Georgina
Morett.
La decisión del perredista Silvano
Aureoles de retirarse del acuerdo de coordinación fiscal en materia educativa,
obliga a una reflexión profunda sobre el centralismo mexicano desde una arista
que, en este caso, fue poniendo contra las cuerdas a Michoacán por una
creciente nómina magisterial que, se agravó aún más, con decisiones de
gobiernos locales que se sometieron a las presiones de los sindicatos al
firmarles una amplia cartera de bonos.
La interpelación del gobierno de
Michoacán ya consta por escrito y firma de recibido de las secretarías de
Educación y de Hacienda, con amplios anexos donde se detallan los nocivos
efectos para la entidad del acuerdo federal signado en 1992 y modificado en
2014.
De acuerdo
con documentos elaborados por el gobierno de Michoacán, la totalidad de recursos que requiere la Secretaría de Educación
estatal para finalizar el año 2018 son 2 mil 911 millones 278 mil 103 pesos,
para pagar los bonos vencidos de 2017 y de 2018, así como los bonos por vencer
de 2018 y la nómina para las quincenas 19 a 24 de este año.
Para el gobierno de Aureoles Conejo las etapas
del desequilibrio estructural en la educación se entienden si se considera que
en 1992, cuando se dio la descentralización de la educación básica, el apoyo
por parte de Michoacán a este rubro era de 9.6 por ciento y en 2012 se
incrementó a 36.59 por ciento, lo que significa que en 20 años se incrementó en
281 por ciento.
En cuanto al
número de trabajadores en el sistema educativo, de acuerdo con los datos del gobierno: en 1996 había 8 mil 499
docentes y 907 administrativos, mientras que en 2014 había 25 mil 546 maestros
y 4 mil 418 administrativos, lo cual ha encarecido de manera importante el
costo de la educación en la entidad.
El
gobernador dijo que no se trata de renunciar
a una responsabilidad, sino de transitar hacia un nuevo esquema que, al menos,
permita retornar a la condición de hace casi tres décadas en que su estado
absorbía el 12 por ciento del gasto contra el 88 por ciento federal.
Ésta, como
otras crisis se da casi con el cambio en la Presidencia de la República y en un
momento en que el próximo gobierno ha dado de por sí muestras de centralismo.
Se quiere
apoderar de club deportivo.
Ahora resulta que un empleado de
tercer nivel del Senado, Enrique de la Rosa Luna Parra, director de organismos
internacionales, busca apoderarse del ancestral Junior Club. Instrumentó con el
líder del sindicato del club deportivo fundado en 1906, José Luis Jiménez, una
estrategia huelguística para ahogar a esa institución y desplomar el precio de
las acciones.
De esa
manera De la Rosa y Jiménez, harían un
gran negocio que afectaría a los socios y buscarían, seguramente, quedarse con
los terrenos y construir torres habitacionales con el apoyo del empleado
afiliado a Morena.
Los terrenos valen oro, en una zona de
alta plusvalía en la colonia Condesa de la capital. Juego sucio de un político
que meses antes le pidió y recibió de directivos del Junior Club apoyo para una
campaña fracasada para una curul, ahora busca acabar con una institución sin
fines de lucro.
¿Sabrá de este asunto el líder de la
mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal? Realmente, lo dudamos, ya que no
permitiría que el nombre del Senado sea usado en la Junta de Conciliación y
Arbitraje, que preside Francisco Maciel, para apoyar negocios particulares de
sus empleados.
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