Por Ernesto
Villanueva.
Nadie lo cree. Hay incertidumbre porque se
juzga a partir de los descalabros y atrocidades de los regímenes anteriores. Lo cierto es que Andrés Manuel López
Obrador inaugura un nuevo diseño institucional, con énfasis manifiesto en lo
que habrán de ser los códigos de conducta del servicio público y con los
ciudadanos como actores fundamentales del desarrollo nacional gubernamental.
Por lo
anterior, es comprensible que haya dudas
e incertidumbre, puesto que hay un cambio de paradigma, con énfasis primordial
en el bienestar de la mayoría de la población; al menos eso plantea el nuevo
discurso y las primeras acciones de Estado. En un hecho inusitado, AMLO empezó
a cogobernar de facto desde el segundo día de su aplastante triunfo electoral.
Sus detractores esperaban que este interregno fuera un espacio de tiempo para
su desgaste político; incluso una cantidad apreciable de medios ha maximizado
sus errores y minimizado sus aciertos.
Lo cierto es que, con todo, AMLO
llega con un altísimo nivel de popularidad, lo que le confiere una legitimidad
nunca vista en el México contemporáneo. Sería conveniente que ese apoyo popular
se convirtiera en una red de protección en el tránsito de un gobierno al
servicio del statu quo hacia uno que ponga en la sociedad su razón de ser. Es
verdad que en estos meses ha habido errores por parte de quienes acaban de
fundar el nuevo régimen; pero han sido, sobre todo, errores de formas, no de
fondo. ¿Hacia dónde van los cambios?
Primero, ese proyecto dice apuntar al
desmantelamiento de leyes e instituciones que habían convertido en norma
jurídica la corrupción, las graves diferencias entre unos pocos que lo tienen
todo y la mayoría que nada posee.
Este conjunto de acciones no se
advierte hasta ahora como desviado del estado de derecho ni como indicador de
autoritarismo; los primeros cambios se han realizado con la Constitución y las
leyes en la mano. Por ejemplo, la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos es un acierto histórico que ajusta México a las formas y
modos de los Estados democráticos de derecho. Lo reprobable en México es que el
“servicio” público haya sido utilizado como un trampolín para acumular riqueza
y no para servir.
Rechazo en forma tajante que la
independencia judicial resida en mantener sueldos muy por encima de lo que
muestra la experiencia comparada a escala internacional. La eliminación de los
privilegios de los expresidentes y de sus familias, de estos parásitos del
poder, es un mensaje de racionalidad y lógica democrática, más allá de lo que
el hecho representa en beneficio del erario. Esos beneficios no eran menores ni
accesorios; antes bien, eran escandalosos por su naturaleza, además de que
nunca estuvieron soportados en ningún ordenamiento con validez jurídica.
Segundo. La mayor parte de los integrantes del
régimen que inicia son ajenos a las élites del poder que tradicionalmente han
estado al servicio de la inequidad. Vienen, sobre todo, de abajo. Senadores y
diputados, en su gran mayoría, entraron por vez primera al ejercicio del poder
con una tónica distinta a la habida. Se han cometido errores, sin duda. Y los
seguirá habiendo. Pero hay que rescatar el hecho de que el semillero de quienes
habían venido ejerciendo el poder ha mutado de sitio. Y eso preocupa mucho a
quienes estaban acostumbrados a que el gobierno trabajara para su beneficio en
lugar de hacerlo para todos. López Obrador les mintió con la verdad a esos
beneficiarios de la miseria del pueblo. Y ahora están sorprendidos.
Tercero. Está en puerta una amplísima reforma
constitucional o una nueva Constitución que sea fiel reflejo de la nueva
correlación de fuerzas que vive el país. Hay tantas inequidades plasmadas en la
llamada Carta Magna con el fin de perpetuar lo que hoy no se quiere: la
corrupción y la desigualdad. Frente a una realidad nueva la Constitución, en
sus actuales términos, refleja el pasado de oprobio que la inmensa mayoría ha
padecido y donde se cerró la movilidad social, económica, cultural y de todo
tipo.
En el país persiste tanto hartazgo
social que la premura por desmontar constitucionalmente el sistema según el
cual todos somos iguales, pero unos más que otros han generado acciones de
botepronto, problemas conceptuales y falta de experiencia en el ejercicio del
poder. No se puede defender lo indefendible. Pero es de esperarse que esa curva
de aprendizaje sea rápida para acompasar las formas con el fondo.
Cuarto. Todo parece sugerir que en el nuevo régimen
un número importante de organizaciones autoproclamadas como de la “sociedad civil”,
que carecen de representatividad verdadera, no pondrán al nuevo régimen de
rodillas o lo convertirán en rehén de sus intereses o de sus patrocinadores; es
el caso del empresario Claudio X. González, quien con la reforma educativa
puesta en marcha por el gobierno de Enrique Peña Nieto se alistaba para ser
proveedor en grandes proporciones del gobierno federal.
Organizaciones de ese corte se han
topado con un proyecto de nuevo régimen que se dice preparado para no dejarse
chantajear ni extorsionar, como pasó con el sexenio que acaba de fenecer, en el
que los poderes fácticos hicieron y deshicieron vendiendo servicios de todo
tipo al gobierno, al que eran capaces de intimidar si no repartía el pastel a
gusto de ellos, so pena de presentar a las autoridades como “antidemocráticas”.
Esos grupos ya tienen perfectamente
claro que dejaron de gozar de esa patente, y menos aún para decidir quién es
demócrata y quién no lo es. Por supuesto, nadie les va a quitar su legítimo
derecho a participar en la vida pública, pero deberán hacerlo como todos: con
su peso específico –que es marginal–, no como interlocutores del pueblo de
México ante el poder público.
Quinto. El gobierno de AMLO se muestra muy
dispuesto a enfrentar el grave problema de la inseguridad con toda la fuerza
del Estado, y en esa iniciativa las Fuerzas Armadas juegan, por las
circunstancias existentes, un rol especial. He defendido aquí con datos duros
por qué el Plan de Paz se ajusta a las necesidades de replantear el
funcionamiento de las fuerzas del orden para hacer lo que debe hacerse a fin de
recuperar la paz perdida.
Es innegable que en el nuevo equipo
de gobierno existen personas con una formación sólida y espíritu de servicio.
Ante la estulta amenaza de que muchos “expertos” saldrán de la administración
como consecuencia de la reducción salarial, no debe perderse de vista que hay
miles de hombres y de mujeres con posgrados en las mejores universidades del
mundo, muchos de ellos becados por el pueblo mexicano a través del Conacyt, que
están puestos y dispuestos a llenar esos espacios con un afán de servicio al
país.
Esperemos
por el bien de todos que al nuevo régimen le vaya de lo mejor.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.