Las mineras pedirán al Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador plena protección a las inversiones extranjeras y
una revisión a la estructura fiscal para bajar los impuestos a este sector, así
lo declaró Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos y Seguridad de
Goldcorp, la transnacional canadiense que acumula decenas de denuncias por
contaminar la tierra y consumir grandes cantidades de volúmenes de agua de las
poblaciones donde opera.
“Es importante que México asegure
plena protección a las inversiones extranjeras porque bajaría la confianza,
para la minería lo más relevante es el tema de protección a las inversiones, la
industria no se ve afectada por otros temas como otros sectores”, explicó el directivo de la minera
canadiense en conferencia de prensa.
Informó que este jueves sostendrán una reunión con
parte del equipo que conformará la Secretaría de Economía (SE) en la próxima
administración, cuya dependencia estará a cargo de Graciela Márquez Colín.
La reunión,
dijo, es para poner en la mesa las
necesidades y retos que enfrenta el sector como la sobrerregulación fiscal, la
falta de Estado de derecho y la inseguridad.
“Esperamos que muestren compromiso
con la actividad, deberían de revisar la estructura fiscal porque el impuesto
minero fue un golpe muy fuerte para la industria, ojalá evalúen que los
impuestos en México son más altos que en otros países”, aseguró.
El directivo
de la minera Goldcorp destacó que para
mitigar la carga fiscal el gobierno en turno podría permitir que las compañías
puedan deducir las inversiones de infraestructura o de obras en la localidad de
las minas, como ocurre en Perú.
“Eso sería muy positivo porque las
comunidades terminarían con obras de mejor calidad y con un costo
administrativo mucho más bajo, porque se eliminaría toda esa burocracia de
fondo”, indicó.
Michael
Harvey habló también de que la industria
minera deberá trabajar fuerte en la próxima administración para dar a conocer
los beneficios de la actividad y el reto del Estado de derecho, uno de los
grandes problemas en el país.
“Estoy viendo mucha apertura para reunirse
con funcionarios canadienses y miembros de la industria, es un momento de
esperanza porque la industria debe recuperar competitividad”, señaló.
LAS
ACUSACIONES CONTRA GOLDCORP
En el
anuario 2017 sobre “Las actividades extractivas en México: minería e
hidrocarburo hacia el fin de sexenio”, realizado por organizaciones de la
sociedad civil, alertó que la laxitud de
las regulaciones que rigen las actividades extractivas en México está llegando
a niveles “descarados” en detrimento de la biodiversidad.
El alto número de concesiones mineras
vigentes se mantiene cercano a las 25 mil; de éstas, el 85.2 por ciento se
ubica sobre superficie del territorio con vegetación natural y más del 80 por
ciento de la superficie terrestre concesionada a la minería se encuentra en
zonas con una muy alta y alta integridad ecosistémica. Resulta más alarmante
aún que de las Áreas Naturales Protegidas y sitios Ramsar, un total de 7.2 por
ciento de su superficie terrestre a nivel nacional esté concesionado a la
minería.
Respecto al
sector hidrocarburos, en este estudio se
evidenció que, debido a numerosas modificaciones legislativas, el Estado
mexicano permite también que todas las actividades relacionadas con éste puedan
llevarse a cabo sin ser reguladas por el ordenamiento ecológico del territorio.
Como ha sucedido en otros años, las regulaciones ambientales se siguen
debilitando ante el avance de las industrias extractivas.
Este informe
también reveló que las empresas que
consumen los mayores volúmenes de agua en el país suman 184 millones de metros
cúbicos al año y son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México.
En Zacatecas, Goldcorp ha realizado
una actividad intensa con su minera Peñasquito, ubicada en el municipio de
Mazapil, de donde extrae de 9 mil a 110 mil toneladas diarias de oro y plata.
De acuerdo
con una investigación del medio local NTR Zacatecas, los cerros de los desechos mineros llegan hasta donde la vista
alcanza, “enfrente sólo hay un paisaje devastado por las máquinas dedicadas a
la extracción de oro, que acabaron con 6 mil hectáreas del semi-desierto
zacatecano”, según la investigación del medio.
Añade que el camino de terracería
sigue hasta convertirse en una carretera de dos carriles que conduce a la
comunidad de Nuevo Peñasquito, otro pueblo fantasma, al igual que la cabecera
municipal. “El centro comunitario de salud que presuntamente operará el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está abandonado. En su interior hay
varias sillas y un escritorio cubiertos de polvo”.
En el año
2016, la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala acusó a la transnacional canadiense de generar altos niveles de
contaminación en Mazapil. Según denunciaron, la minera vierte selenio y otros
metales en mantos acuíferos de la zona, los cuales han provocado problemas de
salud en la población.
La práctica de hostigamiento contra
quienes se oponen a las minas es otra de las acusaciones en contra de Goldcorp.
En el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, donde la empresa explora la mina
La Preciosa, se ha intensificado también este fenómeno.
En esta
localidad, grupos identificados como parte de Los Zetas han hecho presencia
entre la población con prácticas de extorsión; exigen una cuota de cinco pesos
diarios a cambio de respetar vidas y propiedades.
Obviamente
el objeto de la extorsión no es el dinero en sí, sino el terror que siembran
entre los habitantes, quienes han comenzado un éxodo silencioso que los obliga
a malbaratar sus predios, los ambicionados por Goldcorp.
Entre 2001 y 2017, las mineras
extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la
plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.
La operación de esas empresas,
incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los
territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social
en México, bajo el amparo del Estado mexicano, así lo consigna el periodista J.
Jesús Lemus en su libro de reciente publicación “México a Cielo Abierto”.
SinEmbargo
ha publicado diversas investigaciones sobre el tema consultando a distintos
especialistas en la materia, quienes acusaron
que el Gobierno ha permitido operar en el país a 290 compañías mineras, 211 de
ellas de origen canadiense.
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