Diputadas de
oposición y activistas denunciaron que
los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México
(PVEM) de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales intentaron
nuevamente avanzar hacia la aprobación de la iniciativa de la Ley General de
Biodiversidad (LGB) promovida por la Senadora “verde” Ninfa Salinas.
En
entrevista para SinEmbargo, la Diputada María García Pérez, del Partido Acción
Nacional (PAN), señaló que el pasado
jueves, sin quórum, los legisladores del PRI y PVEM que pertenecen a la
comisión discutieron el dictamen que ha sido criticado por organizaciones de la
sociedad civil, académicos y fracciones parlamentarias de oposición, al
considerar que violenta derechos humanos y abre la puerta a actividades
extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas.
El PVEM no
ha emitido una postura al respecto.
Este diario
digital solicitó a una entrevista con Eduardo Arturo Quijano Laviada,
secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados, quien aseguró que haría una declaración pública al
respecto, que hasta el momento no se ha concretado.
En Artículo
167 del Reglamento de la Cámara de Diputados se lee: “Para que exista Reunión
de comisión, se requerirá la integración del quórum”, es decir rebasar el aforo
de la mitad más uno del total de los 30 integrantes. Además, señala una
tolerancia de 30 minutos para arrancar con la sesión, no obstante, a pesar de que el pasado jueves únicamente se registraron
15 diputados dos horas después de la cita, la reunión se llevó a cabo.
“Pasaron cerca de dos horas cuando
iniciaron apenas la reunión y aunque no tuvieron quórum ellos la aprobaron […]
Los del PRI y los del Verde se juntaron y fueron los que aprobaron esta
iniciativa que está fuera de toda legalidad por no contar con quórum y por
violentar el reglamento de la Cámara”, criticó la Diputada.
En ese
sentido, Gustavo Sánchez Valle, presidente del consejo directivo de la Red
Mocaf, señaló una vez más que la
modificación constitucional sólo obedece a intereses económicos y resultará
dañina para el medio ambiente y para los derechos de pueblos indígenas.
En ese punto
coincidió la legisladora García Pérez, quien afirmó que “detrás [de la Ley de Biodiversidad] hay intereses económicos de algunos
grupos, sobre todo de quien fue la autora de esta iniciativa que es la Senadora
Ninfa Salinas”.
Mientras
tanto, Sánchez Valle recriminó el actuar
de los diputados del Verde y del PRI que integran la comisión: “Es lamentable
la actuación de los Diputados del Verde y del PRI, quienes no han logrado
reunir el quórum y aun así pretenden pasarlo al Pleno. Nos queda ya muy claro
que el modelo de democracia representativa está agotado […] Es vergonzoso que
se encierren en una sala y paren el reloj legislativo para poder juntar el
quórum y aún sin lograrlo quieran pasar un dictamen. Van en contra de todo
principio de participación y de inclusión”.
“Es preocupante este virtual
secuestro de espacios públicos, como es la Cámara de Diputados, para fines
particulares. Desde mi punto de vista es la parte más preocupante de la
actuación de los legisladores del PRI y el Verde que componen las comisiones de
Medio Ambiente”,
agregó.
En febrero
pasado, el líder de los diputados del PVEM, Jesús Sesma Juárez, aseguró que los
legisladores de su partido estaban confiados en que “tenemos que sensibilizar,
y por supuesto que lleve todo el proceso legislativo”, por lo que no se
aprobaría “al vapor”.
Y acusó que las
críticas al proyecto de la Senadora verde eran “por una cuestión político
electoral” y advirtió que no iban a “frenar “el proceso de la modificación
constitucional.
La aprobación en el Senado de la Ley
General de Biodiversidad se dio en medio del escándalo por el aval a la Ley de
Seguridad Interior. En esta ocasión se dio al inicio del puente vacacional de
Semana Santa.
TRATARÁN DE
EVITAR QUE LA LEY PASE.
La Diputada
García Pérez adelantó que la próxima
semana desde el PAN trabajarán para lograr que se agende una nueva reunión y
reponer la discusión para discutir la minuta “como debe de ser” y en apego al
Reglamento de la Cámara. Por lo que de momento no se sabe cuándo el
procedimiento llegará al Pleno.
Por ello, hizo un llamado a los legisladores del PRI
y Verde a “que se apeguen a lo que marca el reglamento, que se apeguen a las
voces de los demás. Que escuchen a la gente que realmente está inmiscuida, que
sabe, que vive y que está dentro de estos temas importantes”.
Por su
parte, el defensor Sánchez Valle pidió a
la sociedad mexicana permanecer informada sobre lo que ocurra para evitar que
la Ley General de Biodiversidad se convierta en una realidad. Asimismo,
manifestó que la actuación de los partidos mencionados podría acarrear un costo
político en las próximas elecciones.
“Con este tipo de actuaciones están
contribuyendo más al descrédito de una administración que está terminando con
los niveles más bajos de aceptación por parte de la sociedad y que representan
un lastre para el candidato de esa alianza PRI, Verde y Nueva Alianza [José
Antonio Meade Kuribreña]”, advirtió.
La diputada
perredista Cecilia Soto señaló en días
pasados que su partido no considerará “válida esa aprobación a un dictamen que
fue hecho ilegalmente”.
UNA LEY QUE
FAVORECE LA EXTRACCIÓN.
El mes
pasado, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, compuesta
por cerca de cien organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, civiles,
de derechos humanos y académicas compartió una serie de deficiencias que la
minuta presenta, entre las que destacan las siguientes:
–Omite derechos de los pueblos
indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
–Se
fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de
protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena.
–Pretende privatizar los recursos
genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto
último, sin su consulta y consentimiento.
–Debilita las Áreas Naturales
Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la
causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de
la minería y la industria energética.
–Adolece de mecanismos certeros y
adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación
ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se
distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y
organizaciones.
–Contraviene acuerdos internacionales
como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas
Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
–Lejos de implementar el Protocolo de
Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades.
–Dificulta
la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de
Naciones Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y
requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional.
–Limita las
posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda
2030.
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