Tadeo
Velázquez de la Rosa tenía sólo ocho meses de edad cuando murió el pasado 21 de
mayo por las quemaduras sufridas en el 90 por ciento de su cuerpo, tras el
incendio intencional a un camión urbano donde viajaba con su joven madre,
Elizabeth de la Rosa. El bebé y su madre, de 26 años, fueron víctimas
circunstanciales de un ataque perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) en Guadalajara.
Durante su campaña electoral, Enrique
Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prometió
a los ciudadanos abatir la violencia y “corregir la estrategia de seguridad […]
para devolver a todos los mexicanos el orden; pero sobre todo libertad”. Así es
como se promocionaba en uno de sus spots de televisión hace seis años.
El pequeño
Tadeo, quien apenas sería bautizado, es
una de las víctimas mortales del pasado mes de mayo, periodo que presentó las
cifras más sangrientas desde que se realiza oficialmente el registro del crimen
en el país [1997], con un total de 2 mil 530 carpetas de investigación abiertas
por homicidio doloso a nivel nacional.
Es así como la actual administración
federal rompió sus propios “récord de violencia por mes”, tendencia que ha sido
casi constante desde junio del año anterior, pues mayo desplazó a octubre de
2017 –que registró con 2 mil 380 homicidios dolosos–, superando a junio, que
reportó 2 mil 238 asesinatos, y a mayo de 2017, que registró 2 mil 193 asesinatos.
De cara a la
elección federal del próximo domingo 1 de julio, el mandato de Enrique Peña Nieto llega con un funesto desempeño en
materia de seguridad, que se hace evidente en las cifras de violencia, pues
éstas ya superaron a las de su antecesor, el panista Felipe Calderón Hinojosa,
quien lideró un sexenio letal para los mexicanos, luego de lanzar su llamada
“guerra” contra el crimen organizado.
Por ejemplo,
mayo de 2018 reportó 422 asesinatos más
que el mismo mes de 2011, considerado el periodo más violento en la
administración de Felipe Calderón.
En el
Gobierno de Calderón se registraron 102 mil 859 carpetas por homicidio doloso
(de diciembre de 2006 a noviembre de 2012). En lo que va del sexenio de Peña
Nieto (de diciembre de 2012 a junio de 2018) se reportaron 109 mil 542 carpetas
por homicidio doloso, 6 mil 683 más que la administración de Calderón y 34 mil
965 más que en el Gobierno del también panista Vicente Fox Quesada, que
finalizó con 74 mil 577 homicidios dolosos, de acuerdo con el número de
carpetas abiertas.
El robo con violencia reporta 103 mil
759 carpetas iniciadas de enero a mayo de este 2018, un 14.12 por ciento más
que en los primeros cinco meses de 2017, que acumularon 89 mil 99, y un 14. 04
por ciento más con respecto al mismo periodo de 2013, que registró 89 mil 187.
La extorsión registró su punto más
álgido en 2013, con un total de 8 mil 213 carpetas de investigación iniciadas.
El delito disminuyó a 5 mil 128 en 2015. Sin embargo, para 2016 regresó la
tendencia al alza y en 2017 se reportaron 5 mil 649 carpetas abiertas por
extorsión, 7.2 por ciento más que en 2016, que cerró con 5 mil 267.
Mientras que
con Felipe Calderón hubo 13 mil 681 desapariciones en seis años, actualmente el
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)
registra al menos 35 mil 424 personas desaparecidas.
Los colectivos de familiares de
desaparecidos consideran que hay más de 50 mil personas desaparecidas en el
país, y no las 35 mil que reportan las cifras oficiales
LA
ESTRATEGIA FRACASADA.
El doctor
José Antonio Álvarez de León, especialista en políticas públicas de la
Universidad Autónoma de México (UNAM), califica
a la actual administración como un fracaso en materia de seguridad. El
académico consideró que los dos primeros años del Gobierno de Peña Nieto fueron
la etapa de “la herencia y retos”, en los sé que debió plantear la estrategia
de seguridad pública para enfrentar el sexenio.
