Álvaro
Delgado.
En la agonía del gobierno de Enrique
Peña Nieto, quien con motivo del último informe protagoniza una millonaria
campaña que congestiona hasta la náusea radio, televisión, prensa e Internet,
los medios de comunicación en México planean y ejecutan ajustes previos a la
asunción del poder de Andrés Manuel López Obrador.
Más visibles
en unos que en otros, los despidos de
directivos, editores, fotógrafos, reporteros, colaboradores y en áreas
administrativas derivan, en buena medida, de la nueva distribución del poder en
México, y son reacomodos administrativos, pero también en la línea editorial
que a menudo guía el modelo de negocio.
Las complicidades entre los medios de
comunicación tradicionales y el poder público –no sólo el gobierno federal,
sino los estatales, los ayuntamientos y los poderes Legislativo y Judicial, y
hasta instituciones educativas– es una de las más arraigadas tradiciones
priistas que reprodujeron con fervor los gobiernos panistas de Vicente Fox y
Felipe Calderón.
Si bien en
el gobierno de Fox se establecieron “lineamientos” para una asignación de la
publicidad gubernamental a los medios de comunicación escritos y audiovisuales
–con criterios más o menos objetivos de penetración en la sociedad–, fue algo transitorio que al final volvió al
esquema netamente priista de premiar la lisonja y castigar la crítica.
Con Calderón, el esquema perverso de
complicidades se robusteció no sólo por el crecimiento exponencial del
presupuesto publicitario de su gobierno –¡casi 40 mil millones de pesos, más
del doble que Fox!–, sino por la orientación a los medios que lo encubrieron,
especialmente Televisa, TV Azteca, las corporaciones de radio, los diarios capitalinos.
Calderón también auspició económicamente a un elenco
de periodistas y opinadores que, en los principales medios, aun ahora
justifican las decisiones de su gobierno. En contraste, decretó el boicot publicitario e informativo contra el periodismo independiente,
uno de los cuales es el semanario Proceso.
Con Peña, la relación perversa poder
público-medios de comunicación se profundizó, no sólo con un despilfarro
publicitario que quizá supere los 50 mil millones de pesos en el sexenio,
distribuidos con la misma lógica facciosa de Calderón y que, en ambos casos, no
remedió el repudio popular.
Peña promovió una ley que, en vez de establecer
mecanismos objetivos para la asignación de la publicidad gubernamental, sólo
afianzó la discrecionalidad que debió erradicar.
¿Con López Obrador se desterrará
definitivamente este esquema? No hay muchas señales en ese sentido: Primero
porque mantiene una amorosa relación afectiva con los propietarios de los
principales medios de México, y porque mantendrá una voluminosa bolsa de
recursos económicos para la promoción de su gobierno.
Aquí lo
apuntamos en su oportunidad: El
presidente electo anunció que destinará a la publicidad gubernamental en los
medios la mitad del presupuesto sexenal de Peña Nieto, que muy probablemente
superará los 50 mil millones de pesos.
De
materializarse la reducción conforme lo ofrecido por López Obrador, el nuevo gobierno destinaría entre 20 mil y
25 mil millones de pesos, un presupuesto mayor a los 18 mil millones de pesos
que gastó Fox en su sexenio.
¿Cómo asignará esos recursos López
Obrador? Es una incógnita todavía. El próximo vocero y responsable de la
comunicación social del gobierno, el periodista Jesús Ramírez Cuevas, ha dicho
que el criterio será equitativo. Ya se verá.
Contra lo
que muchos creen, la publicidad
gubernamental no es sinónimo de corrupción o de “chayote”, como coloquialmente
se conoce en México la práctica de entregar dinero a cambio de lisonja o
silencio, sino un instrumento de política pública en comunicación social para,
entre otros objetivos, difundir campañas de beneficio social y aun de rendición
de cuentas.
El nuevo gobierno debe definir el
tipo de relación que quiere tener con los gobernados y estar consciente de que
la comunicación social no es sólo la relación con los medios de información, ni
siquiera los más poderosos, y menos ser instrumento de censura o favoritismo.
La nueva
correlación de fuerzas políticas en México, y sobre todo el mandato que recibió
Morena para el Ejecutivo y el Legislativo, significa
que también debe erradicar el añoso esquema de complicidades para que los
medios y los periodistas vivamos sólo por la calidad de nuestro trabajo
profesional, no por la relación con los poderosos en turno.
Apuntes.
En este
contexto no suena lógico que aparezca un periódico como el asociado a Miguel
Ángel Mancera, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, quien fue
candidato a senador del PAN y ahora coordina al grupo parlamentario del PRD,
salvo que la lógica sea exclusivamente política. Y sí: Al frente de este
proyecto está el perredista Héctor Serrano, actual diputado federal y el
principal operador de las decisiones de Mancera que deterioraron a la Ciudad de
México, que los despreció…
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