El ejército en las calles.

Epigmenio Ibarra.

De la guerra -se podría decir-, yo hablo y escribo siempre en primera persona. Y lo hago porque la conozco, la he vivido, la he sufrido en carne propia.  Estuve muchas veces bajo fuego a lo largo de 12 años, en distintos frentes de guerra. Han silbado más balas a mi alrededor que las que han silbado en torno a esos arrogantes generales y almirantes que hoy, desde sus oficinas blindadas, dirigen la guerra en México.

Yo no fui como ellos al Colegio Militar. No soy diplomado de Estado Mayor, pero he entrevistado a jefes militares legendarios por su audacia, por su manera de dirigir operaciones en el terreno. Supe escucharlos y, sobre todo, aprender de ellos enfrentando los mismos riesgos que ellos enfrentaban en el campo de batalla.

Con la cámara al hombro crucé muchas veces la tierra de nadie y documenté a uno y a otro bando en varias guerras. Estuve con las guerrillas y también con los ejércitos gubernamentales en Centroamérica y Colombia donde registré, además, los más sangrientos días de la guerra de los extraditables. Me dispararon y me acogieron tanto serbios como bosnios en la antigua Yugoslavia. Anduve, en el Golfo Pérsico, con el ejército norteamericano, con los insurgentes chiitas en el sur de Irak y con las tropas de Sadam Hussein en Bagdad.

He sido, por décadas, un ávido lector de cuestiones militares y, atenido a aquello de que la violencia es la partera de la historia, me he dedicado a analizar conflictos del pasado y del presente. Pero no soy un intelectual; soy simplemente un testigo. Alguien que habla de lo que ha vivido.

Y lo que he vivido en la guerra, que para los generales es gloria, poder y negocio, para mí sólo ha sido sangre, olor a pólvora y mierda. Ahí, lo que más me ha marcado como hombre es el dolor inmenso que provoca. El dolor de las víctimas civiles, de esas y esos que no son, casi nunca, parte de la historia, que apenas engrosan la estadística de las llamadas bajas colaterales.

Yo estuve en El Mozote, en el Nororiente salvadoreño, antes y después de la masacre que borró a ese pequeño pueblo del mapa. Vi cuando desenterraban los despojos de los 553 menores de edad -477 con menos de 12 años-, asesinados ahí por el batallón Atlacatl del ejército gubernamental. Yo filmé a mujeres, con sus hijos enracimados, clamando al cielo desde donde los helicópteros artillados disparaban. Yo, como diría León Felipe, ya me sé todos los cuentos.

Con esos gritos, con ese llanto que no cesa, con ese dolor a cuestas, tatuado en lo más profundo de mí, es que regresé a México dispuesto a hacer cuanto fuera necesario para evitar que ese infierno, que llegó de la mano del infame de Felipe Calderón, se instalara entre nosotros. Fracasé, fracasamos. Ese horror que quería evitar ya está aquí y aumentado con creces.

Felipe Calderón, que deberá responder ante la historia y también (en eso habré de empeñarme) ante la justicia, dio, de manera criminal e irresponsable, una patada al avispero. Sin preguntarse siquiera por la capacidad de reposición de bajas del narco, el tamaño y la calidad de su base social, o su capacidad logística y financiera, se lanzó a combatirlo a sangre y fuego, desplegando a decenas de miles de efectivos del Ejército y la Marina a lo largo y ancho del país. Traicionó así a México al desatar una guerra por encargo de Washington, que hoy sigue poniendo las armas y los dólares mientras nosotros ponemos los muertos.

Desde la primera operación ofensiva lanzada por Calderón en Michoacán advertí que la guerra sería tan cruenta como inútil y que el poder de fuego de las fuerzas armadas sólo provocaría una escalada en el poder de fuego del narco. Dije también que el ejército, que se mueve con la pesadez y la lentitud característica de las fuerzas regulares, como un elefante en cristalería, tendría un modo de actuar previsible y sería fácil de burlar.

La presión sobre los mandos para obtener resultados, detener capos, desmantelar organizaciones, por parte de Calderón, un megalómano urgido de legitimidad; así como la frustración al perseguir a un enemigo elusivo, y el enorme poder de fuego en manos de soldados sin entrenamiento para ejecutar tareas propias de policías y que habrían de moverse entre la población civil, terminaron por configurar la tragedia.

12 años después, con más de 260 mil muertos y 40 mil desparecidos, con 345 mil desplazados por la violencia y más de un millón de familias destrozadas, la droga sigue cruzando al norte, los dólares y las armas siguen cruzando al sur, los carteles actuando impunemente y el Ejército y la Marina violando sistemáticamente los derechos humanos.

No nos equivoquemos. No sólo fracasaron Calderón, Peña, que siguió sus pasos, los jefes militares y navales que no tuvieron el patriotismo de cuestionar las órdenes presidenciales y replantear la estrategia… fracasamos todos por no detenerlo, fracasamos como país.

