La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) mostró hoy su preocupación por la Ley de Seguridad
Interior de México, que formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad, puesto que puede debilitar los derechos y libertades
individuales.
“La preocupación que muestro con la
ley de seguridad interior es la misma que extendió la comisión el pasado 4 de
diciembre. De un lado es legítimo y necesario fortalecer la garantía de derecho
a la seguridad, pero sin comprometer ni debilitar derechos ni libertades
individuales”,
aseguró la comisionada Flavia Piovesan durante las audiencias que la CIDH
celebra en Bogotá.
En este
sentido, señaló que “la formación
castrense tiene otra lógica, otra racionalidad” a la policial, por lo que
consideran que los militares no tienen la experiencia necesaria ni la
preparación adecuada “para el desarrollo de este rol de seguridad”.
En ese
sentido, Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la
Seguridad Democrática y uno de los voceros que tomaron la palabra en nombre de
la sociedad civil, aseguró que la
inseguridad ha crecido.
“Si tuviéramos una máquina para
regresar en el tiempo y nos hubiéramos reunido durante una hora hace dos años,
habría 2,1 homicidios en México en esa hora. Hoy, habría 3,5 personas
asesinadas”,
comentó.
Además de esa
degeneración de la situación, aseguró
que la ley de seguridad “invierte el mando civil sobre el militar”, mientras
que no hay “evidencia de que la intervención militar reduzca la violencia”.
Por su
parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de
México, Miguel Ruiz Cabañas, señaló que
la aplicación de la ley todavía no ha sido implementada, puesto que todavía
debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia.
Ruiz Cabañas
dijo que “existe una serie de políticas”
de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas, autoridades civiles y Policía Federal
“para imbuir las normas de uso debido y proporcionado de la fuerza”.
También ha
recibido un “entrenamiento muy productivo en materia de respeto a los derechos
humanos”.
Sin embargo,
dijo que con esa ley no se va a
“criminalizar la protesta social”.
“Lo que inspira esta ley es la
amenaza real y es que lamentablemente el narcotráfico y el crimen organizado no
puede identificarse con protesta social”, agregó.
La
situación, en opinión del funcionario, se ha agravado gravemente por las
numerosas tiendas de venta de armas sin mucho control en Estados Unidos cerca
de la zona de frontera, “lo que produce un tráfico brutal de armas a México”.
Ante esa
situación, cree que las armas de asalto
“inundaron” México y beneficiaron “al crimen organizado”, que hoy “tiene una
capacidad de fuego superior a las fuerzas policiales”.
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