmente, por
qué se creó y en dónde radica el problema.
Detrás del
activismo sociodigital hay información de oro para ejercer con mayores
posibilidades de éxito una función en el Gobierno. Sin embargo, se combate a sus promotores porque observan, corrigen, irritan,
porque crean corrientes de opinión con las que el gobernante no está de
acuerdo. En lugar de actuar para subsanar las faltas o bien informar para
aclarar alguna imprecisión, se les busca censurar y reprimir mediante el acoso
virtual y la manipulación de las redes sociales.
Se ha documentado cómo el Gobierno de
Peña Nieto utiliza masivamente cuentas automatizadas o bots y o provocadores o
trolls para contrarrestar un discurso adverso y apoyar las acciones o
declaraciones de sus funcionarios de primer nivel.
Alberto
Escorcia, experto en el tema, creador del sitio loquesigue.tv, afirma que los denominados “peñabots” han
sofisticado su operación: “ya no son solo programas diseñados para lanzar
masivamente tuits y crear perfiles, sino que se mezclaron con redes de
operadores que han llegado a manejar hasta 75 mil cuentas falsas, lo que ha
hecho más difícil ubicarlos” (Adriana Buentello, RT, 8 de agosto 2017).
Otro
estudio, elaborado por el periodista Daniel Pensamiento y Abel Jonathan
Espinosa, un joven ingeniero en mecatrónica egresado del Tec de Monterrey y
posgraduado en inteligencia de redes y nuevas tecnologías de la información, estimó la existencia de 640 mil 321 cuentas
de “peñabots” en Facebook y un millón 216 mil 93 cuentas en Twitter, en el periodo
analizado que va del 1º de enero al 1° de septiembre de 2016 (sobre el tema,
escribí en, Sin Embargo, el 27 de septiembre de 2016).
Un
gobernante democrático apreciaría y estimularía el activismo sociodigital como
el que existe en México. Un gobernante sin un compromiso democrático lo
combate, como se hace desde la actual administración, y se le recrimina
públicamente, como si se tratara de algo injusto o negativo para el país. Esta
última práctica tiene un efecto contraproducente, porque daña más la imagen y
aceptación del Gobierno, pero aun así no deja de aplicarse, incluso en pleno
proceso electoral, donde se debería actuar con un margen mayor de tolerancia.
CUENTAS
FALSAS… AL MEJOR POSTOR
Casi a la par de las declaraciones de
Peña Nieto, The New York Times publicó un extenso reportaje en el que reveló la
existencia de mercado global de fraude en las redes sociales mediante la venta
de seguidores de Twitter y retuits a celebridades, negocios y cualquier persona
que quiera ser más popular o ejercer influencia en internet. Por supuesto
también sirven para denostar o acosar.
La investigación se centró en lo que
al respecto hace la empresa estadounidense Devumi y cómo usa al menos tres y
medio millones de cuentas automatizadas, particularmente en el país vecino,
pero no deja de ser un ejemplo útil sobre lo que hace en México.
“En la actualidad las cuentas falsas
que han sido creadas por gobiernos, delincuentes y empresarios infestan las
redes sociales. Según algunos cálculos, hasta 48 millones de los usuarios
activos de Twitter, casi el 15 por ciento, son cuentas automatizadas diseñadas
para simular ser personas reales, aunque la compañía afirma que ese número es
mucho menor”, dice
The New York Times (“La fábrica de seguidores”, 27 de enero 2018).
En nuestro
país el fenómeno se reproduce.
Funcionarios públicos, políticos, artistas, periodistas, tienen infladas las
cifras de sus seguidores para dar la apariencia de ser muy populares, pero,
como decíamos, también para actuar a su favor en caso de alguna crítica.
En internet hay diferentes
aplicaciones útiles para tener una idea de qué porcentaje son seguidores reales
o falsos. Por ejemplo, twitteraudit.com, dice que sólo el 53 por ciento de los
seguidores de Peña Nieto (@EPN) son reales y que el resto, casi tres millones
300 mil, son “fake”.
Mucho mejor librado aparece, por citar otro caso, el Secretario de Gobernación,
Alfonso Navarrete Prida, con un 70 por ciento de seguidores reales.
El activismo
o participación real en redes sociales es un gran aliado para quien ocupa el
poder en un Estado democrático. Lo mismo sucede con la existencia de medios de
comunicación independientes y críticos. Hasta en esto, el Gobierno de Peña
Nieto tuvo una gran oportunidad histórica. El crecimiento de usuarios de
internet y el uso cada vez más frecuente de Twitter, Facebook y otras redes
sociales a lo largo de su sexenio, pudo aquilatarse con toma de decisiones
basadas en las inquietudes de la ciudadanía recuperadas de la red.
No fue así. Se impuso el viejo modelo de comunicación
política, el que prevaleció durante décadas. No en vano, México se colocó como
el país en paz más peligroso para ejercer el periodismo y en el que se espía y
se acosa a periodistas y líderes sociales por hacer su trabajo, por no quedarse
con los brazos cruzados y señalar con “dureza”, con “irritación” la corrupción
y las malas decisiones del presidente y su Gobierno.
ADMITEN
AMPARO EN DERECHOS AUDIENCIAS
Organizaciones
y personas presentaron amparos por la contrarreforma en derechos de las
audiencias, que se suman a la acción de inconstitucionalidad que promovieron 47
senadoras y senadores en diciembre del año pasado. Uno de estos amparos es de
la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), que preside la
maestra Adriana Solórzano. Fue admitido
en el juzgado primero especializado en competencia económica, radiodifusión y
telecomunicaciones. En el amparo se exponen seis conceptos de violación a la
Constitución, que en resumen impiden que las defensorías puedan llevar a cabo
el procedimiento de defensa de las audiencias contenido en los artículos 34 a
44 de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, así como
la reducción del campo de defensa para la protección de los derechos de las
audiencias, que los quejosos están obligados legalmente a proteger.
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