Campesinos y
ejidatarios del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al alcalde priista Eleazar Hernández Arroyo, negar los
permisos a la minera canadiense Almaden Minerals, la cual planea abrir un tajo
del tamaño de 140 estadios de futbol para sacar oro y plata de sus tierras.
A nombre de
las organizaciones campesinas e indígenas de Puebla, Daniel Zúñiga Maldonado,
Vocero de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala
Movimiento Nacional, expresó su rechazo
a la instalación de la minera y todas sus filiales en el estado y acusó que más
de la mitad del territorio nacional ha sido concesionado a esa empresa
extranjera.
De acuerdo
con los pobladores, en el municipio de
Ixtacamaxtitlan nace el río Apulco que recorre la sierra norte y nororiental
que pasa por Cuetzalan hasta desembocar al mar; es decir, la contaminación
sería letal y abarcaría gran parte del territorio poblano.
“No a la mina, si a la vida. No a la
privatización del agua y al despojo del territorio, no a la violación de
derechos humanos como el acceso humano al agua y el derecho a una vida sana”, afirmó Daniel Zúñiga Maldonado
durante una caravana realizada este fin de semana.
La minera Almaden Minerals necesita
obtener el permiso de uso de suelo para explotar los depósitos de oro y plata
de Ixtacamaxtitlán, para lo cual necesita del permiso del alcalde Eleazar
Hernández.
De acuerdo
con reportes de la prensa local, durante la caravana los pobladores de este municipio denunciaron los abusos a los derechos de
la salud, agua y un medio ambiente sano, así como a la consulta previa sobre el
destino de esta región que el Gobierno mexicano está obligado a cuidar.
En diciembre
pasado, un grupo de pobladores de la
comunidad de Ixtacamaxtitlán, acompañados de activistas, visitó Canadá para
instar al Gobierno de ese país y a los inversionistas a prevenir más
violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con un proyecto
que se desarrolla en la región ubicada en Puebla, instaurado por la compañía
Almaden Minerals.
“Nunca preguntan si las poblaciones
quieren concesiones y menos si quieren los megaproyectos que benefician poco y
por poco tiempo a las poblaciones. Quienes realmente se benefician de estos
proyectos ni siquiera habitan en la comunidad. Los costos son mayores para las
comunidades. Lo que
vemos con las reformas estructurales es que les están abriendo las puertas y eso implica violar los derechos de las
comunidades”, dijo en esa ocasión a SinEmbargo Alejandro Marreros Lobato,
miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y
la Vida, que lucha contra una mina canadiense en Ixtacamaxtitlán, Puebla.
ABUSOS DE
MINERAS CANADIENSES.
Comunidades de México, Centroamérica
y África han sido víctimas durante años tanto de la violación de derechos
humanos de mineras canadienses como de la debilidad de sus gobiernos locales
para ponerles freno ante la falta de control por parte del propio Canadá, un
país con reputación de benevolente, han reiterado informes de organizaciones
civiles y textos de la prensa extranjera.
En el caso
de México, del total de los proyectos
mineros, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos
que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo
con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
En 37 de los casos en que 17 mineras
han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano,
incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina. En
Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa
minera canadiense.
Entre las compañías que violan el
derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la
participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad
jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en
Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold
Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First
Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.
Las
operaciones de las mineras canadienses están teniendo serias repercusiones
ambientales y sociales en México, este
lunes se dio a conocer que, en Durango, la minera San Dimas vertió 200 litros
de solución cianurada en el río Piaxtla a causa de un descuido en el cierre de
la válvula de una pipa que transportaba el remanente.
Organizaciones exigieron una
valoración real de los impactos ambientales que la minera ocasionó en el
territorio y urgieron a tomar medidas, ya que, señalaron, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limitó a informar de la “muerte
de un número indeterminado de peces”.
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