Jenaro
Villamil.
El 3 de
septiembre de 2014, después de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente
Enrique Peña Nieto anunció en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos la
“gran obra de su sexenio”: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (NAICM), en el terreno lacustre del viejo Lago de Texcoco. Se anunciaron 169 mil millones de pesos
como costo inicial en tres etapas de construcción.
Durante los
20 meses previos al anuncio, el proyecto
se negoció en el más absoluto sigilo. Ni en el Plan Nacional de Infraestructura
del sexenio ni en los anuncios de inversiones multimillonarias para la
construcción de carreteras o trenes de pasajeros se incluyó la posibilidad de una
nueva terminal área.
El sigilo es la esencia de la
opacidad de este faraónico proyecto. No es para menos. Desde el sexenio de
Vicente Fox, el grupo Atlacomulco, comandado entonces por Arturo Montiel,
invirtió millones de pesos para publicitar el nuevo aeropuerto internacional en
Texcoco. El gobierno de Fox expropió 5 mil 400 hectáreas a 4 mil familias.
Los comuneros de San Salvador Atenco
crearon el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para expresar su
oposición al proyecto. Fueron reprimidos y estigmatizados mediáticamente con
brutalidad. “Los macheteros” de Atenco, les dijeron los mismos comentaristas
que hoy defienden la inamovilidad del proyecto.
El sigilo y la opacidad tienen como
contracara la represión. El proyecto de poder de Peña Nieto está estrechamente
ligado a un acto de brutalidad policiaca y gubernamental cometido en mayo de
2006, cuando fueron
reprimidos de manera violenta los comuneros de San Salvador Atenco. El saldo
fue de dos jóvenes muertos, más de 30 mujeres abusadas sexualmente, cuyo caso
llegó a los tribunales internacionales, y 200 detenidos. Ahí quedó sellado el estilo personal de reprimir de Peña Nieto y la
importancia del NAICM.
Durante el
sexenio de Felipe Calderón se “congeló” el proyecto de su antecesor, pero el
director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, se convirtió en uno de los más firmes
opositores al nuevo aeropuerto en el ex lago de Texcoco, porque será más
costoso y de alto riesgo en materia de seguridad hídrica.
La Unión de Científicos Comprometidos
con la Sociedad (UCCS) dijo que un nuevo aeropuerto en esta zona afectará al
colindante lago Nabor Carrillo, ejemplo de restauración ecológica y hogar de
más de 120 mil aves migratorias, incluido el pato canadiense, en peligro de
extinción.
Todas estas críticas y
cuestionamientos quedaron sepultados cuando Peña Nieto anunció que se eligió el
proyecto de diseño del célebre arquitecto británico Norman Foster, junto con el
arquitecto mexicano Fernando Romero. El aeropuerto en Texcoco iba y con todo: seis pistas construidas en 4 mil 430
hectáreas, con 94 puertas de contacto, que transportará a “cerca de 120
millones de pasajeros al año”, que será “uno de los 3 más grandes del mundo” y
se convertirá en “referencia global de sustentabilidad”.
Su costo mínimo era de 169 mil
millones de pesos, de los cuales 120 mil millones se destinarían a la
construcción de la infraestructura aeroportuaria (terminal, torre de control,
pistas e instalaciones auxiliares), 20 mil 500 millones de pesos al diseñador,
a la ingeniería y a la gestión de proyectos, y 16 mil 400 millones a las obras
hidráulicas.
De aquel monto original, 98 mil
millones de pesos serán aportados por recursos fiscales multianuales y 71 mil millones de pesos por el
sector privado, a través de créditos
bancarios y emisiones de bonos como las famosas Fibras E (Fideicomiso de
inversión en infraestructura o energía).
Hoy sabemos que 45% de los 30 mil
millones de pesos que se captaron a través de las Fibras E para el nuevo
aeropuerto provienen de las Afores de los trabajadores, 54% de los fondos de
inversión y sólo 1% de fondos internacionales, según la información del propio Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
La danza de las cifras y de los
contratos comenzó entre 2015 y 2017, convirtiendo a la obra estelar del sexenio
peñista en un modelo para armar de opacidad y de corrupción.
Las seis
pistas.
El escándalo
generado por el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por su disposición de revisar los contratos
del NAICM y de replantear este proyecto, junto con un comité técnico de 15
especialistas, tiene como precedente las siguientes “pistas” del aeropuerto:
1. Desde
septiembre de 2017, la organización México Evalúa cuestionó que el proyecto del NAICM hubiera ascendido de 169 mil a 180
mil millones de pesos (y ahora se habla de un costo de 210 mil millones de
pesos) sin que existan los elementos presupuestales y evaluaciones claras para
sustentar este sobrecosto.
2. El
diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, presidente de la Comisión de
Seguimiento del proyecto del aeropuerto, denunció
el sobrecosto de 50. 000 millones de pesos y puso como ejemplo de la opacidad y
la presunta corrupción en el proyecto que el 70% de los contratos fueron
adjudicados de manera directa, sin licitación.
3. Un claro
ejemplo de este sobrecosto lo difundió el 26 de marzo el portal digital
Aristegui Noticias. La investigación de este sitio informativo logró documentar que existe un sobrecosto
de la barda perimetral y que ésta se levantó sin tener un proyecto ejecutivo
(como en el Paso Exprés de Cuernavaca). La barda, construida por la Sedena y
empresas fantasmas involucradas, tuvo un costo 89% mayor (como en los casos de
la Estafa Maestra).
4. Otro
ejemplo claro fue la denuncia
interpuesta por la compañía portuguesa Mota Engil, encabezada por el portugués
Antonio Mota, que se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública en
contra de las licitaciones que suman 160 mil millones de pesos. Su denuncia
obligó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a publicar por primera y
única vez la segunda licitación del techo de la terminal por 3 mil 876 millones
de pesos.
La compañía portuguesa tiene un largo
historial de rezago en sus contratos, pero su litigio ayudó a abrir las
compuertas de irregularidades que no se conocían. Incluso, varias de las compañías involucradas en el NAICM consideran que la
techumbre de la nueva terminal es uno de los casos más delicados.
5. La
Auditoría Superior de la Federación
(ASF) detectó irregularidades por más de 1, 000 millones de pesos en su
revisión de la cuenta pública de 2016. La ASF realizó seis auditorías al
GACM, la empresa de participación estatal responsable de la administración del
proyecto, y encontró que se han cometido
irregularidades en pagos a contratistas, gastos innecesarios en comunicación
social (¿cuánto chayote se ha cultivado en estos meses de infomerciales en
noticieros y comentaristas a favor del inamovible NAICM?), servicios que no se
comprobaron con documentación y pagos por materiales de obra a precios fuera de
mercado.
6. La nuez de la opacidad y la corrupción es
la conformación del propio GACM. El presidente del Consejo de Administración de
esta “empresa estatal” es el propio titular de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, el “esteta de la corrupción” de este sexenio, como lo calificó Pablo Díez Gargari, el abogado de
Infraiber. Ruiz Esparza es el
“responsable del financiamiento y la construcción de la nueva terminal área de
la Ciudad de México”. Ahí está la principal pista que puede descarrilar todo el
proyecto faraónico del Grupo Atlacomulco.
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