México registra unos altos índices de
violencia contra la mujer, pero las “herramientas” para atacar este fenómeno
existen, por lo que ahora es necesario “acelerar el paso” y buscar soluciones
para que este problema no quede normalizado, afirma la representante de ONU
Mujeres en México, Belén Sanz.
“Existen las políticas, las
instituciones, y es el momento de acelerar el paso y garantizar que se lleven a
cabo con la eficacia que se requiere”, asegura en entrevista con Efe con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
En México, una media de siete mujeres
es asesinadas al día, y el 66.1 por ciento de las mexicanas de 15 años y más
han sufrido algún incidente de violencia de género a lo largo de su vida, según
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, en
trece estados del país existen municipios en los que se ha decretado la Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), una medida encaminada a
redoblar esfuerzos en la lucha contra este problema.
Para Sanz, las cifras de violencia denotan que la
implementación de las políticas puestas en marcha en el país -entre ellas la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene
más de diez años- “no están teniendo la eficacia que debiera”.
“Se debe a distintos factores. Uno de
ellos es todavía la permisibilidad que hay ante la violencia; por eso hacemos
un llamado a la prevención, romper con estos estereotipos que hacen que las
propias instituciones, en ocasiones, reproduzcan esta forma de normalizar la
violencia”, reflexiona.
Todavía queda la necesidad de
“entender el fenómeno, cuantificarlo mucho mejor, (y ver) qué es lo que está
pasando, dónde está pasando”.
En un país con alto nivel de
impunidad, el sistema judicial guarda retos como mejorar el acceso de las
mujeres, así como una aplicación más efectiva en los protocolos que indican
cómo desarrollar las investigaciones sobre feminicidios.
Se requiere una “mayor armonización
entre los tipos penales de feminicidio a nivel nacional y en las 32 entidades
federativas”, asevera la representante de ONU Mujeres.
El delito de feminicidio está
tipificado en el código penal federal de México, lo que es “un paso muy importante,
porque son pocos los países que han ido avanzando” en este sentido. Además, todos los estados lo han
tipificado en su legislación estatal (el último fue Chihuahua el pasado
septiembre).
“Esto hace que en el momento en que
ocurre una muerte violenta de una mujer, se tiene la obligación de investigar
como feminicidio”, con un enfoque de género y siguiendo los protocolos
establecidos a nivel regional y nacional, subraya.
Sanz
recuerda que este aspecto ha sido reforzado por sentencias específicas como aquella con la que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ordenó reabrir la investigación del asesinato de Mariana
Lima, cerrado tras la declaración de su marido de que se había suicidado.
La
representante enfatiza que este tipo de
violencia “no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad”,
por lo que hay que involucrar a todos los sectores, incluyendo aquellos que no
trabajan en estos temas de manera habitual, como el privado.
También
menciona otras vías como “vincular más a
los hombres y los niños para erradicar este problema” y cuestionar la forma en
la que los medios de comunicación ofrecen información sobre la violencia machista.
En general, en México hay una
“movilización social importante”, gracias a una sociedad civil activa que
denuncia la problemática y genera visibilidad, pero todavía “tenemos que
avanzar mucho más”,
apunta.
La violencia contra la mujer “es
posible erradicarla, no tenemos que aceptar que sea parte de nuestra sociedad”,
defiende Sanz, quien concluye que el momento para acabar con esta lacra es
“ahora”.
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