A estas
alturas, la presunta culpabilidad de
Ricardo Anaya como lavador de dinero, parece haber quedado diluida.
A estas alturas, sus nexos con Manuel
Barreiro – investigado formalmente por la PGR-, son rebasados ante los reclamos
de casi todas las voces, ante una evidente e innegable persecución política
contra un opositor al actual régimen.
A estas
alturas, la batalla entre Anaya y
Enrique Peña Nieto parece inclinarse en favor del candidato presidencial de
“Por México al Frente”.
¿Por qué lo
decimos?
Por una
razón de fondo, irrebatible:
Ricardo
Anaya lanzó un misil de alta precisión
que perforó la línea de flotación en Los Pinos, encendiendo las luces de alerta
en el primer círculo peñista pero, sobre todo, que gana la aprobación de
millones de mexicanos hartos de la corrupción institucionalizada que se ha
practicado y solapado durante el gobierno de Peña Nieto. (Una prueba
contundente la dio ayer el diario Reforma: 7 de cada 10 contratos de la actual
administración se asignaron mediante adjudicación directa, sin competencia
entre las empresas proveedoras). Es decir: favoreciendo a quien se haya querido
desde el gobierno.
Anaya dijo,
el domingo pasado, lo que millones querían escuchar:
“Hoy reitero mi compromiso de
consolidar una Fiscalía autónoma y apartidista que sea acompañada por una Comisión
de la Verdad con asistencia internacional, para investigar los señalamientos de
corrupción del gobierno del presidente Peña”.
Sí, como en
Guatemala.
Investigar a Peña Nieto, un político
de cola larga desde que era Gobernador del Edomex.
Pero no solamente quedaría la
investigación en EPN. ¡Por supuesto que no!
Anaya se refiere a corrupción “del gobierno”,
bajo una visión integral que, sin duda, ampliaría la investigación a Luis
Videgaray – el hombre que ya gobierna a México a través de Peña Nieto – por su
mansión en Malinalco financiada por contratistas del gobierno; o bien, al
propio José Antonio Meade, quien hizo acto de omisión, fingimiento o
complicidad, en el escandaloso y evidente desvío de recursos en Sedesol para
favorecer al PRI.
Y agréguele
usted, lector, a los que quiera.
Pero, sin duda, los principales
investigados serían Peña, Videgaray y Meade.
Así, el
domingo pasado, Anaya dio respuesta a
quienes se preguntan cómo fue capaz de noquear, en su momento, a Madero,
Calderón, Margarita Zavala, Moreno Valle y Mancera: porque sabe cómo, dónde y en qué momento soltar el gancho al hígado
fulminante y paralizante, y que tanto beneficio entrega en el box, en la
política y en la vida.
“Investigaré
a Peña Nieto”, promete Anaya.
Es lo que
millones querían escuchar.
Algunos
sucesos marcaron, en las últimas horas, el rumbo de la embestida gubernamental
– desde la PGR -, en contra de Ricardo Anaya y que, se quiera o no, involucra
directamente a Enrique Peña Nieto, por más que éste lo niegue. El domingo fue un día negro para el
Presidente de México por tres razones fundamentales:
Primera, que al mediodía dominical, Anaya – muchos
colegas, de manera cándida o malintencionada, supusieron que iba a renunciar a
la candidatura presidencial -, lanzara ese misil en contra de EPN y de su
gobierno, donde más les duele: la galopante corrupción que ha marcado a la
actual administración y que donde se le apriete, supura pus: las propiedades de
Peña (9), la Casa Blanca, los favores recíprocos con Grupo Higa y OHL, el caso
Odebrecht y el encubrimiento dese Los Pinos a Emilio Lozoya, etc. La lista es
larga. Cuando se esperaba el arrodillamiento de Anaya, llegó el gancho al
hígado que paralizó al peñismo, bajo una frase lapidaria: “Ya estuvo bueno de
que haya intocables”.
Segunda, la carta firmada por más de 50
intelectuales, académicos y activistas que condenaron el uso de la PGR “para
perseguir a un líder de la oposición, que pone a México junto a países con
regímenes autoritarios o democracias totalmente disfuncionales”. Sí, como en
Venezuela, por ejemplo. La acusación, de sí, es grave, y la misiva no se la
esperaban en Los Pinos, donde el Presidente descansaba plácidamente de sus
actividades. Y lo que fue peor para Peña: la carta lo involucra directamente en
la utilización de la PGR en contra de Anaya: “Ante la falta de autonomía del
MP, usted, Presidente Peña Nieto, es la máxima autoridad responsable de este
proceso”. Así, se despejó cualquier duda de la intervención de EPN en el
proceso electoral que corre rumbo al 1 de julio, y su peligroso empecinamiento
de evitar la derrota del PRI aun a costa de desestabilizar al país.
Tercera, el clima político adverso que ya tiene en
contra Peña Nieto y su gobierno y que les acorta el margen de maniobra en
contra de Anaya. Apabullados por la crítica nacional e internacional en su
claro intento de descarrilar a la mala a un candidato opositor, ya no saben
cómo salir del hoyo en el que no solamente se han metido ellos, sino qué de
paso, están hundiendo al país.
Hoy por hoy,
Peña y su gobierno sólo tienen de dos sopas: o detienen hoy mismo a Ricardo Anaya con pruebas más que contundentes
de haber lavado dinero, bajo el riesgo de convertirlo en mártir del poder
presidencial, o cesan de inmediato la absurda persecución en su contra.
Ya no tienen de otra.
“Son dimes y diretes…”, dice un Peña
Nieto cada vez más demacrado en lo físico y en lo institucional, al responder
cuando se le inquiere sobre el acoso a Ricardo Anaya.
Se equivoca Peña: lo que para él son
“dimes y diretes” (una cita común ordinaria y vulgar), para millones de
mexicanos son el intento perverso y desesperado de su gobierno por salvarse de
una investigación sobre corrupción que, posiblemente, llevaría por vez primera
en México a un ex Presidente a la cárcel.
Sí: la
advertencia de Anaya tiene a Los Pinos bajo un dilema que tendría, a futuro,
forma de calabozo y barrotes.
¿Peña Nieto
en prisión?
Merecido lo
tendría.
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