En 2014, la Presidencia de la
República mandó formar un centro de datos de 128 millones 198 mil pesos con 28
centavos mediante un contrato otorgado por adjudicación directa a la empresa
Productos de Consumo Omega S.A de C.V.
El dinero
para dicho proyecto cibernético equivale
al monto destinado por el Gobierno Federal y el de Puebla a los Bancos de
Alimentos de ese estado, un programa que fue parte de la Cruzada Nacional
contra el Hambre que ese mismo año se puso en marcha en ciertos municipios del
país para amainar la pobreza extrema.
Pero los ciudadanos no pueden conocer
si el dinero gastado por la Presidencia de la República se empleó bien. El anexo técnico del contrato
AD-SN-020-14 que concierne al centro de datos fue puesto bajo reserva el 5 de diciembre de 2014 y hasta la misma
fecha de 2026, bajo la custodia de la Dirección General de Recursos Materiales
de la Presidencia de la República.
En 2026,
Enrique Peña Nieto tendrá ocho años de haber dejado la residencia oficial de
Los Pinos. Su edad será de 60 años. La tragedia de Ayotzinapa que descarriló su
Gobierno tendrá 12 años de haber ocurrido. La revelación de que poseía una
mansión en las Lomas de Chapultepec, un affair conocido como “casa blanca,
cumplirá 12 años. Y habrá pasado un año de que su sucesor haya dejado la
Presidencia.
Según la
Escuela de Internet, un centro de datos es un complejo formado por hardware
informático que debe ser accesible desde cualquier rincón del planeta. Puede
ser una habitación dentro de un edificio o un complejo. En él se guarda
información. Del ordenado por el
Presidente Enrique Peña Nieto por ahora no puede conocerse la utilidad, lo que
archiva o si ha resultado efectivo. Tampoco las motivaciones que tuvo para
pedirlo.
El anexo
técnico del contrato fue guardado con tres consideraciones. Una fue el daño al interés público de
preservar la seguridad nacional y la salud, vida y seguridad de las personas,
mediante la realización de diversas conductas que interfieran con la normal
operación del centro de datos, según asentó la Dirección General de
Tecnologías de la Información en el oficio DGT/DAO/102//15 enviado al Comité de
Información de la Presidencia.
Esa instancia también estimó que
dicho daño puede producirse en cualquier momento mientras esté en operaciones
el centro de datos, por lo que la restricción de divulgación de la información
debe comprender el máximo permitido por la ley.
Para la
reserva también pesó la probabilidad de
daño dado que se emplearían herramientas tecnológicas.
De los contratos que ha otorgado Enrique
Peña Nieto, el 55 por ciento fue mediante adjudicación directa, 29.6 por ciento con invitación a
tres personas y 15 por ciento con licitación pública. Estos porcentajes se
obtuvieron mediante una revisión de los contratos de la Presidencia de la
República de 2012 a la fecha contenidos en el Portal de Obligaciones y
Transparencia y comparados con la página Compranet, los dos mecanismos que
permiten el conocimiento de las compras del Gobierno.
Es decir, en la manera de contratar del Primer
Mandatario predomina la adjudicación directa que es la forma legal que le
permite al Gobierno pagar por servicios o comprar sin que medie concurso entre
empresas.
El artículo
41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
indica que las entidades del Gobierno pueden contratar adquisiciones y
arrendamientos y servicios sin sujetarse a la licitación pública en varios
casos. Uno de ellos es cuando se pone en riesgo la seguridad nacional o la
seguridad pública. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expuso
el 14 de marzo pasado, al presentar su “Índice de Riesgos de Corrupción: el
Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” que la utilización de este modo de
contratación (en el que no se compite) debiera ser excepcional y no
predominante.
En la Presidencia, la adjudicación
directa brilla. Los servicios relacionados con Internet contratados a partir de
2013 son un ejemplo. 17 fueron otorgados de esa manera y en dólares. Por ejemplo, en 2013, la
Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República contrató un servicio de suscripción,
actualización y soporte de licencias de uso de programas de cómputo a través de
un esquema de licenciamiento a Microsoft licesing por 1 millón 137 mil 128
dólares con 45 centavos.
Respecto a su centro de datos, la
adjudicación directa argumentada en la seguridad nacional permite oscuridad en
torno al proyecto, pero también de la empresa. Productos de Consumo Omega no
publica su directiva como tampoco quién la adueña. Localizada en un número telefónico
de acuerdo con una página web que se encuentra en caché (es decir, en la
memoria de Internet) se negó a proporcionar esa información. Hay dos domicilios de esta entidad, una en
el Estado de México y otra en la Ciudad de México.
Así, se desconoce a quién le confió Enrique Peña
Nieto el centro de datos que mandó construir en 2014, el año en que su
popularidad cayó en picada y se convirtió en el Mandatario con menos aprobación
de la Historia de México desde 1994.
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