Al tiempo que
saludaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de
declarar inconstitucional, en su totalidad, la Ley de Seguridad Interior en
México, expertos de la ONU urgieron al
gobierno mexicano a no adoptar medidas encaminadas a consolidar la
militarización del país.
Sin mencionar concretamente el plan
de crear una Guardia Nacional anunciado por el futuro presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, varios relatores de la ONU firmaron una
declaración conjunta en la que urgen al Estado mexicano a” no adoptar ninguna
medida que consolide el paradigma militar en materia de seguridad”.
Entre ellos
se encuentran los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas; el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; Joe Cannataci,
Relator de la ONU sobre Derecho a la Privacidad; Michel Forst, Relator Especial
sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos; Agnès Callamard, Relatora
Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales y David Kaye, Relator especial para
Libertad de Expresión.
Los expertos
de la ONU califican la decisión de la
Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior “como un paso significativo
para revertir la militarización de la seguridad pública en el país”.
“El creciente papel de las Fuerzas
Armadas en la lucha contra el crimen, aunado a la ausencia de mecanismos
efectivos de control y rendición de cuentas, ya ha dado lugar al bien
documentado incremento en las violaciones de derechos humanos en México”, puntualizaron los expertos.
“Saludamos esta decisión de la
Suprema Corte”,
remarcaron.
Recordaron que desde el inicio del
proceso legislativo que buscaba fortalecer la participación de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad y en el combate a la delincuencia, las y los
expertos expresaron preocupaciones con respecto a su potencial impacto sobre la
protección de los derechos humanos.
Los expertos
señalaron numerosas recomendaciones que
han sido emitidas por diversos mecanismos de las Naciones Unidas, respecto a la
necesidad de restringir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad, de separar debidamente las funciones policiales y militares, así
como de instituir mecanismos efectivos de control civil y garantizar la
rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por
integrantes de las Fuerzas Armadas.
Finalmente,
en la declaración dada a conocer en Ginebra, sede del Alto Comisionado de la
ONU para Derechos Humanos, los expertos reiteraron
su disposición para “asistir al Estado mexicano en sus esfuerzos para
fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la
realización de los derechos humanos para todas las personas en México”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.