Salvador
Camarena.
En unos días
se cumplirá el primer aniversario de la muerte de Sergio González Rodríguez, quien entre otras cualidades tuvo la de
empeñarse en el estudio y la denuncia de la manera en que, al menos desde los
años noventa, hemos normalizado la barbarie.
La tragedia
que envuelve a tres estudiantes de Guadalajara que se encuentran desaparecidos,
aunada a la de otro más, que el domingo fue encontrado muerto en circunstancias
por aclarar, hace obligado consultar a Sergio; leerlo, pues.
Porque habrá quien crea que lo que
ocurre en Jalisco en estos meses y años es una calamidad, no por anunciada,
evitable; un asunto donde los gobiernos –locales y el federal– sólo tienen
responsabilidad por su palmaria incapacidad a la hora de proteger a sus
ciudadanos más vulnerables: los jóvenes.
González
Rodríguez, en cambio, creía –lo digo por
habérselo escuchado varias veces– que en la omisión de los gobiernos se
escondía una complicidad deliberada, nunca pasiva; que de manera consciente los
gobernantes asumían un rol protagónico, uno que servía claramente a los
propósitos de los criminales.
Se han
cumplido otras 24 horas sin que sepamos del paradero de Javier Salomón Aceves,
Daniel Díaz y Marco García, estudiantes de cine de la Universidad de Medios
Audiovisuales (CAAV) de la capital jalisciense.
Ese nuevo día sin noticias, y cada
hora que se acumule, deben ser el recordatorio de una conclusión sencilla de
enunciar, pero desoladora por sus implicaciones.
El gobierno
de la República y el gobierno del estado de Jalisco carecen de toda capacidad
para disuadir a los criminales. Vivimos en un Estado insolvente, que no puede
hacer válida la premisa que lo funda. Ni encuentra a los jóvenes ni mucho menos
provoca que quienes los secuestraron los liberen, o al menos digan dónde encontrarlos.
Esa incapacidad no puede ser vista como casual o desinteresada, pues la
tragedia de #NoSonTresSomosTodxs no pudo
ocurrir sin que en el origen esté el Estado, que tolera a los criminales, que
los cobija en sus instituciones policiacas, que al dejarlos de perseguir los
sirve.
En Los 43 de
Iguala. México: verdad y reto de los estudiantes desaparecidos (Anagrama,
2015), González Rodríguez denuncia que
lo ocurrido a los normalistas de Ayotzinapa era “un ejemplo exacto de la
vigencia de lo perverso bajo la apariencia de lo normal”. Leamos estos
extractos con la mirada puesta en Jalisco:
“Para alguien como yo, que creció
bajo la bandera de una generación en pos de un mundo mejor, luce inaceptable el
presente. Los jóvenes, excepto una minoría, son extraños en su tierra, ya que
están expuestos, más que a las necesarias oportunidades de educación, empleo,
cultura, justicia, civilidad, a los riesgos de la violencia, el crimen, la
toxicomanía, la economía informal, el pandillerismo, las armas, la explotación
laboral o la de tipo sexual.
“Aunque no
haya una política explícita de violación de los derechos humanos, sí existen y
se toleran prácticas de violación de los derechos humanos en el sistema
político. Ésta es la razón por la que protestan personas y multitudes contra la
barbarie normalizada.
“El mal se
ha instalado entre nosotros inscrito entre los pliegues de la fe en el dinero,
la guerra y la técnica. Hay que evitar, con el mayor ímpetu, contra toda
ficción, contra toda vileza de cínicos y zafios, volverse parte de él.
“Debemos
recobrar la lucidez ante la actualidad del horror consentido, y ejercer la
libertad de transformar lo aciago”.
Las consecuencias del “horror
consentido” están por doquier. Porque quedarse sin hacer nada no es una opción,
tenemos que aplaudir y acompañar a los jóvenes que salen a reclamar por la vida
de sus compañeros y por la suya. Que la pasividad no sea opción ante los
criminales y los gobiernos omisos, que los jóvenes escuchen al Sergio que otros
desoímos: “La inadvertencia ayuda a vivir, sí, pero al final resulta una usura
que no se puede pagar”.
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