“Evidentemente
el presidente asume una administración complicada en términos de seguridad por
la violencia desatada en la lucha contra el crimen organizado”, expuso el
especialista en entrevista con SinEmbargo.
Enrique Peña
Nieto recibió un país con una tasa de 18.33 homicidios dolosos por cada cien
mil habitantes (en 2012), de acuerdo con las cifras oficiales. En 2014
disminuyó 29.3 por ciento a 12.96 por cada cien mil habitantes, que fue la tasa
más baja del sexenio.
En la
primera etapa, los indicadores mostraban un avance, el punto máximo de
violencia estaba en 2011 y parecía que el país iba en camino a recuperarse de
los efectos violentos de la guerra contra el narco de Calderón. Sin embargo, para 2015 la violencia
nuevamente repuntó.
El académico
de la UNAM calificó la etapa intermedia de EPN como la evidencia del rezago.
“A la mitad del sexenio, el presidente
no sólo no pudo enfrentar esa herencia sino que no cumplió las expectativas en
términos de control y presencia política, de seguridad y de fuerza del Estado”, explicó.
Para 2016, con un total de 20 mil 547 carpetas de
investigación abiertas, el homicidio doloso subió 21.51 por ciento: 3 mil 638
carpetas más que en el 2015, que reportó 16 mil 909 casos, según muestran las
cifras oficiales. La tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes subió de
13.97 a 16.80, es decir, 16.84 por ciento.
“La impunidad, los homicidios
dolosos, el fracaso en la plena implementación del sistema justicia, los
problemas de profesionalización de la policía, todos estos conflictos se han
quedado cargados de rezago”, detalló el investigador.
En 2017, la tasa fue de 20.50
homicidios por cada cien mil habitantes, un alza de 22.02 por ciento con
respecto a 2016, que reportó una tasa de 16.80 y creció 58.17 por ciento en
comparación con 2014 [con 12.96 homicidios dolosos por cada cien mil
habitantes]. Respecto a 2013, el primer año de este sexenio, la tasa se
acrecentó un 11.83 por ciento.
En 2017 aumentaron ocho de los 10 delitos de alto
impacto a nivel nacional, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional
Ciudadano. Una carpeta de investigación por robo con violencia se abrió, en
promedio, cada 2 minutos y 16 segundos en el país, lo que es equivalente a una
tasa de 188.04 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes.
El robo a vehículo creció 14.34 por
ciento (186 mil 896 carpetas de investigación) y a casa habitación 0.27 por
ciento (84 mil 559).
El delito de robo a negocio se
disparó 27.76 por ciento (93 mil 334 carpetas de investigación) y a transeúnte
24 por ciento (82 mil 042 carpetas de investigación).
Respecto al delito de secuestro, el
informe señala que cada 4 horas y 57 minutos se registró una víctima en los 12
meses del año anterior, lo que corresponde a mil 768 víctimas y a una tasa de
1.43 víctimas por cada 100 mil habitantes.
En la etapa final del sexenio, a la
que Álvarez León denomina “el fracaso”, se ha desatado la violencia “y, pese al
aumento de presupuesto en materia de seguridad, los índices delictivos se
mantienen a la alza”, destaca.
El gasto gubernamental en contención
de violencia, que agrupa el presupuesto para las fuerzas armadas, gasto de
seguridad interna, y gasto en el sistema judicial, creció 73 por ciento en los
últimos diez años,
de acuerdo al más reciente informe de Índice de Paz 2018.
De 142.4 mil millones de pesos
destinado en el 2007 [primer año de Calderón] pasó a 229.5 mil millones de
pesos en 2012
[último año del panista].
El primer año de Enrique Peña Nieto
[2013] se destinaron 222 mil 100 millones de pesos para la contención de la
violencia. En 2016 se asignaron 264.3 mil millones de pesos y para 2017 ese
gasto se redujo a 246.5 mil millones de pesos.
