La Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún
funcionario podrá percibir un sueldo superior al del Presidente de la
República.
En un
comunicado, el máximo tribunal del país
informó que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de
inconstitucionalidad promovida por la CNDH para impugnar la constitucionalidad
de la normatividad expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de
2018 en el Diario Oficial de la Federación.
El decreto tiene por objeto regular
las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes de la Unión y de
todos los entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía
constitucional.
Además de establecer el fin de las
pensiones asignadas a los expresidentes de la República, señala que ningún
servidor percibirá más que el titular del Ejecutivo federal. El presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, fijó en 108 mil pesos su sueldo mensual.
Tras la
admisión por parte de la Corte, se
instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del
Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan
su informe dentro del plazo de 15 días hábiles, indicó el comunicado.
La CNDH presentó su recurso ante la
Corte, el pasado día 22 de noviembre, al estimar que la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos podría contener posibles
vulneraciones a derechos humanos.
Según la
querella, a juicio de la CNDH, la nueva
ley se aparta de los mandatos de la norma suprema y de diversos instrumentos
internacionales suscritos por México.
Por esa
razón consideró conveniente someterla al
conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez.
De acuerdo
con el máximo tribunal, la CNDH
consideró necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean
reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su
integridad.
En ese
contexto, consideró que la ley de
remuneraciones no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los
parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras
problemáticas que detectó.
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