En poco más
de cinco meses, el presidente Enrique Peña Nieto entregará la Banda
Presidencial a su sucesor. Con el acto simbólico, concluirá su administración y legará los resultados de un sexenio, que
según las cifras oficiales y la información de 13 organizaciones nacionales e
internacionales, son preocupantes en materia de inseguridad (violencia),
corrupción y desarrollo económico (empleo).
Para
politólogos consultados por SinEmbargo, el
Gobierno de Peña Nieto no sólo no resolvió los problemas que prometió que
acabaría, sino que empeoró la circunstancia y dejó en claro que “el problema
del Partido Revolucionario Institucional [PRI] no solamente es la mala gestión
o los malos resultados en materia económica, de seguridad y de combate a la
corrupción”, explicó Enrique Toussaint de la Universidad de Guadalajara
(UdeG).
El problema, explicó, “ya quedó
interiorizado, en buena parte del electorado y de la ciudadanía, que el PRI no
es un partido que tenga dos o tres cuadros corruptos […] sino que, en general,
la forma en que operan los gobiernos del PRI es a través de la corrupción”.
En términos generales, los analistas
consultados observan una administración “desastrosa” que le va a pegar a los
propios priistas “en el centro de flotación”. Y donde el principal responsable
de una segunda “derrota histórica del PRI, es un propio priista”, refirió Juan Luis Hernández
Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
Iberoamericana en Puebla.
Esta
circunstancia, dicen, es beneficiosa, sobre todo, para Andrés Manuel López
Obrador (AMLO). Y en el paquete de responsables, además del presidente, su partido y sus gobernadores (como los duartes
en Veracruz y Chihuahua, los Moreira en Coahuila, entre otros), están también
quienes en 2012 apoyaron el denominado “Pacto Por México”, que fue un acuerdo
entre el PRI y los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD) para sacar adelante una serie de reformas.
Como “la medicina” dejó mucho que
desear y el único que se opuso a ella fue López Obrador, explicó Toussaint, el fracaso que manchó al resto no lo tocó a
él. Y si a ello sumamos, agrega, que las fallas del neoliberalismo han
impulsado a los populismos –no sólo en México sino en el mundo entero–, resulta
natural que la opción “antitética” que simboliza el Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), salga a flote.
“Peña Nieto no entendió el mensaje
[de la gente] en 2012”, que era evitar la corrupción y solucionar dos
cuestiones fundamentales: la violencia y el cambio de modelo económico,
“encaminado a resolver los problemas de desempleo, marginación, falta de
oportunidades, educación, salud, vivienda, alimentación”, entre otros, comentó José Fernández
Santillán, analista político de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM).
Al final,
sentenció Hernández Avendaño de la Ibero Puebla, la responsabilidad del presidente fue actuar con el autoritarismo de
siempre, pero sin el bienestar esperado, lo que se traduce en déficits de
gobernabilidad y de gobernanza.
Para la mayor parte de los mexicanos,
la inseguridad, la corrupción y el desarrollo económico son los tres problemas
más preocupantes,
coinciden El Informe 2017 del Latinobarómetro y la Encuesta Nacional de Calidad
e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
En materia de inseguridad, la
radiografía nacional esboza un crítico escenario de violencia: mientras que el
año pasado México rompió un récord en materia de homicidios dolosos (al menos
25 mil 340 registrados por el Gobierno federal), en los primeros cuatro meses
de este año se han cometido más asesinatos que en los primeros cuatro meses de
los últimos 20 años (entre enero y abril de 2018, 8 mil 900 personas perdieron
la vida).
Asimismo, los robos o asaltos con violencia se han
disparado. Entre 2015 y 2017 el alza fue de 40.96 por ciento, según el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aunque el robo (en general) decreció en poco más de cinco por ciento de 2012 a
2017, en los primeros meses de 2018 fue registrada una cantidad similar a la
del mismo periodo en 2012 (lo que quiere decir que es la más alta de los
últimos seis años).
La violencia es alarmante y podría
ser peor, ya que en nuestro país la cifra negra es de casi 94 por ciento,
coinciden el Inegi y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Esto
significa que sólo el seis por ciento de los delitos cometidos son denunciados
o derivan en una averiguación previa.
El escenario se agrava si
consideramos que, de ese seis por ciento de crímenes denunciados, sólo una
tercera parte llega ante un juez. Y de esa cantidad, el 10 por ciento obtiene
sentencia.
