Por
Redacción / Sin Embargo.
Cargos de
la empresa de construcción OHL aparecen en varias grabaciones organizando el
dinero que usarán para sobornar a cargos públicos a cambio de adjudicaciones.
En la investigación constan al menos una decena de políticos que recibieron
esos pagos.
Los audios,
publicados por la Cadena Ser, fueron grabados por el ex directivo de OHL
Paulino Hernández, y ya se han incorporado a la investigación abierta en la
Audiencia Nacional, en una de las piezas separadas del caso Lezo.
En una de
ellas, otro ex directivo de OHL, Felicísimo Ramos, cuenta el dinero que van
a pagar a un funcionario a cambio de que facilite una licitación pública. Ese
funcionario es Abelardo Genaro, ex gerente de GIASA, la empresa pública
andaluza para la gestión de las infraestructuras. En total, 85 mil euros que
distribuyen, según explica en otro audio, en tres entregas: un tercio a la
tramitación, otro tercio a la aprobación y el tercero al cobro.
En otra de
las grabaciones efectuada en abril de 2009, Hernández -cuya casa fue
registrada por agentes de la UCO, que descubrieron las grabaciones- habla con
el ex director del puerto de Melilla, y que fue miembro de la ejecutiva del PP
en la ciudad autónoma, José Luis Almazán.
Almazán
critica que OHL haya elevado el coste de una obra pública hasta un 30 por
ciento y pide que, para apaciguar los ánimos de sus jefes, la empresa aporte
400.000 euros al partido para afrontar las elecciones europeas. “Pero no nos
pasemos ya, José Luis, en el sentido de que has visto cómo están los números”,
corte Hernández. “Yo soy un equilibrista que necesita dar un cierto gusto a
todo el mundo”,
responde Almazán.
Hernández
acaba por aceptar las peticiones del político del PP - “Agilízalo para que no
me estén dando más el coñazo”, dice Almazán- pero le pide que no pida más cosa:
“Ya no discutas más”.
Tanto
Almazán como Genaro han sido citados por la Audiencia Nacional junto al ex
director del puerto de Cádiz, Albino Pardo. OHL, que mantiene que los
directivos imputados ya no forman parte de la empresa, está siendo investigada
por el presunto pago de un total de 40 millones de euros a políticos.
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