Durante
2016, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) presuntamente pagó más de 3 mil millones de pesos a miles
de personas inscritas en el Programa para Adultos Mayores (PPAM), pero cuyo
estatus era de fallecidas, no localizadas o cuyos nombres se encuentran
duplicados en el padrón, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2016
realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aun cuando la Auditoría no establece
la fecha de cada uno de estos pagos, durante 2016 la Sedesol fue dirigida por
José Antonio Meade, actual candidato del PRI a la presidencia de México, quien
ocupó el cargo hasta septiembre de 2016, y Luis Enrique Miranda Nava, quien
estuvo 4 meses en el encargo y quien actualmente es delegado del PRI para las
elecciones a gobernador de Chiapas.
Para llegar
a esta conclusión, la ASF realizó un cruce de información entre el padrón del
PPAM y el Registro Nacional de Población (RENAPO), donde detectó lo siguiente:
556 mil 548 beneficiarios, por los
cuales la Sedesol supuestamente erogó 3 mil 110 millones de pesos, fueron
personas no localizadas.
49 mil 196 beneficiarios, con
supuestos pagos por 289 millones de pesos, fueron personas duplicadas.
16 mil 997 beneficiarios la Sedesol
proporcionó apoyos por un monto de 64 millones 152 mil pesos, eran personas
fallecidas, que “se presumen como pagos indebidos”.
De acuerdo
con la ASF, en el caso de las personas
fallecidas, dichos beneficiarios y montos descritos son un complemento a lo
señalado en el informe (segunda etapa) de la cuenta pública 2016 al PPAM,
cuando se detectó que la Sedesol presuntamente pagó más de 23 millones de pesos
a 8,637 personas con fechas posteriores a sus defunciones.
No sólo eso.
La ASF identificó deficiencias en el
cumplimiento de las reglas de operación del PPAM, así como en la calidad de
datos de la información contenida en la base de datos proporcionada por la
SEDESOL, con cifras a 2016: beneficiarios sin edad, con edad menor a la
estipulada en las Reglas de Operación; personas sin dato en el campo sexo;
beneficiarios sin CURP, sin RFC o sin ambos datos; y personas sin estatus de
situación de pago.
Por tal
motivo la ASF estableció que “la falta
de control y apego a las reglas de operación del PPAM pueden causar un daño al
erario público anual estimado del orden de 3 mil 198 millones de pesos”.
También
deficiencias en programas de empleos.
Además, la
ASF detectó una serie de presuntas
irregularidades en los programas de Empleo Temporal (PET) y de Empleo Temporal
Inmediato (PETI), tras cruzar los padrones con el RENAPO.
En el caso
del PET detectaron que:
3,542 beneficiarios, con supuestos
pagos por 17 millones 108 mil pesos, no fueron localizadas.
102 beneficiarios, con presuntos
pagos por 443.4 miles de pesos, son nombres duplicados.
393 beneficiarios, con supuestos
pagos por 1 millón 218 mil pesos, son personas fallecidas, de las cuales 24 la
SEDESOL confirmó que causaron baja por defunción, realizando reintegros por 67
mil pesos.
En el caso
del PETI se encontró lo siguiente:
14,804 beneficiarios, con supuestos
pagos por 25 millones 316.1 miles de pesos, no fueron localizados.
419 beneficiarios, con presuntos
pagos por 691 mil pesos, son duplicados.
515 beneficiarios, con pagos por 520
mil, son personas fallecidas, de los cuales la Sedesol confirmó que 7 causaron
baja por defunción, de los cuales realizó el reintegro por 14 mil 800 pesos.
A decir de
la ASF, aun cuando la Sedesol entre sus
argumentos mencionó que el no registro de los beneficiarios en el RENAPO, tanto
en el caso del PET y el PETI, no constituía causas suficientes para negar los
apoyos, la dependencia “no proporcionó la evidencia de la existencia de estos”.
Como parte
de sus observaciones, la ASF recomendó a la Sedesol mejorar los mecanismos de
control de los tres programas auditados, además la dependencia auditada contará
con un plazo de 30 días para responder a los señalamientos planteados.
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