El repunte de violencia se debe a
políticas “fracasadas”, refiere la Academia de Génova. Y los altos niveles de
impunidad, según la UDLAP, “es resultado de los problemas estructurales de las
instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal: las entidades no tienen
agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades
suficientes para atender el delito de homicidio”.
Uno de varios problemas ligados al
estado generalizado de coacción –que urge acabemos para solucionar los grandes
problemas nacionales– es la corrupción, refiere el Institute for Economics and Peace. Y las cifras del Inegi indican que este tipo
de cohecho genera pérdidas anuales de más de 7 mil millones de pesos (la
“estafa maestra” entre 2013-2014, por ejemplo, generó pérdidas similares), lo
que afecta tanto a personas físicas como morales.
Sólo entre
2017 y 2018, México retrocedió una posición en el Índice Global de Corrupción de
Transparencia Mexicana. A pesar de que la organización civil reconoció que la
corrupción aumentó en el último año, el International Budget Partnership
destaca que nuestro país es el sexto más transparente en materia presupuestaria
de gobierno.
Dicho contraste, explicó
Transparencia Mexicana, se debe a que la transparencia, por sí sola, no reduce
la corrupción. Y que si por algo se ha disparado, es porque tenemos
instituciones deficitarias, resistencias a establecer un sistema
anticorrupción, además de falta de sanciones ejemplares.
En el caso
de la economía, los diferentes reportes nacionales e internacionales coinciden
en que la desigualdad social, la pérdida de poder adquisitivo, la generación de
empleos eventuales sobre empleos permanentes y el ensanchamiento de la economía
informal en los últimos años, detienen el crecimiento económico sostenido y
desdibujan la posibilidad de generar más movilidad social (o mejorar el estatus
socioeconómico).
La economía mexicana crece, en
promedio, 2.6 por ciento (debería ser de más del cuatro por ciento), coinciden la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) y la organización México ¿Cómo Vamos? Y de
acuerdo con el Foro Económico Mundial, nuestra
competitividad se estancó en el último año.
En este
contexto, la nación no ha podido reducir
de manera significativa la pobreza y la desigualdad (las cifras del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social o Coneval indican que la población pobre pasó de 53.3
a 53.4 millones de personas entre 2012 y 2016).
Ello se debe, en parte, a las
deficientes reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña
Nieto, que si no son malas, deben de estar acompañadas con mejores políticas
sociales, refirió el
año pasado Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal.
INSEGURIDAD,
VIOLENCIA Y JUSTICIA.
“Cuando el actual presidente, Enrique
Peña Nieto, tomó posesión del cargo en 2013, prometió un cambio de paradigma en
el enfoque de Gobierno sobre el crimen organizado. Sin embargo, la mayor parte
de sus reformas fracasaron y continuó la estrategia de seguridad militarizada
de sus predecesores”,
se lee en El Reporte de Guerra 2017: Violencia de Pandillas en Colombia, México
y El Salvador de la Academia de Génova.
Según el
informe, el aumento del número de
integrantes (policiales y militares) de los cuerpos de seguridad en las calles,
reforzado con la Ley de Seguridad Interior (que da legitimidad de acción al
Ejército en tareas de seguridad pública), en lugar de reducir, “llevó a un
aumento generalizado de la violencia”, en parte, porque el crimen organizado
comenzó a equiparar la fuerza del Estado (con más y mejores armas y con
tácticas de vanguardia) y a fragmentarse también, gracias al continuo
descabezamiento de los grupos criminales.
La Academia
de Génova estima que “alrededor de un
tercio de todos los homicidios en México están relacionados con el crimen
organizado”. Y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), entre 2006 (cuando inició la guerra contra el
narcotráfico) y 2017, hubo al menos 211 mil 765 homicidios dolosos registrados.
De 1997 a
2007, la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes se redujo en 8
puntos porcentuales (lo que implicó 7 mil 025 asesinatos menos durante el
periodo). Y de 2007 a 2017, la tasa fue al alza en 11.18 puntos porcentuales
(hubo 14 mil 277 asesinatos más), refiere la información del Secretariado.
El año pasado, no obstante, fue el
más violento de los últimos 20 años con al menos 25 mil 340 homicidios dolosos
registrados. Sin embargo, la cifra negra (los delitos no denunciados o que no
derivaron en averiguación previa) fue de 93.6 por ciento a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 del Inegi.
