El
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez, advirtió que, en materia
de contratación de publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto carece
de “criterios objetivos, claros y transparentes” para designar las pautas
publicitarias.
Durante el
foro de análisis “Hacia la Regulación de la Publicidad Oficial en México”, presentó un informe especial basado en
solicitudes de información a las 32 entidades del país y el gobierno federal
sobre los mecanismos, normatividad, reglamentos y criterios para contratar la
publicidad oficial.
El documento
fue entregado al Congreso de la Unión a
fin de que sea tomado en cuenta en la elaboración de la Ley de Publicidad
Oficial, en apego a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
El ómbudsman
nacional puntualizó que la falta de
regulación ha generado designaciones “discrecionales” en la contratación de
publicidad oficial por parte de los estados y el gobierno federal, lo que es
contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
Según el
funcionario, el informe tuvo como eje de análisis las observaciones que la
Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) hizo a México, así como dos recomendaciones emitidas por la
CNDH, una de ellas promovida por la revista Proceso, misma que fue “incumplida”
por la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia a la que fue dirigida.
González
Pérez consideró que en el ámbito federal
“la normatividad que rige la contratación oficial es omisa en contemplar
criterios objetivos, claros y transparentes en que las dependencias puedan
fundar y motivar la elección de contratación de medios publicitarios”.
La normatividad federal, agregó, “únicamente prevé que las dependencias y entidades públicas sean
responsables de administrar y ejercer los recursos destinados a cubrir gastos
de servicios de publicidad de conformidad con criterios de eficiencia,
eficacia, honradez e imparcialidad”.
Bajo dichos
términos, se genera que “sin
justificación alguna se deje a la discrecionalidad de cada dependencia realizar
contrataciones con los medios de comunicación sin que se señale, en un solo
supuesto, que la adquisición de publicidad obedezca a parámetros objetivos como
tiraje, costos de publicidad, oportunidad en la distribución o distribución
geográfica en el territorio nacional, lo que provoca que las entidades de la
administración federal no apliquen en la práctica criterios objetivos e
imparciales con que se garantice la igualdad de oportunidades entre todos los
diversos medios que buscan esa contratación”.
En el caso de las entidades
federativas, el
ómbudsman advirtió que el ejercicio
presupuestario se centraliza en las coordinaciones de comunicación social de
las oficinas de los ejecutivos estatales que “propician el uso discrecional y
excesivo de la asignación y contratación de publicidad oficial con fines ajenos
a la utilidad pública que debiera tener ésta, puesto que la publicidad oficial
debe tener como fin mantener informada a la población sobre planes, programas y
acciones de la administración pública estatal”.
Publicidad
oficial inequitativa
Durante el
foro, la representante en México de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, destacó
que “hoy por hoy, las líneas editoriales
tienen detrás 40 mil millones de pesos ejercidos sólo por el gobierno federal,
de los cuales 56% se asigna a 20 medios de comunicación y 44% a más de tres mil
medios de comunicación”.
Luego, lamentó que “la publicidad oficial no sólo
genera narrativas oficiales sino también impacta en la concentración y en la
pluralidad informativa”, así como que “estos 40 mil millones de pesos funcionan
constantemente para hacer lo contrario” a la urgencia ciudadana de “tener
coberturas de interés público que nos permitan tomar decisiones”.
Artículo 19
es la organización que promovió el amparo ante la SCJN que derivó en la
sentencia que ordena al Congreso de la Unión la regulación de la publicidad oficial.
La defensora
llamó a considerar que la publicidad oficial es “más allá de un montón de dinero que se ejerce para coptar a los
medios, para coptar las líneas editoriales, es también un mecanismo para que
nosotros no conozcamos lo que está sucediendo afuera”.
Ana Cristina
Ruelas sostuvo que, como una práctica
constante, lo que ha ocurrido es que los casos de alto impacto social “se
tratan de maquillar, cambiar o borrar de la historia”, lo que en últimos años
resulta “más difícil con las redes sociales y con el boom del entorno digital”,
aunque ello no aplica en las comunidades más marginadas que “al final la
información que reciben es la que el Estado quiere que conozcan”.
La directiva
de Artículo 19 criticó que, en la discusión sobre la iniciativa de Ley de
Publicidad Oficial, el documento de trabajo que se presentó está encaminado a “recuperar las malas
prácticas” de la sobreexposición de figuras públicas, de hacer “proselitismo a
través de la Segob y para seguir impactando en la contienda electoral”, además
de que “genera nuevas malas prácticas”.
Entre las novedades que se contemplan
en la iniciativa, está la creación de “dos bolsas” de recursos, “una para
campañas de comunicación y otra no regulada que sería sujeta de opacidad y otra
vez de mecanismos de control indirecto”.
Ruelas y el
ómbudsman nacional exhortaron al
Congreso de la Unión a tomar en cuenta las observaciones de organismos
internacionales sobre la regulación de la contratación de publicidad oficial,
así como el diagnóstico presentado este día por la CNDH.
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