Georgina
Morett.
Los conflictos por la Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos continúan escalando, a tal grado que
el PAN, PRD, PRI y MC presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación la acción de inconstitucionalidad para que se respete la autonomía del
Poder Judicial.
El documento fue firmado por los
coordinadores parlamentarios del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PAN,
Rafael Moreno Valle; del PRD, Miguel Ángel Mancera; de MC, Dante Delgado, y el
senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
Consideran que tiene un apartado que
atenta contra la autonomía de la Suprema Corte y el sistema de impartición de
justicia, y es por ello que se logró sumar a 55 senadores, según explicaron.
Y esta acción se suma a los 6 mil 500
funcionarios provenientes de 297 entidades de la administración pública que
buscan ampararse, según el despacho de abogados Trusan & Roma.
Y también a la decisión de la Suprema Corte
de definir qué jueces serán los competentes para resolver los amparos
tramitados contra esta ley, que mientras tanto no podrá aplicarse contra
quienes hayan presentado el amparo.
Y ante toda
esta molestia que ha generado la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, en el Senado de la
República, la Junta de Coordinación Política logró negociar con el sindicato
para que los trabajadores se deslindaran de la promoción de amparos.
De acuerdo
con un video que hicieron publicó ayer, la
secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, que
es el mayoritario, Bertha Orozco Márquez, sostuvo la convicción de sus
afiliados de ajustarse a las nuevas políticas de austeridad y descartó que se
implementen acciones legales en contra de la institución.
Asimismo, aseguró que no permitirá ningún retroceso o
cancelación a sus conquistas laborales conseguidas en los 50 años que tiene la
organización sindical.
Esto demuestra la capacidad de
negociación que tuvo el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo
Monreal, con los trabajadores sindicalizados, sobre todo porque esta propuesta
ha sacado ámpulas en los trabajadores de casi todas las dependencias de
gobierno, así como en los órganos autónomos y en el Poder Judicial.
El mayor problema es que esta ley
tiene fuertes inconsistencias, debido a que simplemente se retomó una propuesta
del diputado Pablo Gómez, presentada en 2011, en lugar de crear una nueva,
acorde con la realidad actual.
De la decisión de los jueces que la
Suprema Corte considere convenientes para atender este asunto, dependerá el
futuro de una de las principales propuestas del presidente López Obrador.
Y EN PUEBLA.
En medio del huracán judicial se
encuentra el Tribunal Electoral, ya que tendrá que definir en los próximos días
el futuro político de Puebla.
Y éste no sólo impactará el hecho de
que Martha Erika Alonso sea la gobernadora en esa entidad, sino también el
futuro del PAN, ya que la capacidad negociadora de su coordinador en el Senado,
Rafael Moreno Valle, se verá impactada obligatoriamente por esta decisión.
Como
sabemos, el proyecto de sentencia del
magistrado José Luis Vargas Valdez propone la anulación y repetición de los
comicios, así como la revocación a la constancia de mayoría de Martha Erika
Alonso Hidalgo.
A ver si la
decisión se toma antes del día de la Virgen morena, y si este milagrito a favor
del partido Morena no le cuesta más caro al actual gobierno, que simplemente
aceptar el triunfo de la panista y mejorar las relaciones con la primera
oposición en el país.
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