Un mes después de que la Auditoria
Superior de la Federación (ASF) revelara el uso de televisoras estatales de
Hidalgo y Quintana Roo para el desvió y la triangulación de recursos bajo un
esquema similar al utilizado en la Estafa Maestra, los gobiernos involucrados
respondieron de manera diferente a la solicitud de que hicieran pública la
información.
La Sedatu
repite esquema de La Estafa Maestra y desvía más de 1,700 millones de pesos
solo en 2016
Mientras que la administración del
priista Omar Fayad hizo públicos los convenios que el organismo Radio y
Televisión de Hidalgo (RTH) firmó con la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) mientras estuvo al frente Rosario Robles; el gobierno del aliancista Carlos Joaquín prefirió reservar por 5 años
los convenios que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS)
firmó con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
En ambos casos se trata de documentos
con los que la ASF ha señalado a dependencias que ha encabezado en diferentes
momentos Rosario Robles y a las que les fueron asignados, sin licitación de por
medio, millonarios contratos superiores a los 1700 millones de pesos.
Las dos
televisoras lejos de atender los servicios solicitados por las dependencias
federales subcontrataron a empresas que se presume fantasmas pues no fueron
localizadas en sus domicilios fiscales.
La ASF incluso señaló que en el caso
del SQCS “no existe certeza de que los trabajos pagados por la Sedatu hayan
sido realizados por el SQCS o alguno de los proveedores que contrató; no
obstante, se vieron beneficiados con recursos públicos federales”.
De acuerdo
con la información que la ASF hizo pública al presentar su informe sobre la
Cuenta Pública durante el 2015 el SQCS
firmó convenios con Sedatu que amparaban servicios pagos por 356 millones de
pesos, mientras que en 2016 el monto del convenio fue de 450 millones de pesos.
Al respecto el organismo estatal no
pudo comprobar que los servicios subcontratados a 25 proveedores se realizaron
a pesar de que pagó 420 millones de pesos, pues argumentaron que el ex director
jurídico del sistema durante el gobierno de Roberto Borge sólo dejó los
contratos en los archivos, pero nada que pruebe que los servicios sí se
realizaron.
En su
negativa a hacer pública la documentación, a pesar del interés público en el
asunto, el Comité de Transparencia del SQCS aseguró que hay en proceso dos
autorías, una a cargo de la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo y la
segunda a cargo de la Auditoria Superior de ese estado, y que existe además una
investigación en proceso por la existencia de denuncias penales que está llevando
la Fiscalía General de Quintana Roo.
El documento
entregado a Animal Político dice que la
información que se reserva por el plazo máximo estipulado en la ley de ese
estado es: “convenio general, convenios específicos, anexos de ejecución y
órdenes de trabajo relacionados con el caso Sedatu”.
Hidalgo sí
los entrega.
La situación
que se vive en el organismo de Radio y Televisión de Hidalgo es muy similar a
la de Quintana Roo, pues no sólo está en proceso la auditoria que inició la ASF
sino que también hay procesos penales en
contra del ex director del organismo, Sergio Islas Olvera, quién incluso ya
recibió sentencia por la malversación de 77 millones de pesos en su periodo al
frente del organismo estatal.
Pero eso NO impidió que el gobierno
entregara los 2 convenios generales y siete específicos que Noé Mohedano
Badillo firmó entre 2014 y 2015 como apoderado legal de RTH. En los documentos
aparece la firma de Ramón Sosamontes Herreramoro, entonces jefe de la Oficina y
Comunicación, como representante de Sedesol.
En los
documentos se especifica que RTH
comprometió en 2014 y 2015 a desarrollar la estrategia y programa anual de la
dependencia, a cambio la Sedesol entregó 955 millones de pesos.
Aunque la
ASF comprobó que los servicios no se prestaron,
sino que incluso el personal del organismo hidalguense recibió la instrucción a
qué empresa contratar y recibieron los entregables para comprobar los servicios
en las oficinas de la Sedesol sin que los contratos se hubieran firmado aún.
Parte del dinero que recibió RTH, más
de 66 millones de pesos, terminó en los Banco Monex y CI Banco que más tarde lo
transfirieron a cuentas ubicadas en China, Corea y Estados Unidos.
La ASF también comprobó que tanto RTH como SQCS
contrataron a las mismas empresas, como Publicidad Natnit a las que entregaron
más de 550 millones de pesos, “lo que deja ver una relación entre las empresas
proveedoras, a fin de relacionarse con las supuestas contrataciones que llevan
a cabo los entes públicos estatales para la simulada prestación de servicios y
presunta aplicación indebida de recursos públicos”.
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