A un par de
semanas de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que
solicitaría la extradición del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez,
no se ha emitido la petición formal de
detención provisional con fines de extradición que garantiza que el acusado no
evada sus asuntos legales.
En entrevista
con SinEmbargo, el encargado de la estrategia jurídica de Chihuahua, el abogado
Paulo Díez Gargari, señaló que la
dependencia “no ha solicitado al país requerido, que suponen algunos es Estados
Unidos, la detención provisional con fines de extradición de César Duarte, que
es algo que está previsto en el propio tratado y que con mucha frecuencia se
utiliza”.
Esta medida, explicó, consiste en que
se pide al país requerido que detenga a la persona. Es una detención
provisional, y extiende al Estado un plazo para presentar la solicitud formal
de extradición, de modo que eso garantiza que la persona no se vaya a sustraer
de la acción de la justicia.
El Artículo
11 de dicho Tratado, establece la facultad de los estados de solicitar al otro
estado la detención provisional de la persona que se está requiriendo para
efectos de extradición. Eso es lo que permite detener a la persona antes de que
ésta tenga noticias de que se ha solicitado su extradición.
Luego de la detención de la persona,
el estado que solicitó la extradición, en este caso México, tiene 60 días para
presentar la solicitud de extradición.
“Pero aquí todo se ha hecho al
revés”, agregó Díez Gargari, quien considera que toda la actuación de la PGR ha
sido errática.
El problema,
sostuvo, inició desde que la PGR anunció
que iría por Duarte y luego que lo haría por 3 de las 11 órdenes de aprehensión
que existen, lo que generó suspicacia entre las autoridades estatales
encargadas de procesar a César Duarte por corrupción.
Esto porque
el Artículo 17 del Tratado tiene una regla general en ese sentido: una persona que ha sido extraditada no
puede ser enjuiciada ni sancionada en México, por un delito distinto a aquel
por el cual se concedió la extradición.
Luego la PGR rectificó y terminó por
añadir más órdenes, pero no ha mencionado nada sobre la solicitud de detención.
Alfonso Navarrete Prida, Secretario
de Gobernación, arremetió esta tarde en contra de quienes pretenden “ganar
votos negociando la justicia o hacer justicia en aras de obtener votos” y sostuvo
que ese tipo de acciones “no daña solamente a un partido, a un gobierno, daña
al país y daña a su historia”. EN LO QUE PARECÍA UNA
REFERENCIA A LAS ACUSACIONES DE GOBIERNOS ESTATALES EN CONTRA DE SUS
ANTECESORES PRIISTAS.
LA FEPADE
ENTRA AL CASO.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que
atraería la investigación sobre los desvíos del erario de Chihuahua al PRI en
las elecciones de 2016.
Anunció en conferencia de prensa que
la decisión se tomó por las denuncias de los partidos Acción Nacional y de
Regeneración Nacional. Ahí es, dijo, donde encontró la forma de atraer el caso.
Sin embargo,
esto fue visto como un “obstáculo” por
el Gobernador Javier Corral Jurado, ya que se trata de un proceso ya
judicializado. Ahora, la Fiscalía General de Chihuahua tendrá que enviar las
investigaciones en curso para esclarecer los hechos y luego fincar las
responsabilidades en materia penal y electoral.
La Fepade lo
que sostiene en que se trata del presunto desvío de recursos federales y
estatales para apoyar a un partido político y no descartó llamar a los
involucrados
Héctor Díaz Santana, titular de la
Fiscalía dijo que el tema está en su competencia al tratarse de apoyos ilegales
a un partido político, porque la fiscalización de los partidos es tarea federal
y porque no se reportaron ingresos.
Al respecto,
Díez Gargari señaló que lo de la Fepade
no se trata de un tema de atracción, sino que la Fepade tendrá que abrir una
carpeta por el delito electoral, que es algo que se le ha solicitado desde hace
tiempo, incluso por el propio Gobierno de Chihuahua.
Lo que no puede hacer la Fepade, es
atraer un delito de carácter no electoral, como es el peculado por el cual está
vinculado a proceso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
“La Fepade puede y tiene la capacidad
de atraer la investigación de algunos delitos electorales, pero no tiene la
facultad de atraer los delitos que no lo son. Este caso (el de Gutiérrez) no
puede ser atraído por la Fepade por la sencilla razón de que se trata de un
asunto judicializado, es decir, ya existe un proceso penal y en ese proceso se
ha dictado el auto de vinculación a proceso de Alejandro Gutiérrez, de modo que
la Fepade no es un órgano jurisdiccional como para atraer un juicio”, comentó el abogado.
Lo adecuado, y lo que se le ha pedido
a la Fepade, dijo Díez, es que aclare que no es que va a atraer las
investigaciones ni el asunto completo de Chihuahua, sino que lo que hará es
investigar el delito electoral que debió investigar desde hace tiempo y para
eso, el gobierno del estado de Chihuahua le ha ofrecido toda la colaboración y
apoyo para compartir información relevante para el tema electoral con la
Fepade.
“Resulta adecuado que la Fepade abra
la carpeta de investigación porque es su competencia y debió iniciarlo hace
tiempo. Lo que tendría simplemente que hacer es aclarar que no se trata de una
atracción sino de la apertura de una carpeta para investigar el delito
electoral”, añadió.
Sobre las denuncias de extorsión emitidas
por Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, quienes sostienen
que son presionados para declarar en contra de César Duarte y el ex líder
nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y de que les piden 90 millones de
pesos para no fincarles más responsabilidades, consideró que “está claro es que
se trata de un ‘nado sincronizado’ con la defensa de Alejandro Gutiérrez y con
la PGR”.
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