Martí Batres.
Uno de los
mayores contrastes entre la actual Legislatura y la anterior del Congreso de la
Unión tiene que ver con el tipo de leyes y reformas que se han aprobado.
En la
actualidad, el Poder Legislativo, particularmente el Senado de la República, se
ha dado a la tarea de restituir los derechos de la población lesionados e
incluso desconocidos por el viejo régimen.
En el caso
de las reformas de bienestar e igualdad social, está la Reforma Educativa,
acaso la más abarcadora, que elimina el sistema de evaluación punitiva y
protege los principios de universalidad, inclusividad, laicidad y gratuidad de
la educación pública. Obliga al Estado a impartir educación superior gratuita,
una demanda de los estudiantes desde la década de los 80.
Esta reforma
incorpora además de las lenguas extranjeras, la enseñanza de lenguas indígenas
y establece los principios de derechos humanos, honestidad, libertad, igualdad
de género en la impartición de la educación.
Menciona el
apoyo a normales, el derecho a la ciencia y a la tecnología; la educación
normal, el tema de la alimentación como requisito para mejor desempeño
estudiantil y la carrera magisterial.
También
tenemos la Reforma para la Representación Paritaria, Igualitaria de Mujeres y
Hombres en todos los Órganos del Estado.
Se realizó,
también, una Reforma de Cuidados Paliativos y Acceso a Medicamentos
Controlados, para la vida digna de las personas con enfermedades terminales o en
situaciones que amenazan su vida.
Asimismo, se
dio el reconocimiento de las comunidades afromexicanas en la Constitución.
Esto, luego de 500 años sin considerar que los mexicanos somos tercera parte
españoles, tercera indios y tercera africanos.
Paralelamente,
se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que empieza a reconocer
a los pueblos como sujetos de derecho.
Se aprobó la
Reforma Laboral, que establece un sistema de justicia independiente del Poder
Ejecutivo, la transparentación de los contratos colectivos, su votación por los
trabajadores y su registro, y la elección por voto personal, directo, secreto
de los dirigentes sindicales.
Asimismo, se
ratificó el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
la libertad sindical. Y se aprobó una reforma en materia de seguridad social
para las personas trabajadoras del hogar, una reforma a la Ley Federal de
Trabajadores al Servicio del Estado para establecer el principio de elección
directa y la libertad de separación o adhesión a los sindicatos.
La
reglamentación del teletrabajo o trabajo a distancia, las reformas que
autorizan a SEDATU a construir obras de infraestructura y desarrollo
urbano-social.
La
prohibición del matrimonio infantil; la seguridad social para parejas del mismo
sexo, que está pendiente de su aprobación final; se envió a la Cámara de
Diputados y la regresó con modificaciones.
Las
licencias laborales para padres y madres trabajadoras, con hijos menores de 16
años, que tengan diagnóstico de cáncer.
Se aprobó en
el Senado una reforma a la Ley General de Educación para que haya trabajadoras
y trabajadores sociales en las escuelas públicas básicas y de nivel medio
superior.
De igual
manera, reforma sobre inclusividad y accesibilidad en las escuelas.
La creación
del Banco de Bienestar Social, para llevar los servicios financieros hasta el
rincón más pobre del país.
La
aplicación del tamiz neonatal para prevención de cardiopatías congénitas.
Y, de igual
manera, el reconocimiento de los derechos de los médicos residentes a un
salario y a una defensoría jurídica adecuada.
Finalmente
el Senado aprobó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Las razones son
múltiples, entre ellas, porque incorpora un apartado laboral sobre salarios y
contratos de los trabajadores.
No obstante,
hay temas que siguen en discusión, sobre todo relacionados con el campo y con
la cultura. Sin embargo, el avance en materia social es significativo y sienta
un importante contraste por lo realizado por las anteriores Legislaturas.
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