El Instituto
Nacional Electoral tiene, entre sus
asignaturas pendientes, corregir su trabajo de planeación presupuestal, lograr
establecer con mesura sus requerimientos de recursos y revertir la inercia
histórica presentada en materia de disponibilidad no justificada de recursos
presupuestales.
Así lo
planteó el titular del Órgano Interno de Control del INE, Gregorio Guerrero
Pozas, en su Informe Anual de Gestión 2017, en el cual se expuso que “la
inercia de elevadas disponibilidades continuó durante 2017, tal como pudo
advertirse en la evolución mensual del ejercicio presupuestal”, que, a pesar del recorte de 300 millones de
pesos, permitió al INE:
1. Disponer de más de 730 millones de pesos
para aportar 167 millones al Fideicomiso de Pasivo Laboral.
2. Adelantar gasto por 413 millones de pesos
para la impresión y distribución de documentación electoral, materiales
didácticos y prendas de identificación para ser utilizados en el Proceso
Electoral Federal del 2018,
3. Reintegrar a la TESOFE 115 millones bajo el
concepto de ahorros y economías, cuando en realidad se obtuvieron por la
cancelación de proyectos.
El Informe,
presentado el 28 de febrero al Consejo General del INE, pone énfasis en el incremento del 325% en el costo de la Dirección de
Obras y Conservación, derivado del crecimiento en el número de plazas y de
niveles con los que actualmente opera. Anteriormente, la Subdirección de Administración Inmobiliaria representaba un costo de
alrededor de 8.5 millones de pesos, con 21 plazas, para quedar la Dirección con
80 plazas y un costo cercano a los 26.1 millones de pesos en el capítulo de
Servicios Personales.
La creación
y operación de esta Dirección -señala el OIC- estuvo relacionada con la
construcción de las Torres en el Conjunto inmobiliario de Viaducto-Tlalpan, por
lo que, si el argumento que le dio
origen ya no existe, “se conmina al Instituto a valorar la pertinencia de su
permanencia, y a sustentar con rigor su estructura, propósito y dimensión”.
En las
consideraciones finales de su informe, el
contralor hace un llamado a los servidores públicos responsables de la
planeación, calendarización y erogación del erario del Instituto, para que
“materialicen acciones que deriven en resultados concretos y medibles, que
fortalezcan la credibilidad del INE y la consoliden como una institución
eficaz, eficiente y transparente, en la cual la sociedad mexicana confíe
plenamente”.
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