Con 53 votos a favor,
15 en contra y una abstención, el Senado aprobó el dictamen por el que se
adiciona un artículo a la Ley General de Salud y que contempla la objeción de
conciencia, una iniciativa que permite al personal médico y de enfermería
negarse a brindar cualquier servicio que vaya en contra de sus valores éticos y
morales, como en el caso del aborto y la eutanasia.
De acuerdo con el dictamen aprobado, se permitirá que los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores
de servicio social que formen parte del Sistema Nacional de Salud puedan
“excusarse de participar y/o cooperar” en programas, actividades, prácticas,
tratamientos, métodos o investigaciones que contradigan sus valores o
principios éticos.
El llamado derecho de objeción de conciencia se podrá ejercer “en cualquier momento” y
no está limitado por la actuación del personal médico en situaciones pasadas,
sin embargo, siempre estará sujeto a no poner en riesgo la salud o la vida del
paciente, y a que no constituya un delito, “en caso contrario incurrirá en
causal de responsabilidad profesional”, según el documento.
También precisa que la
Secretaría de Salud será quien emita los lineamientos para manifestar la objeción
de conciencia y tendrá la obligación de contar en todos los casos con “personal
no objetor” que reciba y atienda al paciente para no negar el derecho a la
atención médica.
El dictamen aprobado fue turnado al presidente Enrique Peña
Nieto para su aprobación.
Objeción de conciencia e incompetencia legislativa.
Durante el debate,
senadores de oposición manifestaron su rechazo a la iniciativa, pues consideran
que es un retroceso a los derechos humanos, principalmente al de las mujeres.
La senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez se manifestó en contra y argumentó que se
trata de una reforma que va contra la progresividad de los derechos de las
personas. Incluso, acusó que el PRI mantuvo un “pacto” con el Partido Encuentro
Social en la Cámara de Diputados para aprobar esta reforma.
Angélica de la Peña, legisladora del PRD, explicó que la objeción de conciencia tiene
fundamento jurídico en diferentes naciones, pero que en este caso se busca contrarrestar
los derechos fundamentales de las mujeres mexicanas para frenar su derecho a
abortar, por lo que insistió en que el cambio en la ley “es un retroceso tratar
de imponer ideologías al derecho de cada mujer sobre su persona”.
Senadores panistas, como Francisco Salvador López Brito y
Víctor Hermosillo y Celada defendieron el proyecto con el argumento de “garantizar
el derecho de los trabajadores de la salud para abstenerse de prestar sus
servicios”.
“Como se acepta el hecho de no ir a la guerra porque no
quiere asesinar a otro ser humano, también se debe aceptar que un médico no
admita asesinar a un nonato”, expuso Hermosillo al defender la iniciativa.
De acuerdo con César Palacios, doctor en Ética de la Ciencia
por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y actual investigador asociado
del Centre of Medical Law and Ethics, del King´s College London, el problema con esta iniciativa es que está
tan mal redactada que va a impactar muchas partes de la práctica médica. “Tan
sencillo como puede ser que te encuentres un médico que no cree en las vacunas,
como pasa en Estados Unidos o en Europa, y, de acuerdo a esta ley, él podría
objetar proveerlas”.
Organizaciones que defienden derechos sexuales y
reproductivos aglutinadas en la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, como
el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Programa
Universitario de Estudios de Género de la UNAM y el Comunicación e Información
de la Mujer (CIMAC), han acusado que
iniciativas como la adición del Artículo 10 Bis son parte de una agenda de los
grupos conservadores del país.
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