Mientras
Andrés Manuel López Obrador se debatía entre “perdonar” o no actos de corrupción
de administraciones pasadas, diversas
dependencias bajo el mando de Enrique Peña Nieto clasificaban archivos con
frenesí: sólo de julio a noviembre de 2018, el Gobierno actual puso bajo
reserva, es decir, a salvo de ojos
fisgones, 3 millones 776 mil asuntos, lo que bloquea el acceso a datos públicos
que supuestamente deben estar al alcance de todos, de acuerdo con la Ley
Federal de Transparencia.
Esa misma
Ley, sin embargo, permite ocultar
información, por lapsos de cinco años o más, a sujetos obligados (dependencias
públicas), si consideran que su divulgación pone en riesgo la seguridad
nacional o investigaciones de la autoridad, entre otras salvedades.
Ese criterio le da manga ancha a
organismos del gobierno para salvaguardar expedientes que consideran sensibles,
como el caso Odebrecht o el espionaje telefónico del Cisen que, por cierto,
desaparecerá con el nuevo régimen.
Durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto se
reservaron más de 8 millones de asuntos, el doble que su antecesor, Felipe
Calderón Hinojosa, lo que pone trabas al “escrutinio ciudadano” que inspira
esta Ley.
Así, se pasó de 12 millones 333 mil que había en
julio, cuando se efectuaron las elecciones, a los 16 millones 109 mil de ahora;
es decir, en sus cuatro últimos meses de gobierno, la administración de Peña
Nieto aumentó los expedientes reservados en 23 por ciento, según un monitoreo
realizado por VICE en la montaña de asuntos catalogados de esta forma.
DOCUMENTOS
RESERVADOS.
El misterioso diagnóstico que
Calderón entregó a Peña. Reservado hasta 2024:
En
septiembre de 2012, en una reunión previa al cambio de poderes, Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto se reunieron en Los Pinos. El mandatario saliente puso en las manos de Peña Nieto un diagnóstico
de la seguridad del país titulado “Panorama Nacional”. ¿Cuál era el diagnóstico
del país después de seis años de guerra? ¿Por qué Peña Nieto siguió con la
estrategia? Ni siquiera hoy puede saberse, porque la Presidencia de la
República reservó hasta 2024, tanto el documento como lo que se dijeron esa vez
los dos políticos.
Al inicio de
su gobierno, Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado y hasta
se vistió de militar para reforzar su mensaje. Su estrategia de combate
frontal, en los hechos, elevó las cifras de homicidios dolosos a niveles nunca
antes registrados: de inicio a fin de su mandato, 102 mil 859 personas
perdieron la vida de ese modo, de acuerdo con datos recopilados por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El balance
para Peña Nieto, al mes de octubre de este año, ya lo supera, pues es de 121
mil 948 asesinatos, de acuerdo con la misma fuente. Según una proyección del
periódico Reforma, que analizó los registros más recientes (22-11-18), el
mandato de Peña Nieto podría terminar en 125 mil homicidios dolosos, si se
mantiene la tendencia en noviembre.
Este diferencial negativo podría ser
analizado para un diagnóstico más certero, si se contara con ese misterioso
documento que Felipe Calderón entregó a Enrique Peña Nieto.
El contrato más caro para Odebrecht.
Guardado hasta 2023:
Petróleos
Mexicanos (Pemex) reservó hasta 2023
todos los datos sobre las negociaciones detrás de un contrato otorgado a
Odebrecht por mil 811 millones de pesos para el proyecto de aprovechamiento de
residuales en la refinería de Tula, Hidalgo.
En
testimonios protegidos en Brasil, funcionarios del gigante de la construcción
admitieron haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de
América Latina para ganar contratos públicos. México no estuvo exento de estos
pagos. Las consecuencias de las investigaciones afectaron a todas las naciones
donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados
y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá. ¿Y en México? Los presuntos involucrados, como Emilio Lozoya, director general de
Pemex en 2013, navegan en aguas tranquilas. Y al parecer así seguirán, pues
nuevas solicitudes de información prolongaron la reserva hasta 2023, un año
antes de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
De cómo se limpiaban las oficinas de
la SRE cuando las ocupó José Antonio Meade. Guardado hasta 2021:
Cuando fue
Canciller, de diciembre de 2012 a agosto de 2015, José Antonio Meade Kuribreña gastó 165 millones de pesos con LavaTap
para la limpieza de las oficinas de la dependencia. Esta empresa se encargó del
aseo de varias secretarías de Estado mediante contratos millonarios.
