Raymundo Riva Palacio.
En su discurso en la plaza pública el sábado, el presidente
Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático sobre dónde se construirá el nuevo
aeropuerto. No hubo cambio de señal. En Santa Lucía, como determinó tras una
consulta ciudadana, se construirían dos pistas, y Texcoco, donde originalmente
estaría, será un cementerio de cemento y fierro. El domingo, en el primer
Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo
una nueva administración, se acordó mantener las obras mientras se hace una
nueva reevaluación. Lo que hará el nuevo gobierno es ganar tiempo y maniobrar
para salirse con su cometido sin afectación financiera.
La clave se encuentra en la segunda página del borrador de la
minuta que trascendió el domingo por la mañana –la definitiva tiene matices–,
donde señala que este mismo lunes emitirá en Nueva York una oferta de compra
por mil 800 millones de dólares. Es decir, no significa que el aeropuerto en
Texcoco será terminado, sino que seguirán la obra hasta que logren eliminar la
contingencia de una demanda colectiva –denominada Class Action– de los
tenedores de bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de
Valores en Nueva York.
Se desconoce cuántos y cuáles fondos extranjeros estarían
involucrados en la demanda colectiva. Algunos de estos fondos han hecho pública
su participación en el aeropuerto de Texcoco. Por ejemplo, Paul Hastings LLP,
un despacho de abogados global, anunció en 2016 y 2017 dos ofertas por un total
de seis millones de dólares para financiar la construcción del aeropuerto en
Texcoco, en representación de Citigroup Global Markets, HSBC Securities y
JPMorgan Securities, cuya cancelación podría acelerar el pago del bono y el
interés. Varios manejadores de fondos viajaron a la Ciudad de México tras la
cancelación de la obra en Texcoco para saber cómo resolvería el nuevo gobierno
las pérdidas por incumplimiento del contrato, pero no hubo quién atendiera sus
preocupaciones.
Tras las frustradas gestiones se empezó a preparar una
demanda colectiva que se presentaría tan pronto como oficialmente el gobierno
del presidente López Obrador cancelara la obra en Texcoco. La decisión de
continuar las obras fue un primer paso para evitar una acción legal. Ir a
comprar los bonos en poder de los fondos, es una acción estratégica. De otra
forma, lo que podría enfrentar el nuevo gobierno es una situación similar a la
que vivió Argentina cuando en 2011 incumplió pagos por 132 mil millones de
dólares en empréstitos, en medio de una crisis económica que provocó disturbios
y violencia en las calles que produjeron la muerte de 39 personas. El gobierno
argentino reestructuró la deuda y el 93 por ciento de los tenedores de bonos
aceptaron los términos de la negociación.
Ese 7 por ciento de los tenedores de los bonos demandó al
gobierno argentino en un largo litigio en la corte en Nueva York, donde, en
octubre de 2012, el juez determinó que Argentina debía pagar el 100 por ciento
de la deuda. El gobierno de Cristina Fernández apeló, no pagó y se fue dos años
más a litigio, que finalmente perdió en un caso que se llamó “los fondos
buitre”, luego que en el proceso llegaron a embargarle activos en el extranjero.
Los tenedores de bonos recibieron casi cinco mil millones de dólares, y en al
menos un caso, se estima que su retorno fue de mil 500 por ciento sobre la
inversión original, profundizando la crisis económica con la que recibió el
gobierno Mauricio Macri. Este precedente es el contexto de la decisión adoptada
por el gobierno de López Obrador y evitar un juicio colectivo en Nueva York,
donde residiría ese litigio porque el sistema de la Bolsa de Valores le otorga
esa competencia.
La decisión, por esta razón, es estratégica. La nueva
administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo la
dirección de Gerardo Ferrando, mantendrá activa la obra y los contratos
mientras que el gobierno va recomprando bonos en poder de los fondos internacionales.
Mil 800 millones de dólares no serán suficientes, por lo que se esperarían
mayores ofertas de compra. El problema es que por más lento que avance la obra,
seguirán concluyéndose etapas y los costos de la cancelación se incrementarán.
Esto, sin embargo, no parece importarle al presidente López Obrador, cuando
menos por ahora.
La apuesta tendrá que ser por la Fibra E y las Afore, para
seguir financiando las obras del aeropuerto Benito Juárez y la construcción en
Santa Lucía, que en el borrador del Presupuesto para 2019 no tiene asignado
recursos. Las Afore Pensionissste, Inbursa y XXI Banorte participaron en la
emisión de la Fibra E con una inversión de 30 mil millones de pesos, que
también congregó a fondos institucionales y privados, bancos y aseguradoras. No
será algo sencillo de lograr, por la pérdida de valor que tendrán que absorber
al cambiar la escala del proyecto, pero al ser empresas mexicanas que tienen un
alto número de contratos con el gobierno, garantiza que no habrá demandas ni
litigios.
El aplazamiento de la cancelación de la obra en Texcoco y la
oferta de compra de bonos, tampoco es un camino sencillo y tiene que explicarse
bien en México. La percepción de que el presidente López Obrador reculó es
amplia. La comunicación tiene que ser precisa, sin márgenes a la confusión y
dirigida a dos mercados simultáneos: el doméstico, particularmente quienes se
opusieron a Texcoco, que ratifique que la cancelación es definitiva, y a los
mercados, que antes de parar la obra, pagarán lo que se invirtió. Las dos
conviven y no son excluyentes, no hay que olvidar.
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