Martín
Moreno.
El viernes 26 de enero de 2018
quedará marcado, oficialmente, como la fecha de la derrota histórica del
gobierno de Enrique Peña Nieto ante el crimen organizado: por decisión del
Estado Mayor Presidencial (EMP), se canceló la gira por Reynosa, Tamaulipas,
ante la ola violenta registrada en ese territorio dominado por Los Zetas.
En pocas palabras, significó la
postración del Estado mexicano – encabezado por el comandante supremo de las
Fuerzas Armadas, que no es otro que Peña Nieto-, ante el poderío, supremacía y
violencia mostrada por los grupos criminales que, durante el gobierno actual,
se han consolidado e impuesto sus leyes en los estados que controlan.
Los Zetas,
en Tamaulipas. Intocables.
El Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) cada vez más poderoso y extendido en Jalisco, Michoacán, Veracruz,
Oaxaca y varias entidades, operando inclusive en Asia y Oceanía, sin que nadie
los moleste.
Sí, en una
decisión inédita en cuanto a razones; alarmante, en cuanto al mensaje que se
manda a la sociedad; histórica, en cuanto a trascendencia negativa, el presidente de México tuvo que suspender
la visita a Reynosa programada para ayer martes 30, donde inauguraría el
Libramiento Sur II. ¿La razón? La alta violencia que se registra en la zona.
Así de grave.
En una
frase: ni siquiera el EMP es capaz de
garantizar la seguridad del presidente de la República que, como millones de
mexicanos, tendrá que quedarse en casa, refugiado, ante el riesgo de sufrir un
ataque por parte de la cada vez más empoderada criminalidad.
El mensaje que se envía desde Los
Pinos con la cancelación del evento en Reynosa es uno: los grupos criminales
nos han ganado la batalla. Hay territorios bajo su absoluto dominio y la fuerza
del Estado no ha podido con ellos. Tan peligrosos son, que ni siquiera el presidente
puede estar seguro. Así de grave.
Y es que, en la recta final del
gobierno peñista, la violencia generada por el crimen organizado – disputas de
territorios, ejecuciones masivas, decapitaciones, ajustes de cuentas entre
grupos delictivos y muerte de civiles inocentes-, se ha salido de control.
Nadie responde por el baño de sangre que se vive un día sí y otro también en la
mayoría del territorio nacional.
Allí están
las cifras: el gobierno de Peña Nieto
registrará alrededor de 100 mil muertos por la violencia.
Ayer, los priistas se llenaban la
boca al decir: “Es la guerra de Calderón”.
Hoy, también deberemos llenarnos la
boca y revirar: “Es la guerra de Peña Nieto”. Además, perdida.
A unos
cuántos meses de entregar el gobierno, Peña
Nieto tendrá que rendir el informe crudo respecto a su estrategia sobre seguridad:
fracaso absoluto en la lucha contra el narcotráfico, violencia fuera de control
y arrodillamiento de los mexicanos ante el poder de las armas criminales.
Fracasó Peña Nieto en brindar
seguridad. Ese es el resumen.
¿Cómo se llegó al extremo de que ni
el presidente de México pueda visitar en cualquier momento un estado
(Tamaulipas), porque no se puede garantizar su seguridad?
Paradójicamente, fue una situación
generada, entre otros factores, por una estrategia presidencial equivocada.
¿Cuál fue?
Minimizar el problema de la
inseguridad heredado por el gobierno de Calderón y hacer creer que, con
borrarlo del discurso oficialista, de las primeras planas, del espacio
principal en radio y televisión y de la discusión pública, con solo eso se iba
a terminar lo que el gobierno acostumbra llamar “la percepción de inseguridad”
que tienen los mexicanos. Fue una irresponsabilidad criminal de Peña, Osorio
Chong y de las cabezas de seguridad del peñismo.
Soslayar el evidente enquistamiento
de los cárteles de las drogas, creyendo que con la recaptura del Chapo Guzmán
se iba a desterrar la violencia criminal del país. Ilusos. El Chapo está en
Nueva York…pero los grupos criminales – cada vez más fuertes e impunes-,
continuaron operando.
Ignorar el conflicto mayúsculo y la
innegable guerra armada que se vive en algunas zonas del país, sustituyendo la
estrategia de seguridad por la retórica, suplantando la acción responsable y de
fondo por el discurso gubernamental del “no pasa nada”, y en lugar de definir
acciones eficaces, la administración peñista se empecinó en desaparecer la
violencia por decreto, y ahora todos, incluido el Presidente, pagamos las
consecuencias de esa irresponsabilidad histórica: Peña nos deja un país más
violento, más inseguro y más impune, en comparación al que recibió.
Creer que, con entregarle la
operación, estrategia y recursos para la seguridad a la secretaría de
Gobernación, igualmente por decreto se acabaría con la violencia. Eliminar
desde diciembre de 2012 a la secretaría de Seguridad Pública federal – en un
lance más de imagen de gobierno que de responsabilidad en las políticas
públicas respecto a la seguridad-, fue un gravísimo error de Peña Nieto.
Considerar que Osorio Chong, elevado al rango de “súper secretario” y “súper
policía”, amedrentaría a los cárteles de la droga. ¡Sí, cómo no! Otra vez
ilusos, por no decirles otra cosa: no solo la estrategia no funcionó, sino que,
en sentido contrario a lo que se esperaba, la inacción terminó beneficiando a
los grupos criminales y en particular, lo que despierta suspicacias, al CJNG.
¿Dónde está la malograda Gendarmería
Nacional tan cacareada por Peña Nieto y Osorio Chong? En la basura, como tantas
otras ocurrencias oficialistas.
Un fracaso, la lucha contra la inseguridad.
Fracaso absoluto de Peña y de su
equipo.
Allí están las cifras, que no
mienten. Los hechos delictivos irrefutables.
Y allí, también, el baño de sangre
que no cesa.
El sexenio se acaba y la inseguridad
aparece por todos lados. Ciudadanos aterrados que saben cuándo saldrán de casa,
pero no si regresarán. La violencia está en cada ciudad, en cada esquina, en
cada calle.
¿Y Peña? Quejándose de las redes
sociales.
¿Y Osorio Chong? Buscando una
senaduría.
¿Y Tamaulipas? Bajo dominio de Los
Zetas.
Así las
cosas.
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