La administración de Manuel Velasco
se ha dedicado a reprimir protestas y encarcelar trabajadores en vez de atender
la crisis que enfrentan los hospitales de la entidad por falta de medicamentos,
insumos médicos, de laboratorio, vacunas, material de curación, instrumental y
equipo médico, denuncian activistas.
Primero firmaron dos minutas con el
compromiso de pagar a los trabajadores y abastecer de medicamentos y equipo los
centros de salud y hospitales de Chiapas. Pero en vez de cumplir los acuerdos, ahora
el gobierno de la entidad se ha dedicado a reprimir, hostigar y emitir órdenes
de aprehensión y encarcelamiento para acallar las protestas, acusan enfermeras
y personal del sector.
“Esa es la respuesta que ha dado el
gobierno en este 2018”, indica Emma Escobar López, enfermera del Centro de
Salud Tuxtla. “Nos quieren meter a una dinámica diferente, pretenden que
dejemos de exigir que nos cumplan antes de que se vayan en este periodo”, agrega Modesta Ramírez Saldaña,
empleada en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. En vez de trabajar para resarcir el millonario desvío de recursos en el
sector, acusa la enfermera, “lo que quieren es que nos pongamos a buscar la
liberación de nuestros compañeros y el cese de la represión, para que dejemos
de protestar”.
Limbano Domínguez Alegría, vocero del
Movimiento de las y los Trabajadores de Salud del Hospital de la Mujer y el
Niño, fue detenido el pasado 9 de enero, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y trasladado al Centro
Estatal de Reinserción Social de Sentenciados N. 14 El Amate, en Cintalapa,
Chiapas, acusado por la Fiscalía General
del Estado del delito de motín en agravio de la sociedad, en la causa penal
627/2017.
Lo acusan de motín por emprender dos
huelgas de hambre del 3 al 12 de abril y del primero al 23 de mayo de 2017.
“Por eso se nos acusa de agravio a la sociedad”, explica Escobar López. “Ahora
resulta que exigir nuestros derechos y pedir medicamentos y material para dar
una adecuada atención a nuestro pueblo es agraviar a la sociedad”.
Además del
encarcelamiento de Domínguez, las enfermeras, acompañadas del Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba), denuncian que Jesús Espinosa de los Santos,
Víctor Hugo Zavaleta Ruíz y Humberto Gutiérrez Medina, integrantes del
sindicato del Sector Salud del Estado de Chiapas, cuentan con órdenes de
aprehensión desde el pasado 29 de diciembre también por el delito de motín.
“Denunciamos la crisis de salud en
Chiapas, por eso nos reprimen”, acusan las y los trabajadores del sector salud chiapaneco, quienes han señalado que éste se encuentra
en una grave crisis por falta de medicamentos, insumos médicos, de laboratorio,
vacunas, material de curación, instrumental y equipo médico. También han
denunciado la afectación a sus derechos laborales y pago de prestaciones, así
como la corrupción y desvió de recursos de la Secretaría de Salud en la
entidad, presidida por Francisco Ortega.
Al menos desde 2014 integrantes del
sistema de salud de Chiapas han denunciado la falta de condiciones para
trabajar y dar un servicio de salud adecuado a la población, y el desvío de
recursos. “Nos han robado dinero que no aparece en nuestras cuentas, como es lo
del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), lo de Fovissste, lo del ISR, deudas
a terceros, pensiones; estamos siendo afectados todos los trabajadores de
salud”, denuncia
Escobar López.
Animal Político pidió a la Secretaria
de Salud de Chiapas su postura sobre los señalamientos de los trabajadores,
pero no hubo respuesta.
En un
reportaje publicado en junio del año pasado y que se puede consultar en este
enlace, Animal Político documentó que
desde el 2010 el gobierno federal ha transferido a Chiapas recursos para
fortalecer infraestructura de salud, pero en la práctica, la mayoría de los
hospitales para los que se ejerció el dinero no dan servicios. El gobierno de
Chiapas gastó 1,600 millones de pesos en reconstruir, remodelar y equipar
hospitales que no funcionan.
El 2016 se realizaron diferentes acciones de
protestas de trabajadoras y trabajadores de hospitales y clínicas de salud del
estado para exhibir la crisis en que se encontraban los centros hospitalarios.
En enero de
2017, integrantes de la Secretaria de
Salud de Chiapas marcharon en Tuxtla Gutiérrez para exigir pagos, medicamentos
e insumos. Desde esa fecha se inició un plantón indefinido en el Hospital de la
Mujer Dr. Rafael Pascacio Gamboa, ubicado en la misma ciudad.
Debido a las
acciones de protesta, entre los meses de febrero y marzo de 2017, 10
trabajadoras y 5 trabajadores del sistema de salud enfrentaron despidos
injustificados. Ante esto, el lunes 3 de abril cinco enfermeras iniciaron una
huelga de hambre a la puerta del Hospital Dr. Rafael Pascacio Gamboa.
El Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) manifiesta su preocupación por la privación
arbitraria de la libertad a Límbano Domínguez Alegría y por el hostigamiento
judicial en contra de Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruíz y
Humberto Gutiérrez Medina, integrantes del sindicato del Sector Salud del
Estado de Chiapas.
El Frayba
reitera que la Privación Arbitraria de la Libertad es una violación de derechos
humanos y que los actos de hostigamiento judicial hacia quienes ejercen su
derecho de libre expresión, movilización y reunión configuran una situación de
represión y criminalización que contraviene los artículos 9°, 123 y 133 de la
Constitución, y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.