Las cifras de enero a abril de 2018
también son alarmantes. El SESNSP registró 8 mil 900 homicidios dolosos, que
constituye la cifra más alta de los primeros cuatro meses del año, en los
últimos 20 años. En comparación con ese mismo periodo, pero de 2017, el
incremento para 2018 fue de 14.82 por ciento.
En el caso de los robos o asaltos -el
motivo más común de inseguridad pública según el Inegi- hubo una tendencia a la baja durante el
sexenio. De 2012 a 2017, el Secretariado registró una reducción de 5.29 por
ciento. Sin embargo, entre 2015 y 2017 los robos con violencia aumentaron en
40.96 por ciento.
Durante los primeros cuatro meses de
2018, hubo 234 mil 192 robos registrados. Esta constituye la peor cifra desde
2012, cuando entre enero y abril fueron reportados 240 mil 912 casos.
Los datos del Secretariado enmarcan
una crisis de inseguridad y de violencia en todo el territorio nacional, donde
según el Índice de Paz México 2018 del Institute for Economics and Peace, “no
sólo está creciendo la violencia a manos de los grupos de la delincuencia organizada,
sino también la delincuencia común y la violencia interpersonal”.
El informe señala también que, además del costo en
términos de vidas humanas, la violencia en el país comprometió, en 2017, el 21
por ciento del Producto Interno Bruto (o 4.72 billones de pesos). A pesar de la
inversión, la “debilidad institucional” permitió el incremento de la
delincuencia organizada.
Pero la
violencia en México no sólo responde al crimen organizado o a la circunstancia
social. El Reporte de Guerra 2017 menciona que “la población también es víctima de las fuerzas de seguridad” del
Estado, “que son asociadas con aumentos dramáticos en casos de tortura,
desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales”.
Las cifras
del Informe Mundial 2017 de Human Rights Watch son alarmantes. Refiere que de
2006 a 2016, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos recibió “casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por
miembros del Ejército, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual”. De
ellas, 100 casos implicaron “violaciones serias de derechos humanos”.
En materia de impartición de
justicia, la organización detalló que entre 2012 y 2016, la Procuraduría
General de la República (PGR) abrió un total de 505 carpetas de investigación
contra militares. No obstante, sólo fueron emitidas 16 sentencias condenatorias
en el sistema de justicia civil.
Sobre tortura, menciona que las
cifras del Inegi hasta 2016 arrojaron que, el 57.8 por ciento de los presos en
las 370 cárceles en todo el territorio nacional, fueron víctimas de violencia
física: 19 por ciento sufrió descargas eléctricas; 36 por ciento asfixia; 59
por ciento golpes; y 28 por ciento padeció amenazas contra su seguridad y la de
sus familiares.
Como corolario a la falta de
impartición de justicia, el Índice Global de Impunidad México 2018 de la
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), refiere que nuestro país ocupa la
cuarta posición como el más impune del mundo (con 93.7 por ciento de cifra
negra). En 2016, por ejemplo, encontró que el 32.44 por ciento de las
averiguaciones previas terminó ante un juez. De ellas, la tercera parte obtuvo
sentencia (es decir, el 10.29 por ciento del total de los delitos denunciados).
Además, el
Índice de Estado de Derecho 2017-2018, elaborado por the World Justice Project,
refiere que México ocupa el lugar 92 de
113 países (en 2016 estaba en el lugar 88), que significa que mantenemos muy
bajos niveles de impartición de justicia. A nivel América Latina, por
ejemplo, sólo estamos por encima de
Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Para que
México se encamine a un proceso de pacificación, el Institute for Economics and
Peace refiere que urge, sobre todo,
acabar con la corrupción, mejorar el libre flujo de información (desde la
sociedad civil y los medios de comunicación), así como impulsar el buen
funcionamiento del gobierno (que implica fortalecer la estabilidad política y
garantizar el Estado de derecho).
También,
dicen, tenemos que mejorar en materia de
cohesión social, distribución equitativa de los recursos, mejorar los niveles
de capital humano (con educación e instrucción adecuadas) y un entorno
empresarial sólido, que implica sana competitividad empresarial y aumento en
los niveles reales de producción.
CORRUPCIÓN Y
TRANSPARENCIA.
