Muchas personas en el Gobierno de
Estados Unidos e incluso algunas en México dicen que el nuevo acuerdo comercial
entre los dos países ayudará a aumentar los salarios en la industria automotriz
de México.
Pero los activistas dicen que el
pacto no hará eso ni detendrá el flujo constante de empleos hacia el sur, al
menos no hasta que México cambie sus leyes laborales y elimine los “contratos
de protección” que dejan a los trabajadores indefensos.
El acuerdo
anunciado el lunes incluye algunas promesas vagas en esa dirección, pero
esencialmente deja todo en manos de México, donde una red de complicidad
gubernamental hasta ahora ha bloqueado todo avance en ese terreno.
El activista
Pablo Medina dice que él y 57 compañeros
de trabajo fueron despedidos el 9 de julio de la planta de neumáticos Goodyear
en San Luis Potosí, México, después de tratar de organizar un sindicato
independiente en la fábrica, donde pasaron dos años sin que los empleados
conocieran siquiera al sindicato que supuestamente los representaba.
Los trabajadores de Goodyear
efectuaron una huelga espontánea el 24 de abril después que uno de ellos se
desmayara y se fracturara tres costillas en medio del calor del departamento de
vulcanización, y después de que se enteraran de que el esperado aumento a sus
sueldos equivalentes a 1,50 dólares la hora equivaldría apenas a 50 centavos de
dólar por día.
“Las condiciones de trabajo adentro
de Goodyear son muy inseguras, la rotación de personal también ha sido muy
elevada, y, claro, los salarios son bastante bajos para lo que se paga dentro
de la industria hulera”, dijo Medina, quien lucha por recuperar su empleo.
En un
comunicado enviado por correo electrónico, Goodyear
México negó que la planta sea insegura y afirmó que es un “empleador
competitivo” en materia salarial en la región. Agregó que el aumento salarial
de este año fue de 6 por ciento, equivalente a la tasa inflacionaria del año
pasado. Reconoció que un grupo de empleados fue despedido debido a la huelga,
pero negó que hubieran sido 57.
Una de las principales razones por
las que los sueldos son muy bajos –casi una décima parte del que se paga en
plantas estadounidenses– son los “contratos de protección” que los trabajadores
nunca han firmado, aprobado en votación o siquiera visto. Goodyear, por
ejemplo, firmó en abril de 2015 un contrato laboral con el sindicato
progubernamental CTM, meses antes de que abriera su planta en San Luis Potosí o
contratara incluso a su primer trabajador.
La Oficina
del Representante Comercial de Estados Unidos dijo el lunes en un comunicado
que la insistencia del acuerdo en los derechos laborales “representan las cláusulas más estrictas de cualquier acuerdo
comercial”. Según el pacto, “México se compromete a medidas legislativas
específicas para proveer el reconocimiento efectivo del derecho al contrato
colectivo de trabajo”, agregó.
Sin embargo,
el Secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo a The Associated Press que el acuerdo no obliga a
México a hacer gran cosa más allá de aplicar la vaga enmienda constitucional
aprobada el año pasado que requiere que los trabajadores sean consultados y
aprueben los contratos laborales. “Pero la obligación no nace propiamente del
tratado de libre comercio, sino de la reforma constitucional que ya se aprobó
el año pasado”, destacó Videgaray.
Y el primer
proyecto de la ley que se supone México aprobará de conformidad con el acuerdo,
fue escrito por Tereso Medina, el líder sindical progubernamental que firmó el
contrato de protección en la planta de Goodyear. La ley no está aprobada, pero
daría a personas como Medina –que también fue Senador del partido gobernante–
un papel importante en una comisión que supervisa los contratos colectivos.
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