En su sesión
del pasado miércoles, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inexistente la
omisión la Unidad Técnica y de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE) que señaló el partido Morena sobre las investigaciones
relacionadas con el presunto financiamiento de la campaña de Enrique Peña
Nieto, a través de los sobornos de la empresa Odebrecht.
Por
unanimidad, la Sala Superior consideró
infundados los alegatos de Morena y advirtió que las áreas técnicas del INE
realizan “diversas diligencias pendientes de desahogar, para la debida
integración y resolución del procedimiento, para cumplir con exhaustividad y
eficacia con el esclarecimiento de los hechos; por lo que se declara
inexistente la omisión”.
Con este
fallo, resolvió el procedimiento
administrativo sancionador en materia de fiscalización INE/Q-COF-UTF/169/2017 y
acumulados, instaurado contra el PRI y otros, por la probable aportación de
ente prohibido en favor de la campaña de su entonces candidato a Presidente de
la República, Enrique Peña Nieto, así como por un supuesto rebase de tope de
gastos de campaña, queja que presentó el PRD desde hace 15 meses.
En agosto de
2017, el PRD presentó una denuncia ante
el INE contra el PRI y Peña Nieto por presuntamente haber financiado la campaña
electoral de 2012 de manera ilegal a través de los sobornos de la empresa
Odebrecht, que habrían sido entregados a Emilio Lozoya, primero como
coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial y luego
como titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La denuncia sostenía que el partido y
el excandidato presidencial habrían violado la normatividad electoral federal
en 2012, y pidieron que las investigaciones se ampliaran a los comicios del
Estado de México celebrados este año y los que se realizaron en 2018, porque
podría haber recursos provenientes de dicha empresa.
El caso Lava
Jato, en 2016, reveló una red de
corrupción de la empresa Odebrecht en la cual se detallaron la entrega de
gratificaciones de dinero y sobornos a funcionarios públicos gubernamental de
12 países, incluido México.
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