Arturo
Rodríguez García.
La violencia en la cabecera municipal
de Nochixtlán, Oaxaca, llenó de indignación y pánico el inicio de la llamada
Semana Mayor, reviviendo en el ruido de motores, incesante repique de campanas,
cohetones y disparos, lo que hace casi dos años, el 19 de junio de 2016, ocurrió
ahí, cuando ocho personas murieron y decenas resultaron heridas.
En esa comunidad mixteca, se
materializa lo que ocurre en el proceso electoral federal, es un escenario
reflejo de la política nacional.
Para el
pueblo, las cosas han cambiado desde
aquel operativo letal que lanzaron los gobiernos de Gabino Cué y de Enrique
Peña Nieto, para desalojar profesores que mantenían un bloqueo carretero. Fue
un desastre: las hostilidades se extendieron aquel día de 2016 a la mancha
urbana y la población terminó confrontando la avanzada policial cuando, sin
miramientos, allanó el camposanto y detuvo a los dolientes en un funeral; atacó
con gases desde un helicóptero el hospital y disparó sobre población civil de
manera indiscriminada. Una jornada tremenda a la que llegaron en apoyo decenas
de comunidades mixtecas.
Colocada así en el mapa de la
represión impuesta por el peñanietismo, Nochixtlán ha visto desde entonces la
injusticia sobre el caso, padece el pernicioso divisionismo que suelen alentar
los grupos de poder para minar la indignación social, y la continuidad del
cacicazgo político y económico de los hermanos Herminio y Daniel Cuevas.
Identificados
con el exgobernador Ulises Ruiz –y con
el titular de Sedesol federal, Eviel Pérez–, los Cuevas solían alternarse la
presidencia municipal y la diputación local. Al mismo tiempo, acumulaban
riqueza. Los símbolos de su poder político y económico, el Palacio Municipal y
su rancho fueron incendiados por la población en los sucesos de junio de 2016.
El cabildo quedó disuelto de hecho y ellos desaparecieron. Pero su influencia
se mantuvo.
Cosas del
gatopardismo partidista de estos tiempos, los
Cuevas dejaron como presidente municipal a Rubén Alcides, quien ganó la
elección por el estatal satélite del PRI, Partido Social Demócrata. Asumió el
cargo y se dedicó a reconstruir la estructura electoral y clientelar de los
caciques vilipendiados, que se articula en las organizaciones de taxistas.
En Nochixtlán, la descomposición se
expresa en robos en pleno día y homicidios, 15 de estos, estilo paramilitar
durante 2017. El
domingo, una mujer fue asesinada en el centro y con ese pretexto Rubén Alcides
convocó a través de redes sociales a un acto la noche del lunes, para analizar
el Fondo IV del Ramo 33, sin embargo,
lejos de acciones para la seguridad, tuvo como principal “acuerdo” el retiro de
cascarones vehiculares incendiados en junio de 2016, sin importar que formaran
parte de la cadena de custodia con diligencias pendientes. Lo hizo con los
taxistas de la vieja estructura, una acción evidentemente política.
La oposición del Comité de Víctimas
del 19 de Junio por la Justicia y la Verdad (Covic) al retiro de esos vehículos
fue respondida a golpes y disparos –las víctimas dicen que de policías
municipales– que se prolongaron por al menos tres horas, dejando mal heridos a
Juan Acevedo Martínez, con tiro en el hombro y pulmón perforado, así como a
Martín Silva, con disparo en la pierna, ambos del Covic.
Rubén Alcides
intenta reelegirse, ahora por la coalición Por México al Frente, alianza esta
que como en otras candidaturas en Oaxaca –incluida la del exdirector de
Liconsa, Héctor Pablo Puga, al Senado– lleva el sello de Ulises Ruiz, en pleito
con los Murat, que por su parte, resienten el descontrol de la entidad, entre
las injerencias de José, el padre y, de Alejandro, el vástago gobernador
dedicado a los maratones.
Cancha abierta a Ulises, que
convenientemente apareció el pasado martes con una coartada para el blindaje:
criticó la campaña de José Antonio Meade, entroncando una vez más con un
personaje clave para Nochixtlán, como lo es Aurelio Nuño, a quien pide relegar.
Mensajes mafiosos, entre líneas, al viejo estilo priista… y de por medio, un
pueblo.
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