Hoy no es posible conocer si ese
dinero público fue bien empleado, pues con el argumento de “seguridad
nacional”, la Cancillería reservó la parte técnica del contrato hasta 2021. En
el Índice de Expedientes Reservados de la SRE quedó escrito que quienes se
encargaron de la limpieza tuvieron acceso a las instalaciones estratégicas de
la dependencia, un hecho que podría poner en riesgo a los servidores públicos,
los inmuebles y a terceros.
Con esta reserva que protege a la
cancillería quedaron también guardadas las condiciones en que el personal de
limpieza –un ejército de miles de trabajadores– trabajaron para el gobierno
bajo el esquema de la subcontratación.
¿Quién permitió que el Zócalo
capitalino se convirtiera en estacionamiento? Guardado hasta 2026:
El 2 de
septiembre de 2014, cuando Enrique Peña Nieto dio un mensaje a la nación con
motivo de su segundo informe de gobierno, la plaza de la Constitución –el
epicentro social del país– fue usada como un gran estacionamiento para los
invitados. Políticos, empresarios y actores de televisión estacionaron unos 250
vehículos cuyo costo promedio –la camioneta Suburban– era de un millón de
pesos.
Alguien, en el Estado Mayor
Presidencial, dio la orden para que ello ocurriera; pero la Presidencia de la
República clasificó ese nombre como reservado hasta 2026. Para ese entonces,
Peña Nieto cumplirá ocho años de haber dejado la Presidencia y Andrés Manuel
López Obrador, dos.
Espionaje telefónico del Cisen.
Guardado hasta 2027:
El
presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, informó que durante su gobierno desaparecerá el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y, con ello, el espionaje
telefónico. Pero tras de sí, ese legendario centro dejará muchos secretos. Los
contratos Cisen 128/13 y Cisen /020/15 con los que adquirió “Galileo” –un
spyware– de la empresa The Hacking Team quedaron reservados hasta 2027. Con él,
no sólo se espió para resolver asuntos de interés nacional; sino a periodistas,
activistas y políticos.
El INAI
instruyó al órgano de inteligencia modificar la justificación de la reserva. Le
pidió que no se basara en el artículo 14 de la antigua Ley Federal de
Transparencia –como lo había hecho–, sino en el 13 de la misma ley, en aras de
dejar claro que la revelación de la información de Galileo podría conllevar
riesgos. Con ello, el candado quedó más seguro.
LEY DE
TRANSPARENCIA: ARMA DE DOS FILOS
Gobiernos sucesivos han acudido al
recurso de la reserva de manera sistemática, a pesar de un robusto marco
jurídico que se inició en 2001, con la promulgación de la primera Ley General
de Transparencia. En el supuesto, en México hay pleno acceso de los ciudadanos
a información relacionada con el desempeño de la administración pública, desde
el presidente de la República hasta el último funcionario público. Además, a
partir de 2015, se añadieron a esta obligación, los partidos políticos y los
sindicatos que reciben recursos públicos.
En la
transparencia mexicana la opacidad se impuso y fue en aumento. Vicente Fox
Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones 839 mil carpetas reservadas y
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con ocho millones. Enrique Peña Nieto
(2012-2018) lo hará con 16 millones 109 mil 762. Es decir, Calderón Hinojosa
sumó 4 millones 161 mil expedientes al montón que había dejado Fox Quesada. Y
Peña Nieto aumentó el cúmulo con 8 millones 109 mil 762.
Con la sombra de corrupción sobre su
gobierno, después de los escándalos de la Casa Blanca y Obrascón Huarte Lain
(OHL), en 2015 Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En ese nuevo orden
legal quedó claro que los documentos cerrados podrán abrirse cuando se extingan
las causas que dieron origen a su clasificación, expire el plazo de la reserva
o exista una resolución de una autoridad competente. En enero de 2017 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública que abroga la anterior y desde
entonces la misma ha sufrido cambios y adecuaciones en cámaras legislativas.
En esas montañas de carpetas hay
asuntos cruciales para el rumbo que tomará México por tratarse –en muchos
casos– de tramas de corrupción. O las razones que originaron la guerra en
contra del narcotráfico, que desató una etapa histórica de violencia en el
país, con miles de muertes violentas, desaparecidos y desplazados, en un
fenómeno que aún no ha sido remediado, pues la escalada continúa. Nadie podrá
acceder a estos expedientes antes de 2021, 2023, 2024 o 2027, los años marcados
para la desclasificación.
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