Álvaro
Delgado.
No es la
Procuraduría General de la República (PGR), tampoco el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) y menos José Antonio Meade y el PRI. El responsable del escándalo de corrupción
contra Ricardo Anaya es uno: Se llama Enrique Peña Nieto.
Peña podrá no ser un hombre
ilustrado, pero es políticamente hábil y si no es el orquestador para que la
PGR y el SAT involucren a Anaya en lavado de dinero –un delito legalmente muy
gelatinoso–, es responsable como jefe jerárquico de esas instituciones conforme
a la Constitución.
Peña no es sólo jefe del encargado de despacho
de la PGR, Alberto Elías Beltrán, un empleado, y del SAT, Osvaldo Santín, otro
empleado, sino de otros personajes de peso que claramente están involucrados en
la trama: El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el director
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Alberto Bazbaz.
Hace tres
meses, al iniciar enero, en este espacio se advirtió que el ascenso de
Navarrete Prida a la Secretaría de Gobernación, al frente de un grupo de
políticos mexiquenses que han estado al servicio de Carlos Salinas y Arturo
Montiel, sólo consolida la línea de endurecimiento del gobierno de Peña y una
operación de Estado para levantar e imponer a Meade, el anodino candidato
priista.
Escribí: “La propia reincorporación de Javier Lozano
Alarcón al PRI, quien tras 12 años de beneficiarse del PAN volvió a su entraña,
explica también que las más sucias prácticas políticas se intensificarán, al
mismo tiempo que se fortalece la alianza de Felipe Calderón con Peña, en un
nuevo capítulo del amasiato que iniciaron ambos en la elección de 2006, con
Margarita Zavala como un factor en el cálculo.
“No es fortuito que, además de Lozano
Alarcón, una de las estrategas de Meade sea Alejandra Sota, la vocera de
Calderón en la Presidencia de la República y contratista millonaria de Luis
Videgaray, el personaje que articuló todas las relaciones del panista y Peña
desde el Estado de México.
Añadí: “Navarrete Prida, que de suyo es un político
truculento y que fue procurador de Justicia de Montiel –tío de Peña–, llegaba a la secretaría de Gobernación
acompañado de dos personajes que, ni duda, operarán políticamente contra los
opositores y en favor de Meade: Uno es el subsecretario de Gobierno, Manuel
Cadena Morales, y el otro Alberto Bazbaz Sacal, director general del Cisen.
“La relevancia de Bazbaz no es sólo
por su actuación como procurador de Peña en el caso de Paulette Gebara Farah,
la niña que primero dijo que fue asesinada, luego que plagiada y al final que
se asfixió en el hueco de una cama que fue multirrevisada sin que nadie la haya
visto, sino también por su cargo de responsable de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada del
combate y prevención del lavado de dinero.
“Bazbaz ha acumulado en ese cargo un
arsenal de información que eventualmente será utilizado, en el curso de la
campaña, como golpeteo o chantaje contra opositores, sobre todo estando al
frente del órgano de espionaje del gobierno que, como se ha visto, está al
servicio de los intereses políticos, no de la inteligencia para combatir a los
grupos criminales”.
Ha quedado claro a qué llegó Bazbaz
al Cisen y Navarrete a la Segob, por más que Peña y su vocero, Eduardo Sánchez, nieguen
participación en la trama contra Anaya, con independencia de si éste cometió un
delito que no le ha sido imputado y por tanto es, por ahora, una víctima a la
que pronto se sumarán otros.
Este martes,
Peña se quejó de la rigidez del marco
legal para los servidores públicos en temporada electoral. “Prácticamente no
podemos fijar posición, cuando la tenemos, sobre lo que ocurre en el proceso
electoral”.
Pero esta es
una coartada: Peña está más metido en el
proceso electoral que el propio INE. Pero llama la atención que Anaya y sus
allegados no lo identifiquen a él como el artífice de la que han llamado
persecución, y sólo han promovido al encargado de despacho de la PGR.
Anaya nunca, jamás, ha dicho una sola palabra
contra Peña. Siempre habla de la corrupción y de la ineptitud con generalidades
y, si acaso, culpando al PRI.
Encubrir a
Peña sólo alienta la hipótesis, que yo
no creo pero que va tomando fuerza, en el sentido de que convertir a Anaya en
un perseguido político es, en realidad, una maniobra torcida para convertirlo
en el verdadero candidato contra Andrés Manuel López Obrador…
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