“Tras subir 86 por ciento el
presupuesto en la década anterior, el gasto gubernamental federal se redujo 7
por ciento el 2017 con respecto al 2016, tras subir un 86 por ciento en la
década anterior,
destaca el documento.
Actualmente,
México gasta el 1 por ciento de su Producto
Interno Bruto (PIB) en seguridad interna [44.5 mil millones de pesos] y en su
sistema judicial [102.9 mil millones de pesos], lo cual representa sólo 60 por
ciento del promedio de los países de la OCDE, dice el Índice de Paz.
No obstante, los montos
presupuestarios no se reflejan en una verdadera contención de la violencia.
“No hay seguridad, no hay
coordinación con los estados, se ha manejado mucho dinero en sistemas de
inversión de justicia, que tampoco ha demostrado a plenitud el funcionamiento y
la lógica de seguridad. Tampoco ha disminuido el problema carcelario, entonces
los retos están ahí, pero a través del fracaso”, considera el doctor José Antonio
Álvarez de León.
OÍDOS SORDOS
A UN GRAN PROBLEMA.
Una de las características de la
actual administración federal fue la falta de reconocimiento de los problemas,
empezando por los repuntes de inseguridad, de acuerdo con diversos
especialistas y observadores.
Francisco
Rivas, director del Observatorio Ciudadano (ONC), expuso en entrevista con
SinEmbargo que en materia de seguridad
faltó estrategia y, además, el tema se asumió con superficialidad.
“Nosotros fuimos la primera
organización que dijimos que estaba creciendo el secuestro, la extorsión, y en
ese entonces el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, dijo que no sabíamos
contar […] Después, hace dos años, empezamos a advertir del crecimiento de homicidio,
y en ese entonces salió Renato Sales Heredia, [titular de Comisión Nacional de
Seguridad] a decir que éramos irrespetuosos, que era un análisis sesgado y que
no reconocíamos los grandes avances en seguridad […] entonces, el año pasado
tuvimos el peor año materia de homicidios en la historia y todo apunta a que
este año será aún más violento”, detalló.
El doctor
José Antonio Álvarez de León explica que
el fracaso en el tema de seguridad no sólo es por los indicadores del
resurgimiento de la violencia, sino porque “la inseguridad se da en muchos
aspectos más que en la violencia y los homicidios dolosos”.
La paz en México retrocedió por
segundo año consecutivo en 2017 al caer 11 por ciento con respecto al 2016,
acuerdo al Índice de Paz, un estudio realizado por Instituto para la Economía y
la Paz (IEP) para analizar el nivel con base a cinco indicadores: tasa de
homicidios, delitos con violencia, cárcel sin sentencia y crímenes de la
delincuencia organizada.
La violencia domestica aumentó 32 por
ciento de enero de 2015 a diciembre de 2017. “No es solo la violencia criminal
o en las calles, es la violencia que está en las casas, la violencia extendida
a las dinámicas interpersonales [..]. Esto nos habla de un deterioro mucho más amplio.
Hablamos de una cultura y relaciones interpersonales más violencias”, expresó Carlos Juárez, presidente de
IEP durante la presentación del documento en abril pasado.
El estudio considera que el crecimiento de la
violencia no sólo se debe a crímenes de la delincuencia organizada, sino
también a que las personas que pueden sentirse empoderadas por la debilidad del
Estado de derecho
En ello
coincide el investigador de la UNAM “hay
un problema de autoridad, de presencia de la autoridad, liderazgo, por supuesto
de capacidad para mantener el orden”.
NO SÓLO LO
DICEN LOS ESPECIALISTAS.
La percepción de inseguridad subió
3.2 puntos porcentuales en lo que va de la administración de Peña Nieto. Pues
pasó de 72.3 por ciento entre marzo y abril de 2013, a 74.3 por ciento, de
2017.
