La Comisión
Permanente del Senado de la República sesionó el martes por última vez. Al
concluir esta semana, se consumará la renovación del Congreso de la Unión, y
con ello, quedará atrás una de las
legislaturas que, por sumisión al Ejecutivo, maniobrismo y nula representación
del interés popular, debería irse con vergüenza.
Poco sabemos del Senado y sus
excesos, excepto cuando su boato y desenfreno han quedado expuestos ante la
opinión pública:
Penoso fue ver a la senadora
perredista, Luz María Beristain, hacer gala de su prepotencia contra empleados
de una aerolínea y contra policías municipales. No conforme, muy ofendida,
declaró que debería crearse la fiscalía especializada en agresiones contra
políticos. Era mayo de 2013.
Peor aún fue la ocasión en que el
senador panista Jorge Luis Preciado armó tremenda parranda en una terraza del
recinto legislativo, aquel ya lejano 4 de febrero de 2014. La difusión de
imágenes de jolgorio terminaría costándole la presidencia del Senado. Aunque no
era la primera vez que el fiestero hacía de las suyas, fue esa la gota que
derramó el vaso.
Indignante, fue ver al priista Emilio
Gamboa, tener a su disposición un helicóptero del Ejecutivo, aterrizando en una
zona bajo protección ambiental, sólo para ir a jugar al golf con el presidente
Enrique Peña Nieto.
Y qué decir de la exhibida a Layda
Sansores, la aguerrida legisladora morenista, que se surtía de lo lindo en El
Palacio de Hierro a cargo del presupuesto.
O de la
componenda del PRI que cooptó al panista Ernesto Cordero, quien termina al
frente del Senado, pasando por encima de su bancada, su partido y lo que se
supone representaban.
Esos y otros escándalos son lo de
menos cuando, precisamente, se trata de las componendas, de la forma en que la
corrupción llegó al Senado para que sus integrantes aprobaran paquetes de
iniciativas complejas, diseñadas en un lugar que hasta ahora también
desconocemos pero que tuvieron por fachada el llamado Pacto por México.
Convertida en vil oficialía de
partes, recibieron todo hecho y, cuando alguna propuesta se introdujo para
adicionar la iniciativa que llegaba, el levísimo soplo del espíritu del
legislador quedaba anulado al pasar al pleno y publicarse el respectivo decreto
como originalmente llegó: así ocurrió, por ejemplo, cuando
la Reforma Laboral, prohibía la minería del carbón denominada eufemísticamente
artesanal. Así ocurrió también, en las reformas energética y de
telecomunicaciones para favorecer intereses privados.
Aprobaron la Reforma Laboral que
despojó a las generaciones que entraron a la población económicamente activa a
partir de 2013, de un futuro más o menos aceptable. Son responsables de
legitimar la precarización del trabajo para favorecer a los patrones y anular
los derechos que permitían la defensa del empleo y la dignidad.
Se encargaron de aceptar sin chistar
la Reforma Educativa y presumieron, con Peña Nieto, recuperar la rectoría del
Estado sobre el sector. Nada más falso que estuviera perdida, pero fue
argumento elocuente para efectuar el daño.
Al aprobar sin ver la Reforma
Energética, fueron cómplices del despojo y la consecuente conflictividad social
en numerosas regiones del país; mantuvieron y ampliaron los beneficios de los
banqueros, con su Reforma Financiera y, posibilitaron la concentración en los
oligopolios mediáticos con la de Telecomunicaciones.
La lista de agravios de esa caterva
de zánganos incrustados en el legislativo es enorme. Se merecen el repudio de
la sociedad, el castigo que les impida volver a ocupar un día un cargo de
elección popular. Se merecen la ignominia.
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