El fracaso de la reforma energética y la corrupción.

Araceli Damián.

En este proceso electoral los candidatos presidenciales dirán en todo momento que son la única alternativa viable para que México sea cada día más próspero, haya menos pobreza y violencia, y se acabe con la corrupción.

Dos partidos políticos, el PRI y el PAN, han gobernado a nivel federal y en cada elección han hecho la misma promesa sin ningún resultado. Por el contrario, cada día hay más pobreza y un deterioro de la educación pública, del salario, de los servicios de salud y de la seguridad social, entre otros. Incluso las reformas “estructurales” que nos fueron ofrecidas como la panacea para solucionar los problemas del país, han sido un fracaso y sólo han beneficiado a unos cuantos.

Para contrarrestar la guerra sucia que el gobierno y las élites han iniciado, los ciudadanos requieren información confiable que les permita tomar una decisión sobre su voto en las próximas elecciones. Un instrumento valioso que puede servir para este fin es el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elabora cada año y, que, en fechas recientes, entregó en su versión 2016 a la Cámara de Diputados. Ahí podemos obtener información sobre el desvío de cuantiosos recursos por parte de los gobiernos federal y locales, así como datos que dan cuenta del fracaso de las distintas reformas estructurales.

En lo que respecta a la reforma energética, es necesario recordar que en realidad ésta inició con la privatización de la producción de energía eléctrica, durante el gobierno del ex panista Felipe Calderón. Se argumentó que ello permitiría reducir los costos de producción, modernizar la planta productiva y terminar con una base trabajadora supuestamente ineficiente y un sindicato corrupto. Además de decretar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, se permitió una mayor inversión de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica. Actualmente, la CFE (Comisión Federal de Electricidad) compra a privados una buena parte de la energía que se consume en el país, sobre todo a empresas españolas, siendo éstas las que obtienen jugosas ganancias, mientras que los ciudadanos continuamos pagando elevados precios por este bien básico.

La reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto, y aprobada básicamente por el PRI y el PAN, prometía una reducción en el precio de los energéticos a cambio de permitir la participación de privados en la actividad petrolera. Sin embargo, tal es el fracaso de esta reforma que las gasolinas son más caras aquí que en Estados Unidos, además de que el alza de los precios ha provocado una reducción en el consumo de gasolina de alrededor de 20% entre enero y febrero de este año, con respecto a 2016.

Por otra parte, la reforma facilitó que las empresas del Estado mexicano, en este caso CFE y PEMEX (Petróleos Mexicanos), puedan realizar con mayor facilidad negocios fraudulentos. Según la ASF existen grandes deficiencias en el modelo de gestión en ambas compañías. A pesar de que se dijo que la transformación de las entidades paraestatales en empresas productivas del estado perseguía establecer un gobierno corporativo que pudiera obtener mayor eficiencia y utilidades, el resultado ha sido lo opuesto, desde su conversión en empresas productivas, ni PEMEX ni CFE han aportado beneficios para el Estado. La ASF señala que, por ejemplo, cuando PEMEX adquirió Grupo Fertinal incurrió en una pérdida de 565 millones de pesos, además de que, en la contratación para el suministro de Etileno para el complejo petroquímico Etileno XXI, hubo una pérdida de 1, 900 millones de pesos.

Otro de los mecanismos que han provocado pérdidas cuantiosas es el de adjudicación directa, mediante el cual, por ejemplo, PEMEX contrató el mantenimiento y conversión de residuos en las refinerías de Salamanca y Tula, que han generado observaciones por un monto de más de 1, 178 millones de pesos. Como ha sido documentado por la ASF, la asignación directa de contratos se ha traducido en negocios opacos que generan pérdidas para el estado mexicano y, por tanto, para la sociedad.

En el Informe de la Cuenta Pública 2016, la ASF apuntan problemas y disfunciones estructurales en la gestión de las empresas productivas del Estado, que tanto el gobierno como el legislativo pretenden ignorar, ya que los partidos que aprobaron la reforma energética buscaban consolidar una élite administradora de la riqueza de la nación con suficiente poder para tomar decisiones arbitrarias o fraudulentas en beneficio de unos cuantos.

Esto se hace posible ya que las contrataciones se dan en un marco regulatorio de absoluta impunidad, en el que la institución encargada de prevenir, investigar y sancionar esos delitos, la PGR (Procuraduría General de la República), está controlada por el Ejecutivo federal y no persigue tales delitos, dejando en la indefensión al conjunto de la sociedad, que queda como testigo de la forma en que se opera el saqueo a la nación.

Es necesario reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, detener los procesos de privatización y recuperar el rol rector del Estado, desde una perspectiva estratégica y de soberanía económica sobre el sector energético, algo que tendremos que exigir a quienes queden en el poder ejecutivo y legislativo.