En primer
trimestre del último año de Felipe Calderón -2012-, un 66.6 por ciento de los
mexicanos encuestados por el INEGI dijeron sentirse inseguros en el estado en
el que vivían. En ese periodo, el estado que expresó sentir mayor inseguridad
fue Nuevo León con un 86.2 por ciento, seguido de Estado de México con un 84.5
por ciento; Tamaulipas con un 82.9 por ciento y Chihuahua con 82. 7 por ciento.
En el primer trimestre del penúltimo
año de Enrique Peña Nieto, el Estado de México presentó un mayor número de
ciudadanos que se sentían inseguros:
90.7 por ciento. En segundo lugar, Guerrero con 86.9 por ciento de la población.
A nivel nacional la percepción de
inseguridad subió 72.3 por ciento a 74.3 por ciento entre marzo y abril de 2013
al mismo periodo de 2017.
La percepción ciudadana de impunidad
se ha triplicado durante los últimos cinco años pues pasó de 7 por ciento en
2012 a 20 por ciento en 2017.
En México a cada ciudadano la violencia le costó 33
mil 118 pesos en el 2017, es decir, cuatro salarios mensuales de un trabajador
promedio, de acuerdo al índice de Paz.
El costo de la violencia en el país
fue de 4.7 billones de pesos en el año anterior, lo que equivale al 21 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, ocho veces más de lo que se
invierte en salud y siete veces más que lo destinado a la educación.
Además, al menos mil nuevas empresas de seguridad
privada se abrieron entre 2010 y 2016 en el país, es decir, un alza de 32 por
ciento, detalla el informe.
LUCHAR
CONTRA MEDUSA.
“¿Por qué se
llevan a gente inocente?”, fue el sentido clamor que recogieron medios de
comunicación de Carlos Alexis Velázquez, padre del pequeño Alexis Tadeo,
víctima del azote de terror que ha logrado imponer el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG).
Enrique Peña
Nieto prometió cambiar la estrategia de seguridad y obtener resultados. Sin
embargo sostuvo el planteamiento de la depuración con la “decapitación” de los
grupos delictivos.
Al arranque de la administración se
establecieron 122 objetivos relevantes, presuntos criminales considerados como
las cabezas o como piezas claves en las estructuras delictivas.
En el V Informe de Gobierno federal,
se jactaba de haber neutralizado a 107 de estos 122 objetivos [93 detenidos y
14 fallecidos].
Sin embargo, para especialistas esto
no es suficiente.
Francisco
Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano sostiene
que “no hay una estrategia de seguridad” sólo acciones que no han dado
resultados contundentes desde hace mucho tiempo.
“Lo que ha venido haciendo Enrique
Peña Nieto es aparentemente detener a ciertos capos”, pero detener a ciertos
capos no ha demostrado ser la solución, comentó.
Rivas
destaca que la falta de inteligencia y
de estrategia, de combatir sus estructuras financieras, ha permitido que los
delincuentes se rearmen y se expandan.
De acuerdo
al especialista, las acciones para
detener solo a los capos no se han transformado en una desarticulación de
bandas, ni en mermar las capacidades de los grupos delictivos.
“Hoy los grupos criminales son más
violentos y están más armados. Yo creo que hoy no hay una estrategia sino
acciones y esas acciones por sí mismas no van a lograr reducir la incidencia de
los homicidios; pero no se trata nada mas de reducir los homicidios sino
mejorar las condiciones de justicia en el país”, detalló el director del ONC.
El Cártel Jalisco Nueva Generación es
uno de los que más ha destacado durante la actual administración. Este grupo
criminal es considerado por la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus
siglas en inglés) como “el Cártel del sexenio”, por su rápida expansión,y por
ser el de mayor crecimiento y brutalidad durante el Gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto.
