Julio Astillero.
Poco antes de las siete de la mañana de este martes, los
senadores aprobaron la Ley de Austeridad Republicana, que fue una de las promesas
centrales del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho texto, que
ahora pasa a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación
definitiva, busca regular el aprovechamiento que de bienes públicos ha hecho
históricamente la mayoría de los servidores públicos de mediano y alto nivel.
Justamente ese abuso institucionalizado, y su evidencia pública, constituyeron
bases firmes de enojo social sobre las cuales se construyó el aplastante
triunfo electoral de AMLO el año pasado.
Mal se habrían visto los políticos legisladores si no
hubieran aprobado ordenamientos de esa índole (propósitos, en lo general,
absolutamente plausibles), pero aun así hubo 29 indicativas abstenciones
senatoriales frente a 74 sufragios a favor y ni un voto en contra. En realidad,
la atención y las críticas se centraron en la parte final del artículo 61, que
establece que los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas
medidas (las correspondientes a las políticas de austeridad) deberán destinarse
en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del
ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos
ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de
Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular.
Las nueve palabras postreras han causado de inmediato una
explicable insatisfacción. Plantean una forma de retorno de una práctica
formalmente erradicada: la facultad discrecional del presidente de la República
de decidir el destino de cuantiosos recursos públicos. Así sea con variantes de
las que enseguida se hablará, es inaceptable que se establezcan estas medidas
de aplicación personalísima. La rueda de la transparencia y la entrega de
cuentas sobre lo público debe girar hacia adelante, no hacia atrás. Que no se
destine por decreto lo que debería decidir y vigilar el Congreso.
Hay dos diferencias que no pueden dejarse de lado: en ese
pasado, que ocuparon gobernantes del PRI y del PAN, la disponibilidad de esos
recursos era absolutamente opaca, virtualmente clandestina, sin rendir cuentas
a nadie ni emitir una sola línea de publicitación o compromiso (esa partida
secreta podía ser depositada sin problemas en el bolsillo o la chequera del
presidente en funciones). En la hipótesis ya aprobada en el Senado, y que en
San Lázaro podría ser corregida o eliminada, el direccionamiento de esos
ahorros tendría que consignarse en un decreto presidencial, lo cual hace
públicos los montos, los destinos, los compromisos y los fundamentos de tales
decisiones. No serían tales montos una bolsa susceptible de raterías como en el
pasado que apenas fue eliminado de manera formal en abril del año en curso, ya
con la mayoría morenista como factor dominante del Congreso federal.
Por otra parte, el talante de quien ahora ocupa la silla
presidencial es marcadamente distinto al de sus antecesores. No hay un solo
indicio de corrupción en el paso por cargos públicos de López Obrador y ello
hace suponer que el manejo de los presuntos ahorros no estará exento de ese
sello de honradez personal aunque, en otro plano, también es evidente que la
aplicación por decreto de tales economías podría servir para fines
asistenciales-electorales y para financiamiento de las obras estratégicas del
desarrollismo sexenal, sobre todo en el sur del país.
Aun cuando, como se ha dicho, las circunstancias actuales son
distintas, no está de más recordar episodios como el sucedido en 2006 y
difundido mediáticamente en 2009, con Luis Téllez como involuntario
protagonista, pues habló del tema mientras estaban grabándose sus comentarios
en un aparato ajeno al que había marcado sin darse cuenta. En esa ocasión,
Téllez, quien había sido alto funcionario con Ernesto Zedillo y con Felipe
Calderón, acusó abiertamente a Carlos Salinas de Gortari de haberse robado la
mitad de la cuenta secreta.
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