Gustavo De la Rosa.
En marzo de 2011 llegó a Ciudad Juárez el teniente Julián
Leyzaola desde Tijuana, donde se hizo fama de tipo duro, y fue recibido con
esperanza de que se incorporara a la coordinación establecida entre las fuerzas
federales, estatales y los ciudadanos; sin
embargo él tenía su manera de trabajo y desde el principio nos dimos cuenta que
lo haría por su cuenta, aunque sí rompió con el miedo paralizador de la Policía
Municipal y, aún arriesgando su propia integridad, dirigió el ataque en contra
de la delincuencia.
El teniente escogió
como su campo de batalla el Centro de la ciudad, la zona que más férreamente
defendían los extorsionadores, donde más de 500 comerciantes entonces debían
pagar derecho de piso semanalmente a una banda que, aunque inicialmente se
dedicaba a la venta de narcóticos y sólo tras conocer la dinámica de la Zona
Centro, simplemente extendió sus tentáculos para atrapar a los vendedores establecidos.
Pero, ya empoderado y
con sus policías con espíritu de cuerpo pronto, pasó de perseguir y enfrentar a
los delincuentes a fastidiar a la sociedad, sobre todo a los más humildes y a
los trabajadores; con la consigna terrible de “detener y trasladar a la cárcel
municipal a todo aquel que, a criterio de los agentes, pareciera sospechoso de
ser malandro”, el agente podía sospechar de cualquier transeúnte que vistiera,
según él, como delincuente y detenerlo y presentarlo ante el juez de
Barandilla, quien a su vez podía ordenar su detención por 36 horas o una multa
de hasta mil 200 pesos.
Aunque el combate a los
extorsionadores del Centro histórico de Juárez fue exitoso, le costó muy caro
al resto de la población: no habían pasado 15 días de la llegada de Leyzaola a
Ciudad Juárez cuando ya cuatro jóvenes habían sido detenidos en la colonia
Oasis Revolución para que una semana después sus cadáveres aparecieran
degollados; pese a que se podía identificar perfectamente a los que
participaron en esta ejecución extrajudicial, ya que su patrulla detuvo a los
jóvenes frente a un mercado informal de segundas, el teniente apenas brindó la
información necesaria para su deslinde legal y no para aplicar la ley a los
asesinos (que siguen impunes).
La política represiva
de la Policía fue la que más atentó contra los derechos humanos de la
población, más aún que las sistemáticas agresiones de los militares, y los
datos eran verdaderamente alarmantes: durante el primer año fueron remitidos
ilegalmente a las cárceles 110 mil pobladores de esta ciudad por su simple
apariencia y durante el segundo año se encarcelaron a otros 130 mil. El 20 % de
la población de Ciudad Juárez fue agredida injustamente por los policías
municipales.
Para 2011 fue bajando
el número de homicidios y se estableció una tendencia a la baja; se logró un
mayor nivel de eficacia de la Policía ministerial al detener a presuntos
homicidas, de un ínfimo 2 % hasta un 47 % de crímenes judicializados; se
registró la muerte de más de 8 mil adictos y miembros de pandillas y la
detención de unos 5 mil delincuentes y su traslado a otros penales; además de que se lograron aplicar de
forma efectiva políticas de atención a la juventud, como el programa ConArte
dirigido por Lucina Jiménez.
Así fue cómo la
combinación de los esfuerzos federales, estatales y municipales, coordinados
con una efectiva participación ciudadana, lograron contener la ultraviolencia
que se apoderó de nuestra ciudad entre 2008 y 2013.
Pueden sacarse muchas
conclusiones al analizar esta etapa tan difícil y complicada para una ciudad, y
también diversas opiniones respecto a la participación de los militares en
tareas de seguridad pública, pero yo me atrevo a una sola: los soldados dan
prioridad al cumplimiento de las órdenes de sus superiores, aún sobre su propia
seguridad y libertad; así pues se entiende que las órdenes de los jefes van a
permear hacia abajo y explica por qué los militares son capaces tanto de
respetar como de violentar los derechos de los ciudadanos.
Por eso, y con cinco
años de experiencia trabajando en tareas de seguridad, me inclino a sostener
que en Seguridad Pública, sobre todo en las ciudades, es preferible el mando
civil aunque los miembros de sus tropa tengan un origen y preparación
castrense. A fin de cuentas, todo depende de quién manda y quién es el mandado.
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