Colectivos de víctimas de
desaparición en Veracruz reprocharon las recientes resoluciones judiciales de
amparo a favor de Luis Ángel Bravo Contreras –fiscal de Veracruz en el gobierno
de Javier Duarte– para librar la prisión preventiva ante las acusaciones en su
contra por desaparición forzada de personas.
En un
comunicado –también firmado por familiares
de víctimas y defensores de derechos humanos que integran los colectivos
Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdova y la Red de Madres Buscando a sus
Hijos Veracruz– reprobaron que el juez Decimoquinto de Distrito de Xalapa,
Jorge Holder Gómez, y los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia
penal del Primer Circuito, Alejando Gómez Sánchez, José Alfonso Montalvo
Martínez y Mario Ariel Acevedo Cedillo, resolvieran que la desaparición forzada
de personas “no es un delito grave”.
Para los
familiares de las víctimas, los
resolutivos los agravian “y son muestra de una profunda indiferencia y
desconocimiento de las obligaciones constitucionales, en particular el
principio de interpretación de la norma más favorable, la ley general de
víctimas”, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En ese
sentido, hicieron un llamado al Consejo
de la Judicatura Federal para que exhorte a jueces y magistrados a tomar en
cuenta los tratados internacionales en materia de desaparición forzada, pues la
clasificación del delito como no grave puede “impactar sobre los procesos
penales que se llevan en todo el país en contra de los autores materiales e
intelectuales de este crimen, fomentando con ello la impunidad”.
De igual
manera, pidieron al CJF que impida que
los responsables obtengan beneficios, por ejemplo, el enfrentar sus procesos en libertad, lo que pondría en riesgo la
integridad de víctimas indirectas y testigos del delito de desaparición
forzada.
“En un país con más de 37 mil
personas desaparecidas, según cifras oficiales, en donde una gran parte ha sido
cometida por servidores públicos del Estado, resulta insultante y sumamente
insensible el hecho de que jueces federales minimicen el delito de desaparición
forzada, ignorando la situación de incertidumbre y zozobra que vivimos los
familiares de los desaparecidos”, destacaron los firmantes del pronunciamiento.
Tras resaltar que fueron los
familiares de las víctimas quienes posicionaron la problemática de la
desaparición e impulsaron políticas públicas “para garantizar nuestros derechos
a la verdad, la justicia y la reparación”, subrayaron que al considerar como
“no grave” la desaparición forzada, los miembros del Poder Judicial incurren en
“un enorme retroceso”.
Para los
familiares de desaparecidos, las
resoluciones que favorecen a Bravo “resultan violatorias de tratados
internacionales de los que México es parte”, entre ellas la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como los criterios
de la SCJN de que ese delito es “extremadamente grave y que en circunstancias
específicas puede ser catalogado como un crimen de lesa humanidad”.
Ante una situación de desapariciones
generalizadas en el país, como lo clasificó el Comité contra la Desaparición
Forzada de la ONU, (CED), para los familiares de las víctimas “es necesario que
las fiscalías soliciten y sustenten, y los jueces valoren en todos los casos la
necesidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, en razón de la situación
de riesgo de sustracción de la justicia de los imputados, el riesgo para la
seguridad de las víctimas y/o testigos y el riesgo para la integridad del
procedimiento en general”.
Por ello, demandaron al Poder Judicial de la
Federación que, “de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos
Penales, garanticen la seguridad de víctimas y testigos, y prevengan la
sustracción de personas imputadas, mediante la solicitud sustentada y el
otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva (…) por el impacto
social o la trascendencia que ésta causa y el daño a la sociedad, como lo es la
desaparición forzada de personas”.
De continuar considerándose el delito
de desaparición forzada como no grave, por parte de los jueces y magistrados
federales, anunciaron que harán un llamado al Congreso de la Unión para que
reforme el artículo 19 constitucional y “se contemplen los delitos relacionados
con la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por
particulares, como delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa”.
Asimismo, advirtieron que la omisión de dichos
delitos en el artículo 19 constitucional “ha servido de pretexto para que
algunos juzgadores, ya sea motivados por la complicidad, corrupción o
insensibilidad, soslayan la gravedad de estos delitos y permiten la impunidad
de los responsables”.
Insistieron en solicitar un
pronunciamiento del CJF “para que conforme a los tratados internacionales de
los que nuestro país es parte, se reconozca la extrema gravedad de la
desaparición forzada y se exhorte a las autoridades correspondientes a
reconocerla”.
El resolutivo del juzgado de distrito
reprueba que el juez de Control del estado de Veracruz haya fundamentado la
prisión preventiva oficiosa para Bravo en el Estatuto de Roma, que clasifica la
desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.
El
comunicado está firmado por el Colectivo Familias de Desaparecidos
Orizaba-Córdoba, Red de madres Buscando a sus Hijos Veracruz, Centro de
Derechos Humanos Colectivo Toaltepeyolo, Centro de Ciencia y Desarrollo de la
Complejidad Humana de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención Integral a Víctimas, y decenas de familiares de víctimas.
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