A horas de
que inicie un nuevo periodo de sesiones en el Congreso, organizaciones sociales pidieron revisar el proyecto de dictamen de la
nueva Ley Forestal, pues consideraron que existen puntos “que requieren
discusión y enmienda”.
En un comunicado señalaron que en
comisiones del Senado no se realizó una consulta pública e incluyente y
advirtieron retrocesos en la propuesta como la falta del manejo forestal
comunitario, la regulación y centralización en el uso de recursos.
A continuación,
se presentan las observaciones que hicieron el Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Red
Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, sobre el proyecto de ley:
1. Hay un retroceso inaceptable respecto de la ley
vigente en cuanto a la participación plena de la sociedad. Específicamente, a)
el dictamen aprobado suprime facultades sustanciales del Consejo Nacional
Forestal (CONAF) y los consejos estatales, quitándoles potestad para conocer de
los cambios en políticas públicas y ejercer un papel de vigilancia y
supervisión; b) se pierde la oportunidad de mejora del diseño del Fondo
Forestal Mexicano, en el sentido de asignar a su Comité Mixto sólo funciones
formales de asesoría y consulta, sin efectos concretos, cuando se ha propuesto
otorgarle el carácter de órgano de gobierno. Así, la CONAFOR operaría el Fondo,
bajo los lineamientos y supervisión del Comité Mixto y se evitaría el manejo
discrecional y opaco de los recursos del Fondo…
2. La transferencia de atribuciones de autoridad de la
SEMARNAT hacia la CONAFOR requiere, al menos, de una reflexión abierta que no
ha tenido lugar, mientras que diversos actores del sector forestal han señalado
riesgos e inconvenientes de concentrar los actos de autoridad en la CONAFOR,
los que incluyen la contribución al debilitamiento de la cabeza de sector, que
ya carece de capacidad para conducir la política en materia de agua, pesca e
hidrocarburos y, por otra parte, la falta de contrapesos en la definición y el
ejercicio de las políticas del sector. Sin esos equilibrios, existe un claro
riesgo de que funcionarios de la CONAFOR incurran en conflictos de interés y en
opacidad, abriéndose un terreno fértil para la corrupción. Tomando en cuenta
que la SEMARNAT ha mostrado ineficacia e ineficiencia en sus funciones de
regulación, la discusión debe clarificar si se trata de suprimir a la autoridad
o de superar sus limitaciones.
3. La negativa reiterada a establecer un programa para
el manejo forestal comunitario resulta incongruente con las múltiples
definiciones y criterios que establecen una política de largo plazo para
impulsar el manejo forestal comunitario y con el hecho de que ya existen, en la
ley, disposiciones para dotar de recursos a las actividades de plantaciones comerciales
y de restauración. Por otro lado, no se sostiene el argumento de que el
programa requerido implique recursos adicionales, ya que se trata de una
redistribución de los recursos disponibles, tal como la SHCP ha impuesto
mediante la inserción de un artículo transitorio que especifica que no se
destinarán recursos.
4. Se ha planteado la propuesta de un diseño
institucional descentralizado con fortalecimiento de capacidades de las
regiones forestales y con una serie de dispositivos para mejorar la gestión
forestal y acercarla a los productores. El dictamen aprobado por la COMARNAT ha
suprimido completamente todo este tema.
5. Han quedado sin incluir diversas medidas para la
mejora regulatoria y de la gestión, como son la regulación de los aserraderos
móviles, la clarificación de la prohibición de cambio de uso forestal, medidas
para alcanzar la tasa cero de deforestación, el manejo de acahuales o
vegetación secundaria, la definición de preferencia forestal en razón de la
fragilidad de los ecosistemas y varios otros conceptos que están siendo
desechados por falta de comprensión y sin argumentos que solamente pueden
procesarse mediante una discusión abierta y fundamentada.
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