México dio
un paso atrás en el Índice Global de Corrupción de Transparencia Mexicana. Entre 2017 y 2018 retrocedió un punto
para colocarse en el lugar 29 (donde cero es el país peor evaluado y 100 en es
el mejor evaluado). De esta forma, nuestra nación se ubicó en la posición 135
de 180 países evaluados en materia anticorrupción.
A pesar de
que el Índice de Presupuesto Abierto 2017 de la organización International
Budget Partnership nos coloca en el
sexto lugar (de 115 países evaluados) con más transparencia presupuestaria a
nivel mundial, la corrupción ha ido en aumento. Y de acuerdo con
Transparencia Mexicana, el contraste
entre el incremento de la corrupción y el de la transparencia presupuestaria,
pone de manifiesto “que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva
a una reducción de la corrupción”.
Esta situación se explica, en buena
medida, por “las resistencias para instalar el Sistema Anticorrupción en todo
el país y la ausencia de una Fiscalía independiente que conduzca las
investigaciones”. Asimismo, el Índice Global de Corrupción señala que sus
resultados “reflejan también la ausencia de sanciones firmes para los grandes
casos de corrupción conocidos por la opinión pública” (Odebrecht, la estafa
maestra, etcétera).
Al respecto,
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi, refiere que 1.5 de cada 10 personas que
realizó un trámite personal, experimentó al menos un acto de corrupción cuando
tuvo contacto con algún servidor público. Las cifras del Inegi también indican que
entre 2013 y 2017, la “prevalencia de corrupción al realizar un trámite
personal” aumentó en 21.15 por ciento.
Además, la
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas
2016 señala que, después de la
inseguridad y la delincuencia, el aumento al precio de los insumos, la economía
local y la falta de apoyos gubernamentales, la corrupción es el mayor problema
para los comercios. Según el Inegi, al menos uno de cada 10 negocios participó
en un acto de corrupción.
El instituto del gobierno resalta que
el 64.6 por ciento de los comerciantes reconocieron participar de la corrupción
para “agilizar algún trámite”, aunque también lo hicieron para evitar multas y
sanciones (39.4 por ciento), obtener licencias (30.7 por ciento) y para ganar
contratos gubernamentales o participar de las licitaciones (12.9 por ciento).
La corrupción, el segundo problema
más grave que enfrenta el país (según el 88.8 por ciento de los mexicanos
entrevistados por el Inegi), le costó 7 mil 218 millones de pesos a México en
2016. Esta cantidad es 12.5 por ciento mayor a la registrada en 2015.
Para
revertir el alto índice de corrupción en México, Transparencia Mexicana urge la necesidad de asegurar la correcta
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el territorio
nacional; incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de
Administración Tributaria en el SNA (para fortalecer las investigaciones de
lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”); crear una Fiscalía
General de la República capaz, autónoma e independiente; y avanzar hacia
sistemas de información “interoperable y automatizada” de todas las
instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos
respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.
DESIGUALDAD,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
México es uno de los países en los
que la riqueza está muy mal distribuida y donde la economía crece en un
promedio anual de 2.6 por ciento (lo ideal, según la organización México ¿Cómo
Vamos?, sería un crecimiento al año de 4.5 por ciento). Esta situación es
“motivo de inquietud”, refiere el Informe Panorama Social de América Latina 2016 de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Las cifras
del estudio, actualizadas hasta 2015, refieren
que el 37 por ciento de la riqueza nacional (equivalente a 28 billones de pesos
mexicanos) está en manos de las familias mexicanas. El resto es administrado
por el Gobierno (23 por ciento), empresas privadas (19 por ciento), empresas
gubernamentales (nueve por ciento), extranjeros (siete por ciento) e
instituciones financieras (cinco por ciento).
“Lamentablemente”, la repartición de
los 28 billones de pesos de las familias mexicanas “es muy desigual”, advierte la Cepal. Ello se debe a que “dos terceras partes de
la riqueza total están en manos del 10 por ciento de las familias más ricas del
país y el uno por ciento de las familias concentran más de un tercio”.
En el caso de los activos financieros
la disparidad es aún más evidente, ya que “el 80 por ciento es propiedad del 10
por ciento más rico” del país. Y en virtud de que muy pocas personas tienen la
posibilidad de participar en un fondo de inversión o de mercado, “el vigoroso
aumento de estos activos ha provocado una fuerte concentración de la riqueza”
(el ingreso aumenta más rápido entre aquellos que tienen inversiones
financieras que entre los asalariados).
