Darío Celis.
Las
reestructuras financieras de Pemex y la CFE, cuyos pasivos ascienden a 107 mil
millones y 60 mil millones de dólares, en cada caso, podrían pasar por encima
de acreedores y contratistas.
Ayer
alertamos de la reforma a la Ley de Concursos Mercantiles que los senadores
aprobaron apenas el martes, como parte de la nueva Ley Nacional de Extinción de
Dominio.
Los
legisladores del PRI, PAN y PRD no se dieron cuenta de esta bola rápida que les
lanzó el morenista Ricardo Monreal: Pemex y CFE ahora pueden declararse en
concurso mercantil.
Hasta
antes de este cambio, que pasó totalmente desapercibido, no podían ser sujetas
de concurso por ser empresas productivas del Estado que llevan a cabo un
mandato constitucional.
Los
artículos 26 y 27 de la Carta Magna definen las actividades de las firmas
dirigidas por Octavio Romero y Manuel Bartlett y su eventual liquidación
requeriría pasar por el Congreso.
Por la
opacidad con que se manejó la enmienda y su aprobación fast-track, se colige la
posibilidad de que la 4T quiere liquidar parte de Pemex y CFE para que el
gobierno reasuma esos bienes.
Bienes
que son de la nación y que a través del mismo gobierno se administren sus
activos para hacerse de mayores recursos económicos, dejando a los acreedores
la liquidación en quiebra.
Pemex y
CFE tienen subsidiarias que abonan a su abultada deuda, cuyos pasivos laborales
y financieros pueden pasar, con esta reforma, a los acreedores, léase bancos,
bonistas y proveedores.
La
inclusión de las dos grandes paraestatales a un esquema de concurso mercantil
es una señal preocupante, porque pone en duda el respeto que el gobierno de la
4T tiene de sus compromisos.
El que
ambas instituciones se declaren insolventes daría pie a fuga de capitales y
devaluación del peso, lo que no se quiere, de ahí que otra lectura sea “o
negociamos o ya puedo llevarlas a concurso”.
Es el as
bajo la manga de los directores financieros tanto de Pemex, Alberto Velázquez,
como de la CFE, José Antonio Rojas.
EN EL
PLEITO que libran los constructores de ductos con la CFE, el más comprometido
es IEnova por el monto en disputa, unos 899 millones de dólares. Las huestes de
Manuel Bartlett no renunciarán tan fácil a la reintegración de esos recursos.
Le decía que ya ficharon a un par de abogados del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM como asesores y eventuales árbitros en la demanda
interpuesta en la Corte Internacional de Arbitraje de Londres. IEnova, que
encabeza Carlos Ruiz Sacristán, contrató a Hogan Lovells, el influyente bufete
también inglés que defendió a los tenedores de bonos del fallido aeropuerto de
Texcoco. Luis Enrique Graham, todo un experto en arbitraje, lidera la defensa.
El abogado de parte de la misma compañía que dirige Tania Ortiz es el no menos
afamado Claus von Wobeser.
NO PIERDA
DE vista el nombramiento que está a punto de darse al interior del Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Se trata de la llegada de Renato Sales Heredia
a la Administración General de Evaluación, un área que estaba destinada a
fusionarse para generar ahorros. La traía Jorge Ramírez Mazlum, a la sazón
titular de la Administración General de Recursos y Servicios. Sales fue
Comisionado Nacional de Seguridad hasta noviembre del año pasado. Antes de
colaborar en el gobierno de Enrique Peña fue procurador general de Justicia de
su natal Campeche. Dicen que el puesto en el SAT le queda chico y que más bien
sería transitorio y con miras a relevar a la titular, Margarita Ríos-Farjat. No
lo descarte.
GICSA dio
de baja esta semana que hoy termina a 380 colaboradores, principalmente de las
áreas de arquitectura y construcción. Estamos hablando de aproximadamente el 20
por ciento de la plantilla de este influyente grupo desarrollador que comandan
Elías y Abraham Cababié. Es producto de la decisión de la jefa de Gobierno de
la CDMX de suspender los proyectos y someterlos a revisión, política que le
decíamos ayer podría relajar muy pronto Claudia Sheinbaum tras la comida que
sostuvo con socios de la ADI, de Enrique Téllez, hace unos días. Urge ya el
retiro del veto.
EL ESCÁNDALO
DE espionaje en el que está envuelto el BBVA en España dio un giro importante
en la semana. La Audiencia Nacional Española y el juez que investiga el caso
imputaron a varios directivos y exdirectivos de la institución que preside Carlos
Torres Vila. Uno es Javier Malagón Navas, responsable de control y finanzas.
Este hombre fungió durante cinco años como director general de Finanzas en
Bancomer, entre el 2011 y 2016. El último año en que Ignacio Deschamps comandó
el banco, los tres primeros años de Vicente Rodero y el primero de Eduardo
Osuna.
ALGO FALLÓ
EN la organización del 'informe' de los primeros siete meses de gobierno que
dio el lunes Andrés Manuel López Obrador. Y es que la primera fila reservada
para los grandes capitanes de empresas lució prácticamente vacía. Por ahí se
veían los lugares no ocupados por Roberto Hernández, Alfredo Harp, Germán
Larrea, María Asunción Aramburuzabala e incluso Daniel Chávez y Miguel Alemán
Magnani, estos dos últimos integrantes del Consejo Asesor Empresarial de AMLO.
¿Declinaron, cancelaron de última hora o no llegaron a tiempo?
MARINSA
OBTUVO LA certificación del Programa de Institucionalización y Gobierno
Corporativo para la Emisión en la Bolsa Mexicana de Valores del Bancomext. Es
el paso previo para listarse. La firma de servicios petroleros de José Luis
Zavala va a acceder al mercado de capitales. Lo asesora para tal fin EY, que
lleva Francisco Alvarez. También KPMG de Víctor Esquivel y Actinver de Héctor
Madero, que va ser su agente colocador. Ya logró una precalificación de Fitch
Ratings, de Carlos Fiorillo.
DONDE
TAMPOCO ACABAN los problemas es en el IMSS, que fue encomendado a Zoé Robledo.
Acaba de presentar su renuncia la directora de Finanzas, Gisela Morales
González. Nos dicen que tiró la toalla porque no estuvo dispuesta a seguir
solapando la ineptitud de Flavio Cienfuegos, el director de Administración.
Morales era parte del equipo de Germán Martínez, quien por diferencias con la
Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, dejó la dirección general.
NO LO
COMENTE mucho, pero el gobierno de la cuarta transformación prepara ya el golpe
final contra el todavía líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. A Palacio Nacional llegó ya un
grueso expediente del manejo de cuentas y bienes que posee el exsenador
priista. Dicen que su caso está a punto de judicializarse.
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