El próximo
Presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, tiene ante
sí la compleja tarea de implementar programas sociales sin desestabilizar el
presupuesto y cumplir promesas electorales sin asustar el empresariado.
En la
campaña electoral, que culminó con su triunfo aplastante el 1 de julio, López Obrador prometió acabar con décadas
de neoliberalismo en México porque, a su parecer, fracasó al no desarrollar el
país.
Autosuficiencia alimentaria, revisión
de contratos, programas sociales multimillonarios y la lucha contra la
corrupción vertebrarán este nuevo modelo, que ha recibido apoyos y críticas.
“López
Obrador tiene un margen de maniobra impresionante en lo político, pero en lo económico hay restricciones
reales derivadas de que somos un país de renta media y todavía no hemos llegado
a tener suficiente riqueza como para repartirla de manera demasiado generosa”,
dijo hoy a Efe el director general adjunto del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), Manuel Molano.
López Obrador ha anunciado programas
muy ambiciosos como Jóvenes Construyendo el Futuro, que buscar dar becas y
empleos como aprendices remunerados a 2.6 millones de jóvenes y con un costo de
110 mil millones de pesos (unos 5 mil 400 millones de dólares).
También prometió pensión a todos los mayores de 68
años, lo que supondría un gasto de unos 40 mil millones de pesos (mil 960
millones de dólares) por ejercicio.
Ante estas iniciativas, que según
sondeos cuentan con amplio apoyo ciudadano, surgen una duda evidente: ¿Se
endeudará el país?
“Me va alcanzar (el presupuesto). Y
no vamos a aumentar impuestos en términos reales; no va a haber impuestos
nuevos, no va a crecer la deuda pública”, subrayó el mandatario electo el 22 de noviembre en
entrevista con Milenio TV.
Pero para
expertos y académicos, las cuentas no salen tan fácilmente.
“El gran signo de interrogación para
todo gobierno de izquierdas con una política social es cómo le hacen para
cuadrar las cuentas fiscales”, remarcó a Efe Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de
Gobierno del Tec de Monterrey.
Para el
experto, positivamente el país cuenta
hoy, tras adelgazar varios años el presupuesto, con un superávit primario
(cuando hay más ingresos que gastos sin tener en cuenta el pago de la deuda).
Pero queda por saber si para el
próximo ejercicio se podrá mantener esta tendencia y si las medidas de
austeridad para funcionarios propuestas por el izquierdista, que ganará 40 por
ciento de lo que percibe el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, permitirán
un ahorro sustancial.
“Es un problema de aritmética básica
y al no saber cómo está el presupuesto no podremos saber cómo van a resolver
muchos de estos problemas. No hay un plan de estabilización de la deuda o sobre
qué hacer con paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex)”, lamentó Molano.
Con la austeridad y el combate a la
corrupción López Obrador dice que recuperará unos 500 mil millones de pesos
(unos 24 mil 500 millones de dólares).
“Es un cálculo de servilleta. No hay
forma de ahorrarse esto”, contradijo Elizondo.
En la otra cara de la moneda están
los empresarios, que han exigido certidumbre para potenciar sus inversiones en
el país y así, aseguran, empujar a que el país crezca al 4 por ciento, como ha
prometido López Obrador.
Pero hasta
la fecha el próximo Presidente parece dar una de cal y otra de arena.
Elizondo ve
favorable que haya sido pragmático apoyando la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que rebautizado como T-MEC
(abreviatura de Tratado México-EU-Canadá) se firmará el 30 de noviembre.
Además, ha garantizado autonomía al Banco de México
y sumado importantes empresarios como asesores de su gobierno. Busca también
potenciar la economía con obras públicas como el Tren Maya o una nueva
refinería.
Pero se
desataron las alarmas cuando, tras una polémica consulta ciudadana, anunció la
cancelación del Aeropuerto de Texcoco, una obra de 13 mil 300 millones de
dólares ya iniciada.
A raíz de
esta decisión, y otros controvertidos asuntos como una posible eliminación de
comisiones bancarias, la bolsa se descalabró y el peso se depreció frente al
dólar, colocándose arriba de las 20 unidades por billete verde.
El
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,
indicó a Efe que el país debe ofrecer “políticas públicas” que den “certeza”,
para evitar la huida de inversores.
Hasta el momento, el respaldo de la
ciudadanía es indudable. Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica
(GCE) publicada el 22 de noviembre revelaba que 67 por ciento de la ciudadanía
tiene una imagen “buena o muy buena” del político.
No así entre
muchos economistas y expertos, más suspicaces: “Necesitan un plan sobre a dónde
van a conducir el barco en las aguas de la macroeconomía”, concluyó Molano.
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