La Defensoría de los Derechos Humanos
del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana sobre el conflicto de las
centrales eólicas en la localidad de Unión Hidalgo, en la que insta a los
representantes del Gobierno del estado a implementar acciones para eliminar el
riesgo de violaciones a los derechos humanos de opositores a dichos proyectos
en el territorio situado en la región del Istmo de Tehuantepec.
El Proyecto
de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (Prodesc), organización que ha
dado acompañamiento a la comunidad indígena zapoteca, señala que tras la instalación de la empresa Desarrollos Eólicos de
México S.A. de C.V. (Demex) en el territorio, hace ya varios años, habitantes
se han visto en la necesidad de defender sus derechos humanos y con ello han
llegado amenazas, intimidaciones y agresiones físicas.
Ante la
situación, en entrevista para SinEmbargo, el maestro Juan Rodríguez Ramos,
coordinador general de Visitadurías de la Defensoría, explicó que la alerta temprana busca justamente la salvaguarda de los
derechos humanos de los integrantes del Comité de Resistencia ante el Proyecto
Eólico de Unión Hidalgo, en específico sus derechos como pueblos indígenas, a
la información y a un medio ambiente sano.
“Nosotros consideramos que existe un
alto riesgo de que si no se refuerza la seguridad de Unión Hidalgo pudiera
haber hechos de difícil o imposible reparación. Es prudente alertar al Estado
para que refuerce la seguridad y se proteja la integridad personal de los
defensores y los habitantes de la comunidad”, indicó.
La
Defensoría instó a Alejandro Murat
Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a que instruya a las
secretarías General de Gobierno, de Asuntos Indígenas, de Medio Ambiente,
Energías y Desarrollo Sustentable y a la Coordinación para la Atención de
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del estado –quienes se han reunido con los
comuneros para hablar sobre la implementación de los proyectos eólicos–, a que
implementen mecanismos eficaces para salvaguardar los derechos humanos de los
habitantes.
Por otro
lado, solicitó a la Secretaría de
Seguridad Pública estatal emprender acciones tales como recorridos de seguridad
y vigilancia en el poblado para así proteger la vida e integridad física de los
defensores y todos los habitantes.
Mientras
tanto, a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder
Ejecutivo estatal le urgió a ejecutar
las acciones concernientes para lograr la atención integral del mecanismo de alerta
temprana.
Finalmente, a Wilson Sánchez Chávez, Alcalde de Unión
Hidalgo, le pidió promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de los lugareños como pueblo y comunidad indígena, en apego a lo
estipulado por Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Oaxaca, y al Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
El maestro
Rodríguez Ramos manifestó que la
Secretaría de Energía planeaba llevar a cabo una consulta con la población
sobre una nueva central eoloeléctrica de nombre “Gunaa Sicarú”, propiedad de la
empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa
EDF. Sin embargo, tras los sismos de septiembre pasado, la comunidad no ha logrado
ponerse de pie, por lo que no existen condiciones para llevar a cabo dicho
proceso.
Aunado a
ello, Juan Antonio López, coordinador del área jurídica de Prodesc, aseguró que la empresa EDF ya cuenta con
todos los permisos de generación, además de la evaluación de impacto ambiental
y social presentados y autorizados, por lo que la consulta de ninguna manera
sería previa, libre ni informada.
Prodesc hace un llamado al Gobierno mexicano a que
cumpla y dote de protección a la comunidad zapoteca en la que habitan alrededor
de 14 mil personas que han visto sus derechos violentados con la instauración
de un parque eólico de aproximadamente mil 800 hectáreas. Foto: Saúl López,
Cuartoscuro.
EXIGEN
SEGURIDAD PARA UNIÓN HIDALGO.
Tanto
Prodesc, como comuneros de Unión Hidalgo aplaudieron
la decisión, no obstante, esperan que se efectúe a la brevedad por lo que
hicieron un llamado al Gobierno mexicano a que cumpla y dote de protección a la
comunidad zapoteca en la que habitan alrededor de 14 mil personas que han visto
sus derechos violentados con la instauración de un parque eólico de
aproximadamente mil 800 hectáreas.
El señor
Óscar Marín Gómez tiene 73 años y se dedica a la siembra de sorgo, la situación
lo hizo convertirse también en defensor del medio ambiente y recuerda que hace
algunos años él y otros comuneros recibieron amenazas por oponerse a la
instauración de eólicas, por lo que agradeció el actuar de la Defensoría y
exigió al Gobierno atender la alerta.
“Estoy en contra de las eólicas
porque estos señores llegaron sin consulta ni nada. Llegaron a posicionarse muy
cerca de la población y producen mucho ruido y contaminación por el aceite que
tiran y no se les ve para nada que quieran aportar algo a la población”, dijo.
Juan Antonio
López reconoció el trabajo del organismo público autónomo tras la presentación
de la alerta y urgió a las autoridades a acatarla e implementar a la brevedad
las acciones demandada, entre ellas, recorridos de seguridad y vigilancia en la
población de Unión Hidalgo.
“La Defensoría está señalando el
riesgo y ahora es responsabilidad de las autoridades a nivel estatal y federal
el tomar acciones para que este riesgo se extinga, no continúe y se evite así
cualquier posible daño que se pueda lamentar posteriormente”, subrayó el licenciado.
CONFLICTOS
DE ANTAÑO.
López recordó que hace varios años llegaron
trabajadores de la empresa Demex a Unión Hidalgo y comenzaron a visitar a los
dueños de las tierras de la comunidad zapoteca para persuadirlos y convencerlos
de rentarles sus terrenos a cambio de supuestos beneficios económicos, además
de la oportunidad de continuar con el aprovechamiento de la tierra, pero nunca
manifestaron en qué consistía la obra, ni sus consecuencias.
2011, Demex regresó y a pesar de que
las tierras son ejidales, logró convencer a los comuneros de firmar actas
notariales individuales, además de contratos de arrendamiento de carácter
civil, con lo que la empresa consiguió arrancar con la construcción de la
primera fase del proyecto Piedra Larga.
“Esta empresa que se llama Demex fue
la primera y es la única que está instalada en el territorio de Unión Hidalgo.
Llegó y se instaló con mentiras, con engaños, no respetó la calidad de la
tierra que es de propiedad agraria. Con ayuda de notarios públicos firmó
contratos de arrendamiento e hicieron escrituras privadas sobre tierra que es
comunal”, expuso el
licenciado.
Desde ese momento empezó la defensa y
también llegaron los problemas, lo cual ha derivado ya en algunas agresiones
hacia los opositores: detenciones arbitrarias y amenazas constantes, comentó.
En la actualidad, dijo, la situación ha empeorado por el intento de la empresa
francesa EDF de instalar un nuevo parque en el territorio de Unión Hidalgo.
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