Desde su
fundación, en julio de 2010, el CJNG –liderado por Rubén Oseguera Cervantes, alias
“El Mencho”– se ha empeñado en posicionarse como el cártel de la droga
dominante en territorio mexicano, y lo ha logrado a través de enfrentamientos
violentos con las fuerzas de seguridad del Gobierno mexicano, así como con sus
enemigos, entre los que destacan Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, quienes han
visto mermado su poderío tras la captura de sus principales líderes, reportan
informes de la DEA.
La promesa de cambiar la estrategia
también fue rota con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, altamente
criticada y la cual, volvió a colocar a México en la lupa de organizaciones
nacionales e internacionales de derechos humanos que alertan que la militarización,-
sacar a los soldados a la calle para tareas de seguridad- traerá más
violaciones de derechos humanos a la nación,
la cual ya de por sí enfrenta una crisis en esta materia. Las
advertencias de las organizaciones simplemente no fueron escuchadas.
Clara
Jusidman Rapoport, presidenta de INCIDE Social AC, describe a la administración como un desastre.
La especialista comentó que una de
las fatalidades fue concentrar las secretarías de seguridad en la Secretaría de
Gobernación (Segob).
“Siempre señalé que era un error
tener en la misma secretaría a las fuerzas de seguridad con los mecanismos de
gobierno responsables de vigilar derechos humanos, porque las que más violentan
a los derechos humanos son las fuerzas de seguridad. Particularmente la
Procuraduría General de la República ha sido utilizada facxionamente como un
instrumento de gobierno para las elecciones”, comentó la experta a SinEmbargo.
Otra falla está en el Poder Judicial, explica la especialista.
“Toda la estructura de impartición y
procuración de justicia se sigue concentrado en la atención de las élites y no
ha contribuido a enfrentar la impunidad”.
En el país hay sólo 4.2 jueces por
cada cien mil habitantes, “cifra muy por debajo del promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces
por cada cien mil habitantes”, de acuerdo al IGI-2017.
El proyecto “Impunidad Cero” plantea que la
probabilidad de que un delito sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9
por ciento. “De este tamaño es la impunidad en México”, destaca el informe
presentado a finales de 2017.
“En México de cada 100 delitos que se
cometen, sólo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14
se resuelven, por lo que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto
en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento”, explica la proyecto que investiga
los niveles de impunidad en la República Mexicana.
México encabeza, nuevamente, la lista
de países del continente americano con alto índice de impunidad, seguido de
Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador,
de acuerdo al Índice Global de Impunidad del Centro de Estudios sobre Impunidad
y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (IGI-2017).
Nuestro país ocupa el lugar 66 de 193
estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad.
“El problema de la impunidad en
México es funcional y estructural, no nació con el actual gobierno, sin embargo,
se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Esto podría
deteriorar futuras mediciones de la impunidad”, indica el estudio.
La corrupción es otro lastre
distintivo del actual gobierno, destaca Jusidman.
“Los niveles de corrupción alcanzados
por este Gobierno federal han sido históricos. Yo no recuerdo en toda mi vida,
y ya son una persona mayor, el nivel de corrupción como la que hay. Hay un
nivel de colisión con el crimen organizado, ejemplos dramáticos, como la
desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”, comenta.
VIOLENCIA
POLÍTICA.
Clara
Jusidman destaca que el “desastre se
refleja en la violencia política que vivimos actualmente con el número de
candidatos y funcionarios asesinados por el crimen organizado”.
Al menos 122 actores políticos han
sido asesinados desde el inicio del proceso electoral, el 8 de septiembre,
hasta el 16 de junio.
En el Quinto
Informe de Violencia Política en México 2018, la consultoría Etellekt registra un total de 465 casos de agresión
contra actores políticos en nuestro país durante el actual proceso electoral.
Finalmente,
Jusidman Rapoport concluyó que “el nivel
que ha alcanzado la violencia y la generalización de la misma –que es lo que
más preocupa– tiene que ver con la baja calidad de Gobierno de Peña, con haber
bajado los brazos a esperar que transcurriera su Presidencia y a estar más
preocupados por seguir robando”.
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