Puerto Interior: la caja chica de Márquez.

Arnoldo Cuellar.

Desde la más alta investidura pública del estado, a la que solo se puede llegar con el respaldo inobjetable de una mayoría ciudadana, el panista Miguel Márquez Márquez parece haberse dedicado de forma sistemática y sistémica a saquear al pueblo que lo eligió.

El reportaje que Zona Franca publicó esta semana muestra con claridad como desde la más alta esfera del poder se decidió dar un regalo de por lo menos 400 millones de pesos a una empresa que no solo carecía de la más absoluta experiencia en el tema para el que se la requirió, sino que además ya había recibido otro beneficio mayúsculo: el programa Escudo.

Seguritech era una empresa todavía mediana cuando llegó a Guanajuato a ofrecer su programa de cámaras y arcos carreteros, de la mano de Alvar Cabeza de Vaca, entonces consultor de seguridad privado después de haber sido secretario de seguridad en León y empleado de Gerardo García Preciado en la empresa Portoss.

Ariel Picker, el propietario de la empresa tecnológica superó con creces sus expectativas en el mes de diciembre de 2012, cuando el nuevo gobernador de Guanajuato no solo le compró un completo programa de seguridad que le significaría ingresos por más de 3 mil millones de pesos en los siguientes seis años, sino que además convirtió al gobierno de Guanajuato en aliado y en su principal propagandista.

Lo que no se sabía entonces es que algunos meses después, también se volverían socios.

En la euforia de la venta por Seguritech y con acceso a los más altos niveles del gobierno, además de tener una relación privilegiada con el todopoderoso cabildero Rafael Barba Vargas, financiero de la campaña de Márquez y compadre del gobernador, Picker dio el siguiente paso al obtener el compromiso de Guanajuato Puerto Interior, una entidad que no se mueve sin la autorización del propio gobernador, para hacerse de ochenta hectáreas a un precio de ganga.

El predio en cuestión había sido rechazado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico para instalar terminales de carga y estaba convertido en un baldío cercado por las vías del tren. Sin embargo, la situación no era tan desesperada como para rematarlo al precio en que se hizo y sin ningún procedimiento público, por dedazo, de cuates.

Ciento cincuenta y seis pesos por metro cuadrado en una zona que ya tenía el despegue de GPI y toda la infraestructura a la puerta, no es una ganga, es un regalo. Máxime si además accedes a construirle un paso a desnivel que le dé pleno acceso y lo integre totalmente al puerto.

Estaban tan confiados en sus arreglos que primero acordaron la venta y después se constituyó la empresa, en una típica transacción de compadres realizada con bienes públicos. Es decir, cuando el consejo directivo de Puerto interior presidido por el puntilloso secretario de Desarrollo Económico Héctor López Santillana resolvió vender a Sky Plus el terreno definiendo el precio, esta empresa no tenía un acta constitutiva ni un registro hacendario.

Pero además, se aceptó que la empresa estuviese constituida por dos prestanombres para ocultar al verdadero propietario, Ariel Picker Schatz, en una operación que exuda mala fe: se hizo para no poner en evidencia los nexos que ya se habían cuestionado en el caso de Escudo y que habían generado un escándalo mayúsculo cuando se concretó la adquisición de ese programa mediante un arrendamiento en un contrato firmado el día de los inocentes del 2012 y cuyo contenido se desconoce hasta la fecha.

Las explicaciones que hoy da el director de Puerto Interior, Luis Quiroz, resultan ridículas. Habría que preguntar si él como empresario las hubiera aceptado de parte de uno de sus gerentes.

– Que el predio se malbarató “porque nadie lo quería”. Sería bueno saber cuántos intentos previos hicieron para colocarlo y porque no recurrieron a un procedimiento público.

– Que el valor se realizó mediante una “justipreciación”. ¿Hay avalúos? ¿Se pueden dar a conocer?

– Que la empresa goza de una gran experiencia, porque ya “hace helicópteros y drones” y además “la recibieron en Estados Unidos”. Habría que recordar que Sky Plus se presenta como un desarrollador de parques industriales especializados en el tema aeronáutico, pero que antes de la compra del terreno en GPI no había desarrollado ninguno (¿cómo? Si no existía). Nada tienen que ver los helicópteros y los drones porque la experiencia que se le requiere es la de desarrollar infraestructura para industrias. Finalmente, el desarrollo de Skybridge en Arizona, que es de logística para carga, fue tres años posterior a la venta del terreno, por lo que no puede alegarse lo ocurrido en 2017 como antecedente para lo decidido en 2013.

En realidad, estamos frente al más absoluto uso patrimonialista de los recursos públicos:

Mediante la intervención directa de Miguel Márquez se liberó la autorización para que la familia Valdovinos de Silao pudiese unir su establo a Puerto interior y luego hacer el negocio de la vida colocando el metro cuadrado a 44 dólares en 2014.

El mismo año el Puerto Interior con pleno conocimiento del mismo Márquez, GPI “remata” 80 hectáreas ubicadas dentro del parque y con las mismas posibilidades de conexión que el establo de los Valdovinos, a menos de 10 dólares por metro cuadrado, al tipo de cotización de ese momento.

¿Cuál es la lógica de esos movimientos? Por un lado, el Puerto agrava sus cargas y compromete su infraestructura sin obtener beneficios; por la otra deja el desarrollo del negocio a un tercero que lo puede realizar en condiciones privilegiadas. En ambos casos, la entidad pública sufre perjuicios y ganan los particulares.

Lo único que puedo vislumbrar es que Guanajuato Puerto Interior, ese gran desarrollo al que contribuyeron varios gobiernos de Guanajuato y el propio gobierno federal en la era Fox, se convirtió en la caja chica de Miguel Márquez, curiosamente el único gobernador de Guanajuato que tiene en su currículo una posición de contralor, pues ocupó la Secretaría de la Gestión Pública en el gobierno de Juan Manuel Oliva.