Por Arturo
Rodríguez García.
Lo que podía convertirse en el primer
desencuentro entre los gobernadores de los estados y el presidente Andrés
Manuel López Obrador, choque de fuerzas esperado, se desactivó el mismo día que
se suponía iba a estallar tras un encuentro, en muchos sentidos, anecdótico.
Hacía
semanas que mandatarios estatales, el más insistente, Silvano Aureoles, cuestionaban la creación de las coordinaciones
estatales que concentrarán los programas de desarrollo social que el argot
mediático bautizó, para mayor brevedad y descripción, como super-delegaciones.
El reclamo se relacionaba con la
construcción de un poder paralelo al de los gobernadores que perturbaba el
pacto federal, principalmente, por la designación de quienes han contendido o
aspiran a contender por las gubernaturas dentro de Morena o próximos a su
oferta política electoral.
Dicho reclamo, sin duda representa
uno de los aspectos sobre los que hay que mantener la mayor observación, porque
más allá del federalismo, en lo pragmático, representa un eventual desarrollo
de redes electorales que, apuntalada tanto por morenistas, varios de ellos
expriistas y expanistas, apuntan al reemplazo de unas estructuras por otras.
Aunque esa preocupación subyace
también en el ánimo de los gobernadores, no por el federalismo sino por el
reemplazo de sus respectivos grupos políticos, el conflicto que se empezaba a
configurar ayer nada tenía que ver con eso.
Durante la
insólita caminata que los gobernadores debieron realizar del Palacio del
Ayuntamiento al Palacio Nacional –por
primera vez desprovistos de la protección del Estado Mayor Presidencial, sin
las caravanas de vehículos blindados, ni las vallas de contención—tuve
oportunidad de hablar con dos gobernadores priistas que, respaldando los tres
acuerdos en lo público, me explicaron el fondo del asunto en corto.
Los tres acuerdos de exigencia de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al nuevo gobierno, eran: evitar
concentrar las tareas de seguridad en los superdelegados; mayor presupuesto y,
pedir que en lugar de crear 100 universidades nuevas destine mayores recursos a
las existentes. El primer punto, lo expondría el perredista Aureoles; el segundo,
el panista queretano, Francisco Domínguez y, el tercero, el priista Héctor
Astudillo.
El fondo era el dinero. De acuerdo a los dos gobernadores
de la conversación, el tema de los super-delegados
era claro y, en cualquier caso ninguno podía oponerse a envío de elementos ni
mayor coordinación. Hacerlo, era un ardid político motivado por Aureoles. En
tanto, me dijo uno de ellos, los super-delegados no eran asunto suyo, pues
oponerse era como oponerse a las delegaciones federales, una facultad federal y
punto.
En cuanto a las universidades el
segundo dijo que era una petición de los rectores, que venía bien al caso. Pero
el problema era otro.
Cito textual:
“Hay muchas dudas sobre la relación
por las formas… el discurso… (López Obrador) descalifica mucho. Pero no soy
nuevo en esto, una cosa es discurso y otra la relación. La relación y todo lo
que traen estos (los otros gobernadores) se definirá por el presupuesto… la
bronca es la lana”.
Y lo de la lana se resolvió. Fiel a
lo que ha sido su doble discurso, salió Javier Corral diciendo que la Conago
volvía a ser importante para el federalismo; otros presentaron la separación de
las tareas de seguridad de la función de los “super-delegados” como un triunfo.
Pero la clave fue la explicación de
López Obrador el miércoles 5 de diciembre: se mantienen los recursos conforme a
la ley con incremento de 10% nominal y 7% real.
Entonces, el
supuesto pleito quedó zanjado.
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