La inseguridad en México se convirtió
en un negocio rentable. Empresas que se dedican a la tecnología de vigilancia y
prevención saben que los estados con problemas de violencia pagarán sumas
millonarias por sus productos y servicios, y prácticamente sin preguntar.
Para
contratarlas, los gobiernos estatales no
han lanzado licitaciones públicas para que las compañías compitan y, así, las
administraciones públicas decidan por la opción más idónea para las finanzas.
Por el
contrario, contratan servicios de
seguridad bajo esquema de adjudicación directa, sin un proceso para revisar
quiénes son los más económicos o más eficientes, sino que eligen de forma
directa a empresas que los funcionarios en turno consideran las mejores, aunque
éstas, incluso, no tengan la mejor reputación en otras entidades.
Una
investigación de Noroeste documentó que así
sucedió en estos estados del país con la empresa Seguritech: Sinaloa, Sonora,
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Colima, Guanajuato y
seis delegaciones de la Ciudad de México.
Las entidades contrataron a la firma
para rentarle, con contratos multianuales, tecnología y edificios para
inteligencia en seguridad.
Entre los servicios que ofrece
Seguritech están los edificios que se llaman C4 o C5, que son complejos para
crear inteligencia policial, así como vehículos blindados, helicópteros,
aviones, videocámaras, arcos carreteros de seguridad, lectoras de rostros,
lectoras de placas de vehículos, rayos x, drones y vigilancia satelital.
En Sinaloa,
por ejemplo, opera la empresa Comunicación Segura, que es filial del grupo
empresarial Seguritech. La firma
proporcionó distintos servicios en tres contratos diferentes, cuyo costo total
fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos, que se pagaron en el transcurso de 5
años, entre 2011 y 2016, durante el sexenio de Mario López Valdez.
Del mismo
modo opera, u operó, en Guanajuato,
Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca,
Michoacán y Sonora, sólo que cada uno de esos estados tuvo peticiones y costos
diferentes.
En total, por servicios para las 10
entidades, la empresa ha obtenido 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos desde
2007 a la fecha,
según contratos obtenidos por Noroeste a través de los portales de
transparencia de los estados y reportes de auditorías federales y locales.
En la mayoría de esos estados la
empresa tuvo o tiene problemas con las administraciones, lo que ha hecho que
las auditorías de los estados y la de la Federación hicieran observaciones y
promovido sanciones administrativas o penales.
Eso ocurrió después de que se
detectara que la contratación de la empresa se hizo de forma directa, cuando
los estados pudieron hacer licitaciones. También se encontró que la empresa
incumplió en sus cláusulas, o que los gobierno no abogaron por tener mejores
contratos.
En los estados en los que hasta el
momento no hay problemas es porque recién iniciaron operaciones, como el caso
de Hidalgo, Sonora y Estado de México, o en Colima, donde el proyecto apenas se
asignó a principios de diciembre de 2017.
Noroeste
explica cómo Seguritech se ha instalado en el país, sus alcances, sus fallas,
sus modos de operación y cómo los gobiernos han decidido contratar la firma a
través de adjudicaciones directas, en sentido contrario a las recomendaciones
de las auditorías superiores de los estados y de la Auditoría Superior de la
Federación.
Seguritech es una empresa que inició
vendiendo alarmas vecinales y hoy, después de 22 años, ya vende servicios de
complejos de seguridad, satélites y aviones no tripulados.
En 1995 comenzó a operar la firma
Seguritech Privada S.A. de C.V., propiedad del mexicano Ariel Zeev Picker
Schatz.
En ese
tiempo, su negocio ubicado en la Ciudad de México comerciaba con alarmas de
seguridad en negocios privados y casas habitación, así como alarmas vecinales
para los gobiernos locales.
Para 2000, el negocio trascendió a
los botones de pánico, populares en las delegaciones del entonces Distrito
Federal, pues éstos eran conectados en negocios comerciales para utilizarse
como alarmas de seguridad pública.
De acuerdo
con contratos y auditorías locales y federales, para 2007 Seguritech comenzó a tener contratos de mayor trascendencia:
empezó a vender equipo de videovigilancia a gobiernos locales, entre ellos al
municipio de Guadalupe, en Nuevo León, o la Delegación Iztacalco, en Ciudad de
México.
