La Sexta Visitaduría de la CNDH
concluyó que el gobierno del exmandatario panista Rafael Moreno Valle no
violentó los derechos humanos de los campesinos y activistas sociales que
fueron encarcelados por oponerse al Gasoducto Morelos.
El Frente de
Pueblos Unidos Morelos, Puebla, Tlaxcala emitió un comunicado en el que señala
que, con esta resolución, la Comisión
deja a los cinco defensores que fueron implicados en diversos delitos por
oponerse al gasoducto sin la posibilidad de pedir la reparación del daño civil
y moral causado, así como la imposición de garantías de no repetición de dichas
violaciones.
“Bajo un panorama de hostigamiento y
represión creciente, la decisión de la CNDH pone en mayor vulnerabilidad a los
defensores contra el PIM, por lo que exigimos la reapertura de la queja y una
pronta y expedita recomendación de la CNDH donde se reconozcan las violaciones
cometidas contra los defensores de derechos humanos opositores al Proyecto
Integral Morelos”,
reclama.
La
resolución 11802 fue notificada la semana pasada, y la misma establece que la Procuraduría de Puebla,
ahora Fiscalía General, no cometió actos violatorios de derechos humanos en
contra de Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores Solís,
quienes fueron encarcelados en 2014.
También se concluye que no hubo persecución en
contra de Carmelo Rosas Vélez y Avelino Velázquez, quienes hasta la fecha
siguen con expedientes abiertos en su contra.
Los cinco
imputados, cuatro de ellos campesinos habitantes de comunidades de la zona del
volcán Popocatépetl que resultaron afectadas por el paso del Proyecto Integral
Morelos, fueron acusados en un mismo
expediente de robar dos celulares y por oposición a obra pública.
El Frente
indica que esta resolución de la CNDH
resulta “contradictoria” a la recomendación 003/2018 que emitió hace apenas
unos días en la cual se concluye que se violentó el derecho de consulta de los
pueblos originarios afectados con el Proyecto Integral Morelos.
Igual,
señala que la determinación de la Sexta Visitaduría se contrapone a la recomendación 25/2016 que suscribió la misma CNDH en
la que señala que tanto Enedina Rosas, como Abraham Cordero y Juan Carlos Solís
fueron investigados, acusados y sometidos a proceso debido a su vinculación con
la oposición al PIM.
“Resulta preocupante que, por un
lado, la CNDH reconozca la violación de los derechos humanos de los defensores
comunitarios de manera general en la recomendación 25/2016, pero de manera
particular niega estas violaciones en la queja CNDH/6/2014/2918/Q, negando el
derecho a los defensores de derechos humanos a la reparación del daño civil y
moral causado”,
advierte el Frente.
Luego agrega que al negar en lo
particular que se violentaron los derechos de los activistas, se convierte en
“letra muerta” la recomendación general 25/2016 “Sobre agravios a personas
defensoras de derechos humanos”, así como la Recomendación 003/2018.
El Frente de
Pueblos menciona que, pese a que los
tres opositores al gasoducto obtuvieron amparos y resoluciones judiciales en
los que quedó asentado que no fue justificada su detención y persecución
judicial, la CNDH determinó, que no
existía violación a los derechos humanos, pues se emitieron carpetas de
investigación, órdenes de aprehensión y autos de formal prisión.
Además,
acusa el FPMPT, la CNDH tampoco analizó
“como se condujeron los ministerios públicos dependientes de la Procuraduría
General de Justicia del Estado al imputar los cargos a los defensores”.
Los tres defensores encarcelados por
este caso fueron considerados por organizaciones civiles estatales y nacionales
como “presos políticos” del pasado gobierno de Moreno Valle.
Entre las
irregularidades que el Frente menciona
que no fueron valoradas por la CNDH, está el hecho de que el MP de Atlixco
omitió hacer un examen de la legalidad del delito de obstrucción de obra
pública al no contar en la carpeta de investigación con los permisos de la
obra, los cuales debían incluir la autorización de la comisariada ejidal
Enedina Rosas.
Rosas y su hermano Carmelo, así como
Avelino Velázquez, se negaron a firmar los permisos que requería la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) para el paso del gasoducto por sus comunidades.
Luego de esto, se les acusó de haber
robado dos celulares a empleados de la empresa italiana Bonatti, subcontratada
para llevar a cabo la obra, así como de haberse opuesto a que iniciaran el
gasoducto, pese a que quedó demostrado que no tenían permiso de las localidades
afectadas.
El FPMPT
advierte que, en el caso de Flores Solís y de otros nueve opositores al
Proyecto Integral Morelos, aún existe
otro proceso penal abierto en el que la CFE los acusa de privación ilegal de la
libertad, pandillerismo y contra funcionario público.
Enseguida recuerda que decenas de
organizaciones de derechos humanos, sociales, colectivos, defensores de
derechos humanos, radios comunitarias e individuos emitieron una acción
urgente, en agosto de 2017, contra las violaciones de este último proceso y conminando
a la CNDH a que resolviera con prontitud la queja que hoy concluye el que no
existieron violaciones a los derechos humanos.
En este
sentido, el Frente pide a la CNDH que
reabra la queja y emita una nueva resolución en la que se reconozcan las violaciones
cometidas contra los defensores de derechos humanos opositores al PIM y se
recomiende la reparación del daño causado y garantías de no repetición de actos
de criminalización en su contra con motivo de su labor de defensa.
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