“Todo esto indica que en México hay
una profunda inequidad en la distribución de los activos totales, que impacta
en la distribución del ingreso”, considerando que “más riqueza implica más
ingreso y viceversa”.
Inclusive,
el organismo internacional resalta que
el 10 por ciento de las empresas concentran el 93 por ciento de los activos
físicos, en tanto que el 90 por ciento restante dispone de muy pocos bienes de
capital.
Alicia
Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo el año pasado que las reformas estructurales impulsadas por
el presidente Enrique Peña Nieto habían tenido poca incidencia en la reducción
de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, aseveró que para que las reformas den
resultados “deben de estar acompañadas de otro tipo de reformas sociales de
mayor alcance”, como aquellas al ingreso mínimo vital o al ingreso básico de
los ciudadanos.
En ese
sentido, urgió solucionar la desigualdad laboral de género. En México, el 32.2 por ciento de las mujeres destina su tiempo a
labores no remuneradas, mientras que la cifra en los hombres es de apenas 11.6
por ciento, según la Cepal.
Esta tendencia reproduce la
desigualdad, dijo Bárcena, y limita el desarrollo productivo de gran parte de
la población mexicana. Y también evita mejores retribuciones del factor
trabajo, como derechos y beneficios sociales.
Los
resultados de la Cepal abonan a los del
reporte Sin mejorar las condiciones del mercado, presentado este año por el
Centro de Investigación en Economía y Negocios (Cien), según el cual, el 61.8
por ciento de los trabajadores mexicanos gana sólo tres salarios mínimos (7 mil
952 pesos al mes), mientras que el 4.6 por ciento recibe más de cinco salarios
mínimos (de 13 mil 254 pesos en adelante).
El Cien refiere que, en 2017, 400 mil personas más
ganaron cuando menos tres salarios mínimos por jornada laboral. No obstante,
ese mismo año, el número de personas que percibían más de cinco salarios
mínimos disminuyó en 23.2 por ciento (734 mil trabajadores dejaron de ganar más
de 13 mil pesos al mes).
A esta creciente falta de poder
adquisitivo, se suma el hecho de que la generación de empleos en México es en
gran medida eventual y no permanente.
El reporte
explica que, del total de nuevas plazas
registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2016 y
2017, “el 66 por ciento (75 mil 503 personas) corresponde a trabajadores
eventuales y solo el 34 por ciento restante (38 mil 219 individuos) fue para
los trabajadores con plaza permanente”.
En
contraste, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi
refieren que, al cierre del año pasado, el 57 por ciento de la población
económicamente activa (30.2 millones de personas) participó de la economía
informal, teniendo un aumento de 1.1 por ciento en comparación con el año
anterior. En el caso de los desempleados, el organismo detalló que hay 1.8
millones de individuos.
Las condiciones mencionadas
(desigualdad social, pérdida de poder adquisitivo, generación de empleos
eventuales sobre empleos permanentes y ensanchamiento de la economía informal)
son algunos factores que detienen el crecimiento sostenido de la economía
mexicana y también las posibilidades de movilidad social positiva (o de mejorar
el estatus socioeconómico).
En ese
respecto, el estudio El México del 2018: movilidad social para el bienestar del
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) refiere que siete de cada 10 mexicanos que nacen en condiciones de pobreza,
permanecerán así toda su vida.
Además, CEEY
menciona que ocho de cada 10 jóvenes que
incursionan en el mercado laboral, consigue un trabajo con salario
insuficiente. Si la movilidad social es deficiente, la tendencia implica que su
condición será su estado permanente.
El panorama
laboral coincide con lo establecido en el Índice Global de Competitividad 2017
(IGC) del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), según el
cual, “México continúa con el mismo
nivel de competitividad que el año pasado”.
El IGC ubica a nuestro país en la
posición 51 de 137 naciones. Y aunque reconoce que la economía nacional
“continúa mejorando”, pero “es más lenta que el resto de las economías”
evaluadas.
Por ello,
para el WEF es fundamental que México
encuentre políticas para acelerar el impacto de las reformas realizadas, sin lo
cual la mejora en el desempeño de sus indicadores podría quedar estancado en
los próximos años.
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