Además, logró posicionarse en estados como Yucatán
para la venta de equipo de radiocomunicación.
La empresa se consolidó al mismo
tiempo en el que la violencia en México alcanzó sus niveles máximos.
Para 2009, cuando se incrementaron
los delitos dolosos durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, según cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la empresa comenzó a
cerrar contratos más grandes.
Fue en 2011 cuando obtuvo el primer
contrato que superó los mil millones de pesos, bajo un esquema de arrendamiento
de equipo de seguridad y la construcción de complejos de seguridad. Ese
contrato se firmó en Sinaloa.
La empresa,
para ese entonces, pasó de vender alarmas vecinales y botones de pánico a
construir complejos de seguridad y arrendar vehículos blindados.
Seguritech comenzó a hacer
negociaciones diferentes y dejó de participar en licitaciones públicas en los
estados para pasar a las adjudicaciones directas.
En cada una
de las entidades en las que se presenta, de acuerdo con otros proveedores de
seguridad consultados por Noroeste, es seguro que Seguritech obtenga al menos
un contrato.
Después de Sinaloa, otros estados
como Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato e Hidalgo, contrataron a la
firma.
El modo de
operación.
La empresa de Picker Schatz tiene un
modo de operación estricto: a donde llega deja claro en las negociaciones con
los estados que toda información de los contratos debe reservarse, con el
argumento de ser sensible para la seguridad de los estados.
También establece la atención de distintos
servicios, es como si armara paquetes especiales en los que incluye los equipos,
el mantenimiento y pólizas de garantía, lo que eleva el monto económico de los
contratos.
De esa manera, Seguritech ofrece en
los estados servicios de arrendamiento con pagos multianuales.
Ese esquema es similar a los
contratos por asociación público privado, con la diferencia de que, ya que se
termina la vigencia de cada uno, los estados deciden hacer válida o no una
cláusula de compra que se establece por montos mínimos del 18 % del costo total
de los contratos.
Las 11 entidades que han contratado a
la firma han accedido a ese modo de operación de Seguritech, sin que se ponga
restricción alguna.
De acuerdo con auditorías en
Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero, los modos de contratación de
la empresa no son los óptimos, lo que ha provocado la promoción de sanciones en
contra de funcionarios y ex funcionarios públicos.
Una empresa
de escándalo.
Seguritech
es una empresa fácil de encontrar en los buscadores digitales. Tiene dos modos
de encontrarse: porque su expansión se ha vuelto fuerte en los estados y porque
su esquema de operación no ha sido el mejor, pues arrastra deficiencias y
procesos jurídicos.
El
empresario Ariel Zeev Picker Schatz aparece
en distintos artículos en el que se le vincula con políticos como David
Korenfeld, ex director de la Comisión Nacional del Agua, y con políticos
priistas de apellido Del Mazo, una de las familias que deciden los destinos del
Estado de México, de donde surgió Alfredo, actual Gobernador del Edomex y
vinculada al Grupo Atlacomulco, al que pertenece Enrique Peña Nieto.
Noroeste
solicitó la versión de Picker Schatz para esta investigación, pero tras
distintos intentos no se concretó el contacto.
Entre las deficiencias, las que
llaman más la atención son el incumplimiento de contrato en el municipio
Acapulco de Juárez y, al mismo tiempo, con el Gobierno del Estado de Guerrero,
quien contrató a Seguritech para la reparación y mantenimiento de equipo, así
como para la instalación de videocámaras y botones de pánico.
La empresa incumplió contratos, de
acuerdo con auditorías federales y señalamientos de Antonio Sebastián Ortuño,
ex Contralor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, quien promovió una sanción
económica en contra de la empresa por un millón 750 mil pesos.
Picker
Schatz se ha aliado con abogados para
afrontar tales señalamientos, entre ellos miembros del despacho TMI Abogados,
una de las firmas más importantes en México sobre Derecho y Tecnología,
estrictamente con Kiyoshi Tsuru, quien es el socio fundador y director del despacho.
La empresa
mantiene su expansión y recientemente
cerró contratos con los gobiernos de Sonora, Michoacán y Colima bajo los mismos
esquemas de contratación y servicio.
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