En febrero
de 2016 los abogados que representaban
en Estados Unidos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maney &
González-Félix, se presentaron en la sala de audiencias de la corte de Plano,
una ciudad al norte de Texas.
Estaban ahí para dar por terminada
una disputa de dos años con Orthofix, que había sido su proveedor de prótesis
médicas. Llegaron a poner punto final a un escándalo en el que nadie era
inocente.
Años atrás, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados
Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) descubrió que Orthofix sobornó a
funcionarios del IMSS para ganar alrededor de 8 millones 700 mil dólares en
contratos (116 millones 580 mil pesos, al tipo de cambio de ese año). Una
decena de ejecutivos de esa compañía y funcionarios del IMSS, entre los cuales
hubo jefes de compras, médicos y encargados de almacén, estuvieron involucrados
en esa trama.
La sanción
contra Orthofix fue conocida en México y Estados Unidos por medio de
comunicados de prensa en 2012. No
obstante, hasta la publicación de este reportaje, se desconocía la forma en que
el IMSS intentó resolver el caso y que además la empresa continuó operando en
suelo mexicano a pesar de ser sorprendida en actos de corrupción.
Una base de
datos elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) permite saber qué durante ocho años la
transnacional obtuvo al menos 888 contratos en los que se registraron algunas
irregularidades respecto a la legislación mexicana: sobreprecios, sobornos en
efectivo, regalos, paquetes vacacionales, entre otros.
Presionados
por la investigación y sus hallazgos en Estados Unidos, en 2014 el IMSS presentó una demanda civil y culpó a la transnacional
de delitos, asegurando que “la conducta ilegal de Orthofix los había dañado de
numerosas maneras”.
Tras dos
años de disputa el 23 de febrero del 2016,
el equipo de abogados del IMSS llegó a un acuerdo en una corte de Texas y
pactaron con Orthofix retirar la demanda a cambio de dinero y equipo médico.
Hasta la fecha se desconocen los
términos exactos de ese acuerdo, ya que la dependencia ha declinado las
peticiones de entrevista que se le han enviado por distintos medios, y a través
del sistema de transparencia declaró la inexistencia de información relacionada
con este proceso judicial.
Sin embargo,
expedientes obtenidos por Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad en cortes de Estados Unidos revelan que Orthofix y el IMSS llegaron a
un acuerdo económico de 3 millones de dólares (54 millones de pesos) en equipo
médico y un millón de dólares (18 millones de pesos) “en efectivo”.
MCCI también encontró que Orthofix no cumplió su
parte del trato. Durante dos años el IMSS ha esperado que la empresa entregue
los dispositivos médicos. La dependencia mexicana aseguró que la compañía ni
siquiera hizo el intento de ingresarlos a México, y hasta la fecha no ha
reparado el daño.
De acuerdo
con una revisión realizada por MCCI, mientras
el IMSS esperaba que la transnacional cumpliera con el acuerdo, los productos
fabricados por la empresa continuaban ingresando a los hospitales a través de
un distribuidor: BMTI, al que Orthofix reconoce como su actual representante.
Los primeros
contratos.
La empresa
Orthofix inició operaciones en 1980 en Verona, Italia y fue fundada por un
reconocido investigador ortopédico, Giovanni De Bastiani. Desde entonces, se ha
dedicado al diseño y manufactura de dispositivos médicos para columna
vertebral, ortopedia y fijación de extremidades.
Los
productos que Orthofix ofrece son distribuidos a través de representantes de
ventas y subsidiarias en más de 60 países; es una de las compañías más grandes
de dispositivos ortopédicos y está presente en Sudáfrica, China, Noruega,
Argentina, Nueva Zelanda, Estados Unidos y México.
De acuerdo
con su página web, sus oficinas centrales están en Lewisville, Texas; actualmente
cuenta con 900 empleados y colabora en investigación y desarrollo de
dispositivos médicos con distintas organizaciones, como la Fundación de
Investigación y Educación Ortopédica (OREF por sus siglas en inglés) y el
Hospital de Niños del Rito Escocés.
La compañía
de dispositivos médicos logró ingresar a tierras mexicanas en el año 2003,
gracias a una empresa subsidiaria llamada Promeca S.A. de C.V.
De acuerdo
al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México,
Promeca fue fundada en 1994 por Arturo Alberto Soto Cabrera para comprar,
vender, importar, exportar y distribuir prótesis e implantes de todo tipo.
Los socios y
directivos de esta empresa fueron Alejandro Sergio Méndez Torres Paniagua,
Mauricio Fernando Calvos Warnery, Alfonso Solloa Junco y Armando Bocanegra
Castillo. En el año 2003, se incorporaron como apoderados dos ciudadanos
estadounidenses: Robert Rucinsky y Gary Henley.
Estos
últimos también contaban con puestos directivos en Orthofix: Henley como
presidente de la división de América y Rucinsky como integrante del consejo
administrativo de la empresa.
Las oficinas
de Promeca estaban ubicadas en la calle José María Vértiz 1235 en la colonia
Letrán Valle, en Ciudad de México y en la Avenida Miguel Hidalgo y Costilla
número 44600, en el barrio de Ladrón de Guevara, en Guadalajara. MCCI realizó
una visita a los inmuebles y en el caso de Jalisco solo había una casa
abandonada. Mientras que, en Ciudad de México, se encontró una empresa de
prótesis médicas llamada Missolutions, aquí un policía que no se identificó,
dijo que Promeca no estaba ahí desde hace dos años. De los accionistas no hay
rastro en registros públicos.
De acuerdo con el caso
4:18-cv-00121-ALM-KPJ, que fue reabierto el 23 de febrero del 2018 por la
Fiscalía del Distrito Este de Texas, Promeca surtió de dispositivos médicos al
gobierno mexicano desde 2003 hasta 2010.
En el año 2003 ganó por primera vez
contratos para vender productos de Orthofix a dos instituciones de salud
pública de México que pertenecían al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS): el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas y Hospital de
Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes en Ciudad de México y Estado de México.
Según
información del gobierno de EU, Promeca
ganó estos contratos gracias al pago de sobornos a funcionarios: “chocolates”
les llamaron. Un esquema creado y administrado por el entonces jefe de
operaciones en América de Orthofix.
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