Desaparecieron, en medio del enfrentamiento entre fuerzas armadas y narco, prácticamente todos los cuerpos policiales, el aparato judicial corrió la misma suerte, se produjo un colapso definitivo de las instituciones responsables de procurar justicia y prestar seguridad a los ciudadanos. Para muchas personas en las zonas más violentas de México, la única alternativa ante el retiro de la tropa sería armarse para resistir o abandonar su casa, su tierra, sus negocios, huir.

Ese es el México que recibirá Andrés Manuel López Obrador, un México que se nos deshace entre las manos, un país en el que enfrentamos una trágica paradoja: si continúan soldados y marinos en las calles no habrá paz y si, por el contrario, regresan de inmediato a sus cuarteles, no habrá seguridad en muy amplias zonas del territorio nacional.

Poca gente conoce México como López Obrador, ningún político ha escuchado tan de primera mano los testimonios de quienes son víctimas de la inseguridad en todo el territorio nacional, ningún gobernante ha tenido, por otro lado, su sensibilidad ante el sufrimiento de las mayorías y la claridad para establecer la relación profunda entre corrupción y violencia.

Su objetivo declarado es pacificar al país. Está empeñado en lograrlo desplegando todo tipo de recursos, por más que algunas de sus propuestas escandalicen a quienes -sabiendo muy poco de la guerra- las simplifican groseramente con el propósito de golpearlo. Lograr ese objetivo no será ni fácil ni rápido.

Entramos, el 1 de diciembre, a un complejo periodo de transición en el que habrá que reconstruir prácticamente todas las policías, desde la federal hasta las de los municipios más pequeños, así como los aparatos de procuración de justicia. López Obrador tendrá que ir conciliando entre lo que soñó y lo que puede hacer, sin perder el objetivo de conseguir cuanto antes lo soñado.

No me gusta nada la idea, luche y seguiré haciéndolo porque los militares regresen a sus cuarteles, pero entiendo que el retiro inmediato del ejército y la marina puede ser peligroso. Más peligroso sería, sin embargo, que el ejército mantuviera la doctrina que ha prevalecido los últimos 12 años y continuara librando una guerra de exterminio. Sé que el nuevo Presidente no habrá de ordenar ni a militares ni a policías empeñarse en actos de represión. La paz, como él dice, es fruto de la justicia y ni una ni otra se consiguen a punta de fusil.

El reto de López Obrador, como comandante supremo de las fuerzas armadas, será contener al ejército y la marina, hacerlos seguir estrictos protocolos de uso de fuerza, someter a la justicia civil a mandos que se han involucrado en violaciones a los derechos humanos, y cambiar sus órdenes radicalmente. Ya no se trata, como lo hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de librar una guerra contra los cárteles sino de prestar seguridad a la población. De fuerza de combate han de pasar a ser fuerza de disuasión. No se apaga el fuego con gasolina.

A los cárteles habrá que combatirlos cerrando sus fuentes de financiamiento porque sin dinero, sin esas enormes cantidades de dinero, el crimen no se organiza, no se arma, no corrompe a gobernantes, jueces y funcionarios.

Hay que combatir a los cárteles obligando a Washington a combatir a las organizaciones criminales norteamericanas en su propio territorio. Éstas manejan en realidad al narco en toda América Latina, lo financian, lo arman.

Hay que hacer que la CIA deje de mandar en la Marina para que esta suspenda sus operaciones de aniquilamiento “selectivo”, reducir dramáticamente y supervisar los programas para proveer armas, tecnología y pertrechos a las fuerzas armadas, y evitar que jefes militares y navales se enriquezcan con la guerra.

Dicen quienes conocen al ejército mexicano que en él hay tres sectores: 1) el de aquellos que se formaron en la guerra sucia y operan, entre otros territorios, en Guerrero, donde cometió la mayoría de sus crímenes el general Acosta Chaparro y donde sus seguidores siguen cometiéndolos; 2) los “generales de oficina” a los que se les hizo fácil mandar a los jóvenes a matar y morir, y que aprovecharon la guerra de Calderón y Peña para hacer enormes negocios; y 3) aquellos nacionalistas herederos de la tradición cardenista.

Si esto es así, López Obrador deberá actuar tanto contra los criminales de la guerra sucia como contra los corruptos que estuvieron al mando en los últimos doce años. No tocarlos implicará ponerse en riesgo y sobre todo poner en riesgo a la población civil en las zonas donde soldados y marinos se mantengan en las calles. La única esperanza está -me parece- en que los militares honestos y patriotas que honren el legado del general Lázaro Cárdenas se sumen a las tareas de la 4ª transformación y colaboren en el esfuerzo de regresar, cuanto antes, a sus cuarteles.

La prioridad es ahora la seguridad; no la defensa. No se necesitan fuerzas regulares equipadas con armamento y tecnología para combatir un enemigo externo ni generales que, ensangrentando al país, jueguen a la guerra. Necesitamos paz, necesitamos seguridad sin guerra. Necesitamos pronto, lo más pronto que se pueda, al ejército en sus cuarteles y transformado en una guardia nacional.